A continuación, reproducimos el artículo escrito por Elentir y publicado en su blog Contando Estrelas sobre las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a la corrupción:
Las palabras de Cifuentes revelan hasta qué punto tenemos en España una visión sesgada de lo que es la corrupción política. Muchos compatriotas piensan que un político corrupto es aquel que se beneficia económicamente de su cargo de forma indebida. Es acertado identificar la corrupción con el enriquecimiento ilegítimo a costa del cargo, mientras no se crea que la corrupción es exclusivamente eso. La propia RAE indica así la cuarta acepción de ese término:
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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El provecho económico no es la única forma de corrupción. De hecho, creo que no es siquiera la más habitual. Hay una corrupción mucho más extendida -y más aceptada- que el lucro ilícito: el abuso de poder. La cometen políticos que se extralimitan en sus competencias y fuerzan -o incluso se saltan- las leyes para imponer su voluntad a los gobernados. Digo que es la forma de corrupción más aceptada porque algunos incluso la defienden ideológicamente.
Invasión de competencias del Estado
En Cataluña se ha visto a políticos de distintos partidos animando al gobierno autonómico a saltarse sentencias judiciales sobre la imposición del catalán, y a muchos les ha parecido algo de lo más legítimo. De igual forma, varias comunidades autónomas -entre ellas la de Madrid- han creado leyes usurpando funciones judiciales y lesionando libertades fundamentales, y la mayoría de los partidos y de los medios de comunicación no han hecho ni el más mínimo reproche hacia ello.
Cifuentes se saltó el artículo 81 de la Constitución sobre libertad de expresión con una ley que le permite multar lo que a ella le parezca un ‘discurso de odio’
Sin ir más lejos, la propia Cifuentes invadió competencias exclusivas del Estado, y en concreto del Congreso de los Diputados y de los jueces, con su ley LTGB, aprobada el año pasado. Recordemos que según el Artículo 81 de nuestra Carta Magna, para regular derechos fundamentales como la libertad de expresión son precisas leyes orgánicas que han de aprobarse por mayoría absoluta en el Congreso.
Además, la determinación de si alguien se ha extralimitado en el ejercicio de ese derecho le corresponde a un juez, no a un político. Sin embargo, Cifuentes se saltó ese precepto constitucional con una ley que le permite multar lo que a ella le parezca un «discurso de odio».
Y no ha tardado en intentar aplicar esta nueva forma de censura: en diciembre anunciaba una multa a un director de colegio por ejercer su libertad de expresión para discrepar, precisamente, de esa ley de Cifuentes; en febrero anunció sanciones contra el famoso bus de HazteOir.org por el mero hecho de afirmar una evidencia biológica: que los ninos tienen pene y las ninas tienen vulva; y a finales de abril volvía a esgrimir la censura contra HO, esta vez por un libro que critica precisamente las leyes que imponen esa censura. Hay que advertir que en ninguno de los tres casos hay sentencia judicial alguna contra los acusados. Cifuentes ejerce de jueza sin serlo.
Palabra de Lord Acton
Precisamente esta forma de corrupción es la más peligrosa. En primer lugar, como ya he apuntado, porque es la más aceptada. En los tres casos citados todos los grandes partidos (PP, Podemos, PSOE y Ciudadanos) han bendecido el atropello a las libertades fundamentales, y la mayoría de los medios de comunicación -que funcionan como meras correas de transmisión de los partidos políticos- han hecho lo mismo, criminalizando a los censurados.
La propia naturaleza del Estado del Bienestar consiste en una constante transferencia de poder de los ciudadanos hacia la clase política: los gobernantes ejercen cada vez más control sobre nosotros y pocos se quejan, porque la mayoría ve con buenos ojos la existencia de un Estado asistencialista, que nos garantiza ciertas seguridades (educación, sanidad, pensiones y subsidios) a costa de que los políticos se queden con una parte cada vez mayor de nuestros ingresos y también de nuestras libertades. Pero además, los propios políticos han creado las leyes que amparan esa forma de corrupción.
Si tras la II Guerra Mundial el mundo vio la necesidad de marcar límites al poder, el avance del marxismo cultural está rompiendo todos los diques que nos protegían de cualquier abuso
Así, es mucho más fácil meter en prisión a un político que roba que a un político que abusa de su poder. Incluso en aquellos casos en los que el Tribunal Constitucional ha declarado contrarias a Derecho ciertas leyes, eso sale totalmente gratis para los políticos que promovieron el abuso.
Precisamente por lo que acabo de señalar, no entiendo a los que se quejan de los políticos que se lucran indebidamente y, sin embargo, ven con buenos ojos que nuestros gobernantes acumulen cada vez más poder y se apropien de una porción cada vez mayor de nuestra riqueza, lo que crea cada vez más oportunidades de que un político meta la mano en las arcas públicas. Un gran pensador católico y liberal, Lord Acton (1834-1902), ya advirtió en su momento: «El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente».
La historia del siglo XX demostró hasta qué punto tenía razón, con regímenes totalitarios (comunismo, fascismo, nazismo) en los que los gobernantes ejercían un poder absoluto que acabó teniendo consecuencias monstruosas. Si después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se dio cuenta de la necesidad de marcar unos límites al ejercicio del poder, el avance del marxismo cultural en sus diversas formas -corrección política, multiculturalismo, ideología de género- está haciendo que se rompan todos los diques que nos protegían de cualquier abuso. Y sí, eso también es corrupción, señora Cifuentes.