La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero y la vicepresidenta, Fernández de la Vega, cuando se aprobó la Ley contra la Violencia de Género / Actuall

La Ley de Violencia de Género se basó en un axioma falso: que la mujer era víctima por el mero hecho de ser mujer y el varón culpable por el mero hecho de ser varón.

El problema es que los datos eran los que eran y no había base estadística que justificara una ley de violencia de género. Así que se falseó la estadística: no dejes que la realidad te estropee una buena ley.

Actuall depende del apoyo de lectores como tú para seguir defendiendo la cultura de la vida, la familia y las libertades.

Haz un donativo ahora

Y como la cifra real de víctimas no correspondía a ese esquema (había casi empate técnico de muertes masculinas y femeninas en el ámbito doméstico) se falsearon las cifras y se amañaron las estadísticas, eliminando las muertes de menores, ancianos y hombres, de suerte que apareciera únicamente la mujer.

Era preciso justificar que se iba a hacer una Ley de Violencia de Género y, sobre todo, era preciso justificar el maná de la Unión Europea del que se iban a beneficiar consejerías, expertos, psicólogos sociales, despachos de abogados y asociaciones feministas.

España iba a recibir decenas de miles de millones de los fondos europeos para políticas de Género

España iba a recibir decenas de miles de millones de los fondos europeos para políticas de Género y para ello había que demostrar que la mujer era la víctima y el varón el verdugo. Si no, no había dinero. Nada menos que 24.000 millones de euros, hasta el año 2012.

Todo empezó en 2000, cuando el Gobierno español (con Aznar en el poder), espoleado por el PSOE y las asociaciones feministas decide aplicar las políticas del feminismo de género emanadas de la Conferencia de Pekín (1995).

Pero difícilmente se podían aplicar esas políticas (y su correspondiente dotación económica procedente de Bruselas) si el número de víctimas femeninas era sólo ligeramente superior al de masculinas.

¿Género? ¿qué género, si los datos de violencia doméstica que manejaba el Consejo General del Poder Judicial era de un 40% de muertes masculinas y un 60% de muertes femeninas (lo que con una poblacion de 43 millones supone rozar el empate técnico, en términos estadísticos)?

Basta analizar la serie histórica 1995-2004 del anuario estadístico del Ministerio de Interior (Policía, Guardia Civil) para concluir lo mismo que los datos del Observatorio contra la violencia doméstica del Consejo de Poder Judicial, es decir que el número de muertes en violencia doméstica o intrafamiliar se repartía establemente 40% hombre/60% mujeres.

Así funciona el entramado de las subvenciones e intereses comunes sobre la Ley de Violencia de género / Actuall
Así funciona el entramado de las subvenciones e intereses comunes sobre la Ley de Violencia de género / Actuall

¿Solución? Se eliminó la variable hombre en las estadísticas de violencia doméstica del Consejo así como de las organizaciones que comenzaron a trabajar con fondos públicos al dictado del feminismo de género.

Así el prestigioso Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud sólo trabajó sobre la variable mujer por indicación expresa del Consejo del Poder Judicial eliminando la variable hombre en sus estadísticas.

Se daba de esta forma el salto de “violencia doméstica” -es decir la que abarca a todos los miembros del grupo familiar, independientemente de su sexo- a la “violencia de género” que sólo contempla una realidad: la mujer como víctima.

¿Y si hay hombres asesinados? No hay problema, se elude el dato y asunto concluido.

Actuall ha tenido acceso a un documento que lo prueba de forma inapelable. La respuesta que el Centro Reina Sofía dio a un padre separado, Isidro Fresneda, cuando éste solicitó información sobre muertes de hombres en el ámbito familiar.

“Le informamos que nuestras gestiones con el Poder Judicial, de momento, se van a seguir centrando en homicidios de mujeres”.

Lo han leído bien, cita al Poder Judicial, es decir siguiendo instrucciones del órgano de gobierno de los jueces, el Reina Sofía no ofrece datos de varones muertos. Estadísticamente no existen….

Pero no termina aquí la cosa. ¿Qué pasa cuando es una fémina la que asesina a otra? Tampoco interesa –en ese caso- que aparezca como autora, y por lo tanto se elimina la variable mujer. De acuerdo con los postulados de Género, la mujer jamás puede aparecer como homicida, sólo y exclusivamente como víctima.

Pero no bastaba con eso. Era preciso demostrar que la mujer en España era maltratada por el mero hecho de serlo. Y a falta de datos objetivos, se recurrió a un procedimiento tan manipulable como es una encuesta. Porque dependiendo de la muestra que se escoja y de las preguntas que se hagan la encuesta puede tener un sesgo u otro.

Se elaboró una encuesta en la que contestar que el varón no valora su trabajo “ a veces” ya era considerado maltrato técnico

El objetivo era presentar al Congreso una cifra: dos millones de mujeres maltratadas. Y para hacer cuadrar la realidad con esa cifra, nada mejor que:

  • Hacer una encuesta telefónica. Más fácil de manipular que una encuesta presencial, donde caben los matices.
  • Preguntar exclusivamente a mujeres (eliminándose la variable hombre en los casos de violencia doméstica).
  • Recoger percepciones, no hechos objetivos u objetivables.

Y lo más importante de todo, considerar “maltrato técnico” a respuestas vagas, ambiguas e imprecisas.

Por ejemplo, cuando se preguntaba si su pareja (masculina) “No valora el trabajo que realiza”… O “no tiene en cuenta las necesidades de usted”….o “Le dice que a dónde va a ir sin ella”. Sólo con contestar “a veces” o “frecuentemente” ya se consideró maltrato técnico. Lo cual carece de rigor.

En primer lugar porque “no valorar el trabajo” o “no tener en cuentas las necesidades” es excesivamente inconcreto. ¿A qué necesidades se refiere en concreto? ¿Cómo se puede deducir de eso, de forma automática, que hay maltrato? Depende.

Y en segundo lugar porque se entiende por maltrato, ejercer “violencia física o psíquica de modo continuado” (Diccionario panhispánico de dudas). ¿Se puede llamar violencia psíquica “no valorar el trabajo”? Y se puede considerar “violencia de modo continuado” la imprecisa respuesta de “a veces”.

De esa forma, tan escasamente científica y tan manipuladora, el Instituto de la Mujer elaboró en 2.000 una macroencuesta y la llevó a término. La macroencuesta se convertía en el instrumento de una profecía autocumplida: predicción que una vez hecha, es en sí misma la causa de que se haga realidad.

Pero la chapuza no resistía el menor filtro y así lo expresó el Informe Iceberg (elaborado por un grupo de trabajo independiente), que la analiza metodológicamente y presenta sus conclusiones en el Senado en junio de 2001 (Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer).

Concluye que la Macroencuesta no cumple el mínimo rigor metodológico, comparativamente a los estudios realizados por países como EE.UU. Francia y Alemania como son los informes Dunedin, Fiebert, el Informe 111 sobre violencia bidireccional o el Informe longitudinal Murray Straus.

Sin embargo, el CGPJ usó la macroencuesta como herramienta para cambiar el concepto de violencia doméstica a violencia de género y eliminar de las estadísticas la variable “hombre”.

En lugar de acudir al anuario estadístico de la Guardia Civil o la Policía (que hablaban de unas 50.000 denuncias anules por maltrato), el Poder Judicial aceptó como dato científico la cifra de los 2 millones de mujeres maltratadas, y justificar así la elaboración de una Ley de Violencia de Género.

Sobre tan poco científicos presupuestos se creó en 2002 el Observatorio para la Violencia Doméstica (mediante un convenio entre el Consejo del Poder Judicial y los ministerios de Justicia y Asuntos Sociales).

El documento donde explica los objetivos asume las tesis de la Ideología de Género, al decir que, en su mayor proporción, “la violencia en el ámbito familiar (…) constituye violencia de género, es decir contra las mujeres, que se asienta en la profunda desigualdad de los seres humanos”.

El objetivo no era otro que generar alarma social; y en base a ello canalizar a través de estructuras clientelares, la ingente cantidad de recursos públicos que asociaciones vinculadas a PP y PSOE canalizarían a lo lardo de los años.

Y a ello se prestaron, el órgano de gobierno de los jueces y el Instituto de la Mujer. Hablamos de los gobiernos de derecha, presididos por Aznar (2000-2004) que sentaron las bases para la famosa ley que, posteriormente, aprobó el Gobierno socialista de Zapatero  (2004).

Una de las directoras del Instituto de la Mujer, Miriam Tey, reconoció que después de dejar el cargo se manipularon las estadísticas para continuar la alarma social

No lo decimos nosotros. Lo reconocía una de las directoras del Instituto de la Mujer, Miriam Tey, en unas jornadas sobre la Modificación de la Ley de Divorcio y Custodia Compartida, celebradas en 2004 por el Colegio de Psicólogos de Madrid, cuando ella ya había dejado el cargo.

En declaraciones grabados en video dijo que las cifras sobre violencia doméstica fueron manipuladas justamente cuando ella dejó de ser directora del instituto, modificando las variables estadísticas. Así, grupos que no eran considerados como relación sentimental rápidamente se incorporaron en el periodo electoral como agresores en violencia doméstica para continuar con la alarma social e incrementar en número de muertes.

El resto ya es historia. El 87’7% de las denuncias por violencia de género no acaban en condena, pero por el mero hecho de presentar la denuncia, el varón puede ser detenido, expulsado de su casa e inhabilitado para la custodia compartida, en tanto que la mujer tiene derecho a asistencia social integral, ventajas laborales y a percibir ayudas económicas.

Y quienes se benefician del entramado de denuncias falsas son distintas  asociaciones feministas.

En concreto, y según publicó Actuall, cuatro federaciones feministas acaparan dinero de los fondos europeos. Se trata de la Fundacion Mujeres, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas; la Federación de Mujeres Progresistas y la Asociación de Juristas Themis.

Cuatro federaciones feministas fuertemente vinculadas al PSOE que acaparan a través de miles de asociaciones todas las líneas de trabajo del Plan estratégico contra la violencia contra la mujer y, en consecuencia, los fondos europeos destinados a erradicar esta lacra.

La ley que Zapatero vendió como un instrumento para “derrotar el machismo criminal” ha resultado ser ineficaz (porque no desciende la cifra de mujeres asesinadas) y además injusta (porque criminaliza al varón por el mero hecho de serlo).

Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid / EFE
Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid / EFE

Semejante despropósito e injusticia los vio tempranamente el socialista Joaquín Leguina, que lo denunció en una tribuna de El País en 2004, cuando se aprobó la Ley de Violencia de Género.

En el artículo, Igualdad, paridad y violencia señalaba que se manejaba como “verdad revelada” que “la violencia de género es unidireccional, de hombres contra mujeres y nunca al revés”.

Y advertía que esa “verdad revelada” no resiste los resultados de los análisis más solventes. Ponía el ejemplo de las encuestas sobre violencia intrafamiliar realizadas en EEUU. “En los casos de violencia severa, básicamente física, el 35% se atribuyen al hombre, el 30% a las mujeres y el 35% restante a ambos. Cuando se analiza el conjunto de los casos de violencia, incluida la emocional, la doble participación (hombre y mujer) se acerca al 50% de los casos”.

Y no sólo Leguina. Ciento ochenta penalistas de sesgo progresista (jueces, fiscales, catedráticos y especialistas en Derecho Penal), integrados en el llamado Grupo Política Criminal hicieron público un manifiesto aquel mismo año (2004), en el que criticaban duramente el proyecto de ley, advirtiendo que sería ineficaz y que “defraudará a las víctimas”. 

Ciento ochenta penalistas advirtieron que la ley sería un fracaso y que la protección hacia la mujer se debe a la mayor vulnerabilidad de esas personas y no al mero hecho de pertenecer a un determinado género

Partían de la base de que era preciso resolver “la lacra social” de la violencia doméstica. Pero criticaban la “discriminación positiva” a favor de la mujer, por el mero hecho de serlo, que “no encuentra fácil acomodo dentro de los fines propios del Derecho Penal”.

Expresaban el temor de que la Ley de Violencia de Género pudiera transformar en delito actuales faltas de coacciones y amenazas leves cuando son cometidas por hombres y la víctima es mujer.

Y añadían que “la ley penal debe dejar claro que la protección reforzada [a la mujer] se debe a la mayor vulnerabilidad de esas personas y no al mero hecho de pertenecer a un determinado género”.

En suma, los penalistas advertían del fracaso al que estaba abocada la ley, al hacerla gravitar sobre la teoría de género. El Gobierno de Zapatero tenía pues elementos de juicio de sobra que desaconsejaban aprobarla. Pero a pesar de todo siguió adelante, desestimando las opiniones de los expertos.

En España importaba falsear datos y engordar estadísticas porque, como hemos visto, había mucho dinero en juego. 

También te puede interesar:

Encuentro Actuall / El exjuez Serrano: “La ideología de género es una trama bien organizada”

 

 

 

 

Comentarios

Comentarios

Compartir
Castellano de la Mancha, estudió Letras y Ciencias Políticas, pero se gana la vida como periodista, escritor, gastrónomo y espectador del paisaje y del paisanaje. Colaborador de Actuall.