La vicepresidenta de la Generalidad valenciana, Mónica Oltra, y el cardenal Antonio Cañizares.
La vicepresidenta de la Generalidad valenciana, Mónica Oltra, y el cardenal Antonio Cañizares.

El director general de la Agencia valenciana de Igualdad en la Diversidad del gobierno valenciano, José de Lamo, ha amenazado con excluir a los colegios concertados de ideario católico de cualquier ayuda pública si se niegan a aplicar la ley de transexualidad escolar que está en tramitación.

Lamo aseguró al diario Levante, ante la denuncia de dicha ley realizada por el cardenal de la archidiócesis valenciana, Antonio Cañizares, que “cuando se apruebe la ley todos los centros educativos, concertados o privados estarán obligados a cumplir la norma. Si no, evidentemente, se sancionará al centro”.

El proyecto de Ley Integral del Reconocimiento del Derecho a la Identidad y Expresión de Género, prevé multas de hasta 45.000 euros en caso de infracción muy grave y “sanciones accesorias” que pueden llegar a la exclusión de cualquier ayuda pública durante tres años o a la prohibición de contratar con la Generalidad valenciana.

Ignora al Consejo Jurídico Consultivo

Se da la circunstancia de que el ejecutivo valenciano ha hecho caso omiso del informe librado por el Consejo Jurídico Consultivo sobre el proyecto de ley que considera “esencial” que se preserve la autonomía de los centros educativos de titularidad privada, amenazada por algunos de los preceptos previstos en la norma.

El proyecto de ley que está en tramitación está basado en el Protocolo de acompañamiento para garantizar el derecho a la identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad que ya se aplica en los colegios públicos de la comunidad levantina.

Dicho protocolo obliga a dejar a los chicos llevar faldas y utillizar los baños de chicas si dicen sentirse transexuales, así como a modificar toda la documentación administrativa con el nombre que se elija.

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