En su objetivo por introducir la ideología de género en todos los ámbitos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha ido más allá de los colegios y de la política. Y, es que, ha entregado también el control urbanístico al lobby LGTB.
Así el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha echado para atrás el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Boadilla del Monte por no tener un informe de impacto “de género” por parte de la Comunidad de Madrid. Con esta decisión, todos los planes sin perspectiva de género, incluso al margen de la fecha de aprobación, podrán ser recurridos ante la Justicia.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEn este sentido, el desarrollo de 26.000 viviendas en Boadilla del Monte queda paralizado hasta que el Ayuntamiento de esta localidad madrileña haga las respectivas alegaciones, por no haber incluido este estudio que es obligatorio desde que Cristina Cifuentes aprobase de las leyes sobre identidad de género.
La ideología de género en urbanismo amparada por dos leyes
Por un lado, la ley de Protección contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual establece que “todas las disposiciones legales o reglamentarias de la Comunidad de Madrid deberán contar con carácter preceptivo con un informe sobre impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género”.
Los alcaldes aseguran que no sabían que debían incluir estos “impactos de género” y que ignoran también el contenido que deben tener
Mientras que la ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, sostiene que «las normas y resoluciones de la Comunidad de Madrid incorporarán la evaluación del impacto sobre identidad de género en el desarrollo de sus competencias, para garantizar la integración del principio de igualdad y no discriminación por razón de identidad de género o expresión de género».
Tras conocer la sentencia del Tribunal, el diario La Gaceta, se ha puesto en contacto con algunos alcaldes de localidades de Madrid que tienen todavía pendientes de aprobación los planes urbanísticos de sus municipios y han asegurado que no sabían que debían incluir estos “impactos de género” y que, además, ignoran también el contenido que deben tener.
Andalucía, comunidad pionera
La elaboración de estos informes “de género” comenzaron en Andalucía donde varios municipios estuvieron afectados por la paralización de sus planes de urbanismos. El motivo fue la aplicación de la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres aprobada por el equipo de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.
Por lo tanto, los únicos casos que se han dado en España respecto a la elaboración de informes urbanísticos con perspectiva de género no introducen el análisis LGTB. Torremolinos fue el primer municipio de España en introducirlo y poco después le siguieron otros.
El informe culpa al urbanismo tradicional de ser responsable de perjudicar a las mujeres
Hace un año, además, la Junta de Andalucía publicó un informe titulado ‘Urbanismo con perspectiva de género’, con el que pretenden responder a “nuevas necesidades sociales de poblaciones diversas”. Parten para ello de la base de que “la calidad de vida no es la misma para todos”.
Este informe, elaborado por los miembros de Likadi y la autora, Inés Sánchez de Madariaga, culpa al urbanismo tradicional de ser responsable de perjudicar a las mujeres del “modo en que llevan a cabo sus múltiples responsabilidades en la esfera pública”.
Este informe no está adaptado a la normativa impuesta en la Comunidad de Madrid tras la aprobación de las leyes de ideología de género de Cifuentes. Sin embargo, el primer paso ya está dado, por un lado, todos los PGOU de los municipios deberán contar con el estudio preceptivo correspondiente. Y, por el otro, se trata de una norma retroactiva. Lo que quiere decir que tendrá que haber organizaciones encargadas de llevar a cabo estos informes.
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