Recep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan / EFE

Estamos pisando sobre el centenario de la Primera Guerra Mundial, que certificó la debacle del Imperio Otomano (ya evidente a mediados del XIX), y que está en el origen (1921) de la nueva Turquía. En este tránsito sentimental y de evocación histórica tiene lugar la involución autoritaria de aquél país, conducida por y para Recep Tayyip Erdogan.

El penúltimo paso en esta transición de una democracia fallida a una autocracia perfeccionada es el referéndum, cuyo resultado es favorable a Erdogan. No sabemos si ese resultado refleja el cómputo de los votos emitidos. Podría ser. Lo que no tiene credibilidad es la posibilidad de que el presidente turco hubiera constatado, y reconocido, un fracaso en su contrarreforma política.

El golpe de Estado lo dio Erdogan. El gobierno ha detenido en este tiempo a 97.000 personas, arrestado a 231 periodistas y despedido a 134.000.

El primer paso lo dio el gobierno liderado por el Partido para la Justicia y el Desarrollo cuando actuó contra un golpe de Estado del que tenemos pocas noticias y menos pruebas. Todo indica que no fue más que una excusa para adelantar el ejercicio del gobierno autoritario que quiere cristalizar en la reforma constitucional, y que utiliza ese mismo poder para que no se le escape nada en el proceso.

Hablemos claro: el golpe de Estado lo dio Erdogan. El gobierno ha detenido en este tiempo a 97.000 personas, arrestado a 231 periodistas y despedido a 134.000. Durante el despliegue de la violencia gubernamental murieron 241 personas y resultaron heridas 2.196. Es una demostración de fuerza y una advertencia para quien ose oponerse a los planes de Erdogan.

Hay que recordar brevemente cómo ha llegado Turquía aquí. En 1921 se aprobó una breve Constitución (la que recogió el principio de soberanía nacional), que fue reformada y ampliada en 1924. Esta norma fundamental, aunque reconocía al Islam como religión oficial, permitió una progresiva democratización y apertura del régimen, y se afianzó su carácter secular. La Constitución de 1961 es un antecedente de los actuales cambios, pues estuvo precedida por un golpe de Estado el año anterior. De nuevo era el Ejército tomando las riendas del régimen, para reforzar el carácter democrático, nacionalista y secular de Turquía. En 1970, el Ejército realizó un pronunciamiento, más que un golpe de Estado, pero volvió a asumir el poder diez años más tarde, en 1980. Durante el trienio que estuvo gobernando la junta militar, se acuñó la Constitución de 1982, que es la actual. Es la Constitución que ha conducido al país a acercarse a la Unión Europea.

El Ejército es el guardián del carácter secular de Turquía, y la “sociedad civil” que dice representar Erdogan es islamista

¿Qué cambios quiere imponer Erdogan? ¿Qué hay de fondo? El objetivo declarado del PJD es hacer la primera reforma surgida de la iniciativa civil y en clara oposición política al Ejército, y a su influencia en la política. Estas palabras nos suenan bien, a la vista de la historia política en España e Hispanoamérica, pero su significado allí es distinto: El Ejército es el guardián del carácter secular de Turquía, y la “sociedad civil” que dice representar Erdogan es islamista.

Bajo la Constitución de 2017, cuando entre en vigor, el Parlamento tendrá mucho menos poder para controlar al Ejecutivo. El presidente podrá tener lazos con un partido, con lo que se acaba con la pretensión, ficticia pero beneficiosa, de que el presidente defiende de forma imparcial los intereses de los turcos. Y las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo se hacen más brumosas.

El presidente, por ejemplo, podrá gobernar por decreto. El presidente asume poderes que antes pertenecían al primer ministro, en un nuevo movimiento para sacar el control del poder del ámbito del Parlamento. Entre los poderes que ahora asumirá el presidente están los relacionados con la seguridad nacional. Como será el propio presidente quien diga qué entra y qué no en ese ámbito, virtualmente tendrá un poder ilimitado. También podrá declarar el Estado de emergencia cuando lo considere oportuno.

En la cúspide del poder judicial está el Consejo de Jueces y Fiscales. En la actualidad tiene 22 miembros. El presidente elige tres, siete el Parlamento, otros siete los jueces y fiscales, y tres son elegidos. A esos veinte se suman el ministro de Justicia y el secretario de Estado de Justicia. Con la nueva Constitución, el Consejo pasará a tener sólo 13 miembros, cuatro de los cuales los elige directamente el presidente. El presidente nombra, además, al ministro de Justicia y al secretario de Estado, con lo que tiene ya en su mano directamente 6 de los 13 miembros. Con que uno de los otros 7 que nombra el Parlamento sea de su cuerda, ya tiene control absoluto sobre el gobierno de los jueces. Queda el arbitrio del Tribunal Constitucional, pero en la nueva norma fundamental este tribunal pierde la facultad de decidir si hay conflicto entre las leyes del presidente y las actuales.

Hay una línea que une el nacionalismo de Kemal Ataturk con la proclamación de la soberanía nacional, y ésta con la apuesta por la democracia y por tener un Estado secular. Y hay otra línea que añora el Imperio Otomano, que es islamista y recela de la democracia. Son dos serpientes entrelazadas en la historia turca, de las cuales una está ahora asomando la cabeza sobre la otra. Ello tiene implicaciones internas, pero las tendrá también consecuencias en política exterior. Por ejemplo, Erdogan ve su futuro régimen, un nuevo Imperio Otomano, en un plano de igualdad con Rusia en la zona. Y querrá conducirse, ya lo hace, con criterios que no son necesariamente los de la OTAN. Lo cual no le asegura ningún éxito: Ha transigido con el ISIS en un primer momento, pero se ha visto obligado a recular y ahora es el ISIS el que amenaza a Turquía.

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José Carlos Rodríguez es periodista. Forma parte del equipo de ProducciONE, pero en otra vida ha sido redactor jefe de Internacional de La Gaceta, y ha trabajado en la prensa digital en medios como Factual.es, elimparcial.es y libertaddigital.com. También ha colaborado con el semanario Alba, Expresión Económica, La Ilustración Liberal, La Gaceta de los Negocios o la agencia APIE, entre otros.