El pasado 26 de julio el Gobierno y la guerrilla de las FARC anunciaron un acuerdo para el fin del conflicto y la entrega de armas, cosa que causó gran revuelo en el país ante la posibilidad de una firma final.
Sin embargo, quienes se oponen a la forma en la que se ha llevado el proceso y a los acuerdos aseguran que una firma final en las actuales condiciones no traerá paz sino nuevas violencias, ventajas para criminales y violaciones constitucionales.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEn unas negociaciones que llevan poco más de tres años y cuya máxima es “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, son más las incertidumbres que las certezas.
Incluso, parece por momentos que lo acordado deja de serlo pues más de una vez el Gobierno ha hecho anuncios y las FARC han salido a desmentirlos asegurando que “todavía falta pelo pa’l moño”.
Los puntos negros del proceso son cuatro: entrega de rutas de narcotráfico, entrega de armas, reparación a las víctimas y participación en política de los criminales.
1. Entrega de rutas del narcotráfico
Las FARC es uno de los grupos ilegales que más dinero mueven a través del narcotráfico, especialmente por la producción y venta de la cocaína. Gran parte de sus recursos proviene de este ilícito y por lo tanto terminar con este flagelo es fundamental para la paz.
El 16 de mayo de 2014, FARC y Gobierno llegaron al primer acuerdo sobre el punto de drogas.
Allí, se acordó que la primera opción para acabar con los cultivos ilícitos será la erradicación voluntaria, luego la erradicación manual forzosa y, como última instancia, la fumigación. Las FARC se comprometieron a poner fin a cualquier relación «que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno (el narcotráfico)”.
-Además, deberán esclarecer su relación entre el conflicto y los cultivos ilícitos, la producción y comercialización de las drogas ilegales y el lavado de activos. De no hacerlo, podrían terminar por fuera de las penas especiales y en la cárcel.
Sin embargo, para el procurador Alejandro Ordóñez, ya alertó en 2014 que este acuerdo “da la impresión de convertirse, más bien, en una gigantesca operación de lavado de activos, en la que millones de dólares quedarán legalizados”.
Desde que se iniciaron las negociaciones de paz han aumentado las hectáreas de droga cultivadas de 48.000 en 2013 a 200.000 en 2015
También aseguraba «que no hay un compromiso real para entregar los dineros producto del narcotráfico, de sus bienes, de los miles de hectáreas y de sus inversiones financieras».
De hecho, desde que se iniciaron las negociaciones de paz han aumentado las hectáreas de droga cultivadas de 48.000 en 2013 a 200.000 en 2015. Ante los informes de organismos nacionales y nacionales que alertan del fenómeno, le respuesta del ministro de Defensa ha sido culpar a las condiciones climáticas por la rápida propagación de las plantas.
Para la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, es grave el hecho de que sólo podrá hacerse erradicación manual, voluntaria, con consentimiento de las comunidades. “Esto es casi imposible cuando las propias FARC han obligado a los campesinos a cultivar”, asegura a Actuall.
Además, resalta que “se convierte al narcotráfico en delito conexo al delito político, debilitando las herramientas para combatirlo y eliminando la posibilidad de la extradición”.
2. Reparación a las víctimas
En Colombia se estima que al menos seis millones de personas han sido víctimas del conflicto armado, que se ha alargado casi 40 años. Entre las cifras analizadas por la Unidad de Víctimas aparecen más de 130.000 amenazados, más de 90.000 desaparecidos, cerca de 75.000 personas que perdieron algún bien, casi 55.000 víctimas de algún acto de terrorismo, más de 21.000 secuestrados, cerca de 95.000 homicidios, más de 540.000 personas afectadas por el asesinato de un ser querido, 10.500 víctimas de minas antipersonas, casi 7.000 de reclutamiento forzado de ninos, 6.500 casos de tortura y 4.000 casos de violencia sexual, entre otros.
Como parte del acuerdo relativo a las víctimas entre el Gobierno de Colombia y las FARC, se acordó el marco de la justicia transicional. En él, los guerrilleros no pagarán sus penas en la cárcel mientras acepten sus delitos y colaboren con la justicia, pero sí tendrán restricciones a la libertad.
En concreto tendrán restringida la libertad domiciliaria, por lo que tendrán que dormir de forma obligatoria en un sitio específico; libertad laboral, dado que tendrán que hacer unos trabajos de reparación específica; y libertad geográfica, ya que sus movimientos estarán limitados a un perímetro específico del que no podrán salir.
«Las FARC no ha dado ninguna muestra de arrepentimiento o de querer reparar a las víctimas», explica a Actuall la senadora Holguín
Además, habrá un Tribunal Especial para la Paz , conformado con jueces nacionales e internacionales que deberán evaluar todas las acciones realizadas por cualquier actor. Cuando los responsables no reconozcan los hechos o cuando lo hagan tardíamente “se incluirán privaciones efectivas de la libertad como cárcel o prisión y/o cualquier medida de aseguramiento”, por hasta 20 años.
Sin embargo, el acuerdo deja más dudas que claridades ante las acciones que se harán en favor de las víctimas.
Para la senadora Holguín, hasta ahora las FARC no ha dado ninguna muestra de arrepentimiento o de querer reparar a las víctimas. “Han repetido hasta el cansancio que el principal victimario es el Estado y han tratado de desdibujar su responsabilidad sobre múltiples crímenes, señalando en algunos casos que ellos son las víctimas”, dijo a Actuall.
Adicionalmente, se critica que no van a entregar sus recursos para reparación por lo que “seremos víctimas reparando víctimas, los colombianos de bien, vía impuestos, encargados de financiar la reparación”.
Además, la senadora asegura que hay dudas sobre el derecho que tienen las víctimas a la verdad porque “las Farc negociaron el sistema de justicia al que se someterán e indirectamente estarán eligiendo a sus jueces,” y no se ha garantizado la no repetición ya que “hay impunidad y elegibilidad para los criminales”.
no hay claridad de cuántas ni de cuáles son todas las armas que tiene dicha guerrilla
3. Entrega de las armas y zonas de concentración
Este es uno de los puntos más espinosos del proceso. Lo acordado el pasado 23 de junio da a entender que las FARC harán una “dejación”, no entrega, de armas. Tendrán hasta 180 días después de la firma final para hacerlo en 23 zonas preseleccionadas en el país, donde no podrá haber presencia de civiles ni de Fuerza Pública.
Dichas armas serán recolectadas por Naciones Unidas y fundidas para hacer tres monumentos en países diferentes.
Sin embargo, no hay claridad de cuántas ni de cuáles son todas las armas que tiene dicha guerrilla, por lo que es casi imposible saber con certeza si habrá una entrega total. Para muchos, el tiempo que se le da a las FARC es suficiente para esconder las armas nuevas y entregar solo las viejas o incluso revenderlas a otros grupos ilegales como el ELN.
Igualmente, se ha cuestionado las zonas de concentración donde se ubicará la guerrilla. Las 23 áreas seleccionadas se encuentran en lugares de cultivos de drogas, minería ilegal, frontera o donde tradicionalmente las FARC han amedrentado al pueblo. En muchos de los municipios hay poblacion que tendrá que ser desplazada.
Los frentes 1 y 7 han anunciado que no entregarán las armas ni se desmovilizarán e incluso invitaron a otros frentes a mantener la lucha armada
Se teme que dichos territorios se conviertan en “pequeños estados” guerrilleros donde ésta organización se fortalezca, como sucedió en el pasado con la zona de despeje de El Caguán.
De hecho, en un video filtrado por las FARC se evidencia que la pedagogía que se da a las tropas sobre esta desmovilización va más encaminada a lo segundo que a lo primero. además de que sostienen que «las armas las vamos a tener hasta que se cumpla lo pactado».
“Es difícil creer que la organización narcoterrorista entregará las armas cuando a lo largo del proceso han hablado de dejación y no de entrega, cuando en los últimos años han incrementado la adquisición de material bélico que ha ingresado por Ecuador y Venezuela”, cuestiona Holguín.
Tras el anuncio del Gobierno y las FARC, los frentes 1 y 7 han anunciado que no entregarán las armas ni se desmovilizarán e incluso invitaron a otros frentes a mantener la lucha armada por el pueblo.
El frente 1 ‘Armando Ríos’ fue el que tuvo secuestrada a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, a tres contratistas estadounidenses y a varios efectivos de las Fuerzas Militares que fueron rescatados sanos y salvo por el Ejército en una operación sin realizar un disparo en julio del 2008.
El Frente 7 de las Farc ‘Jacobo Prias Alape’ tiene como zona de influencia los departamentos del Meta y Guaviare , al suroriente del país; se calcula que está compuesto por cerca de 300 integrantes, entre milicianos y guerrilleros.
“La situación es aún más grave si se tiene en cuenta que el propio Gobierno calcula en cerca de 8.000 los milicianos de las FARC y que conforme al texto del Acuerdo presentado el 23 de junio de 2016, estos no se concentrarán en las zonas de ubicación para desmovilizarse. Es decir, más del 50% de las FARC no se desmovilizaría”, según aseguró la Procuraduría (Fiscalía) General de la Nación en un comunicado tras conocerse la decisión.
Ante la situación, un delegado de las FARC viajará a Colombia para convencer a los frentes. Si no ceden, serán expulsados de la organización guerrillera.
4. Participación en política
La Constitución Política de Colombia prohibe que quienes hayan sido condenados hagan política, salvo que la condena sea por delitos políticos, por ejemplo, rebelión o asonada.
“Sin embargo, hoy preocupa que el acuerdo abra la posibilidad para que todos los criminales de las FARC, incluso quienes cometieron delitos atroces y de lesa humanidad puedan hacer política”, denuncia la senadora Holguín.
El Gobierno tendría la intención de dar a la guerrilla escaños directos en el Congreso y el Senado, lo que ha generado resquemor en el país
“Poner bombas, traficar drogas, reclutar forzosamente ninos, no son delitos políticos, así se cometan aduciendo razones políticas y permitir que quienes cometieron este tipo de crímenes participen en política lleva a debilitar la institucionalidad y la democracia”, añade la representante colombiana.
Aunque en este punto aún hay mucho sin acordar, El Gobierno tendría la intención de dar a la guerrilla escaños directos en el Congreso y el Senado, lo que ha generado resquemor en el país.
Otros puntos sobre los que no hay claridad en el acuerdo son la refrendación de los acuerdos, que se daría inicialmente por medio de un plebiscito con una única pregunta, e incluso las modificaciones constitucionales que se han dado para hacer de los acuerdos normas supraconstitucionales. Esto ha hecho que incluso quienes tradicionalmente han defendido los acuerdos, como la senadora del Partido Verde Claudia López, eleven su voz de crítica contra el proceso.
Paz no es desconocer ciudadanos e instituciones sino incorporarse/acogerse a ellas y respetarlas! #ColombiaSeRespeta pic.twitter.com/HnFApZtCOh
— Claudia López (@ClaudiaLopez) May 13, 2016