Diferentes entidades se alían para denunciar la discriminación del español.

Cada vez son más frecuentes los casos de discriminación y las normativas autonómicas que pretender eliminar el castellano de los centros de enseñanza, de las administraciones, así como de su uso social.

La censura del idioma se ha extendido por todas las comunidades bilingües, lo que ha provocado que 12 asociaciones hayan sumado esfuerzos para denunciar la hostilidad de las autoridades contra el español y las discriminaciones por emplearlo en el territorio nacional.

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Para combatir esto, diferentes entidades han presentado este lunes en la Casa Árabe de Madrid un manifiesto “por la igualdad de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en toda España”.

Tras él se encuentran Impulso Ciudadano (Cataluña), Galicia Bilingüe, Fundacion Círculo Balear, Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística del País Vasco, Sociedad Civil Navarra, Círculo Cívico Valenciano, Asociación Lengua Común (Aragón), Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña, Asamblea por la Escuela Trilingüe en Baleares, Escuelas Infantiles de Pamplona, Defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana y la Asociación por la Tolerancia (Cataluña).

Uno de los principales promotores del manifiesto y presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, ha subrayado que “el objetivo principal de esta iniciativa es reivindicar el concepto de comunidad catellanohablante como sujeto de derechos lingüísticos para sus integrantes”.

La plataforma Castellanohablantes, que ha sido presentada hoy al público, tiene como reto reunirse con los diferentes partidos políticos y coaliciones que concurren a las elecciones del próximo 26 de Junio para pedirles que “adquieran un compromiso a favor de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes, en aras de la cohesión social en todo el territorio nacional”.

En este sentido, han reivindicado varias cuestiones: “El derecho a recibir la enseñanza en castellano; a dirigirnos en castellano a cualquier Administración Pública, y a ser atendidos en nuestro idioma sin demora y sin obligaciones añadidas; a disponer en castellano de impresos oficiales, información y rotulación pública, así como de las indicaciones escritas en la señalización viaria; el reconocimiento de la oficialidad plena del castellano en la redacción de cualquier documento público”.

Además, han exigido “el derecho de las empresas privadas a establecer el castellano como lengua de trabajo y a relacionarse y comunicarse con sus clientes en este idioma; el derecho a desarrollar actividades culturales y a disponer de servicios culturales en castellano”. Al mismo tiempo, han reclamado “una presencia equilibrada de nuestro idioma en los medios públicos de comunicación”.

Para dar fe de ello, en el acto de presentación se han relatado varios testimonios sobre la problemática general que se advierte en varios territorios como País Vasco, Navarra, Valencia y Cataluña.

En este contexto, muchas familias han aprovechado para denunciar las presiones políticas y sociales que sufren a diario por reivindicar la educación en castellano para sus  hijos.

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Natural de Talavera de la Reina. Graduada en Periodismo y Titulada Superior en Edición en Medios Digitales por el Centro Universitario Villanueva. Sus primeros pasos en el mundo del periodismo fueron en Europa Press, RNE, Castilla-La Mancha TV e Intereconomía TV.