La argentina Elsa Saint Girons sotiene a su hija gestada por un vientre de alquiler en la India en 2012 / Facebook
La argentina Elsa Saint Girons sotiene a su hija gestada por un vientre de alquiler en la India en 2012 / Facebook

El Gobierno de la India anunció a finales de octubre que la posibilidad de tener hijos a través del alquiler de vientres quedaba «limitada sólo a matrimonios indios estériles y no a extranjeros».

Por este motivo, y ante la caída de ingresos, la industria de la maternidad subrogada se ha fijado en países con una legislación menos resctrictiva, como Camboya.

Algunas personas creen que La Sexta da información.

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Así lo decidió el Tribunal Supremo al considerar una iniciativa legislativa popular que reclamaba la limitación de esta práctica porque «la imagen que se tiene de la India es de ser una fábrica de bebés».

Esta percepción está reforzada por el hecho de que el sector sanitario indio creece a un ritmo del 20 % en los últimos años debido, en buena medida, a la millonaria facturación de la industria de los vientres de alquiler, que el propio Gobierno del país estima entre 150 y 400 millones de dólares al año. 

La gestación subrogada está legalizada en la India desde 2002 y casi de manera inmediata se convirtió en un hábito comercial. Numerosas clínicas ofrecían a mujeres que se convirtieran en madres de alquiler. Los requisitos: tener entre 21 y 35 años, haber concebido al menos un hijo propio y contar con la aprobación de su marido o familia cercana.

Un negocio de 2.000 ninos al año

Antes de la prohibición de que los extranjeros puedan contratar a mujeres indias como madres de alquiler, los solicitantes de otros países suponían el 75% de los encargos. Esto se traducía en el nacimiento de unos 2.000 ninos a través de la maternidad subrogada.

Las pérdidas económicas debidas a esta modificación legal han hecho que se traslade el mercado de vientres de alquiler a Camboya, un país donde las leyes son más ambiguas.

En la India, 10 veces más baratos

La India es uno de los pocos países del mundo, junto con Rusia, Ucrania, y algunos estados de los Estados Unidos, donde la subrogación gestacional comercial está permitida. El coste ttoal en el país asiático oscila entre los 16.000 y los 28.000 euros.

Esto supone una gran diferencia con lo que cuesta en EEUU, dónde la cifra asciende a unos 150.000 euros, diez veces más, lo que es determinante para que el país asiático se haya situado como uno de los destinos mundiales preferidos para desarrollar esta industria.

De esta canditad, lo normal es que la mayoría se destine a cubrir los gastos de la agencia, los abogados, la clínica, los gastos médicos, etc, quedando para la gestante aproximadamente la cuarta parte. 

Por otro lado, varios grupos de periodistas y asociaciones provida denuncian el maltrato al que se ven sometidas las mujeres que son utilizadas como vientres de alquiler por estos negocios en los que escasea la comida y la higiene.

Sin ir más lejos, el periodista Janak Sapkota que vivió en primera persona el terremoto de Nepal, fue testigo del trato que recibieron las madres de alquiler.

En aquella ocasión, sólo recibieron ayuda los ninos y los que habían contratado los servicios de las madres: «La mayoría de las mujeres dijeron que estaban contentas con su situación, pero sus respuestas parecían ensayadas», subraya. 

Alertan sobre un ‘mercado negro’

Por su parte, y del mismo modo que los empresarios de la industria del aborto defienden su actividad comercial alegando que, de no existir, se obligaría a la mujer a deshacerse de sus hijos en entornos ilegales y poco seguros, quienes se lucran con los vientres de alquiler, alertan de un mercado negro.

Así, un jurista neocelandés, Mark Henaghan, ha salido al paso de la prohibición alegando que supondrá un peligro para las madres que seguirán ofreciéndose como vientres para gestar ninos para otras parejas.

«Es poco probable que una industria tan rentable deje de funcionar aunque hayan prohibido la entrega de bebés a parejas extranjeras. Lo más lógico es que surja un mercado negro, lo que significará un menor protección para todos los involucrados en el proceso, especialmente para las madres y los ninos», alerta.

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