FOCO

ARCO es una feria, y por mucho que los culturetas pongan los ojos en blanco o miradas de estar leyendo un tratado de epistemología delante de un lienzo con unos desmadejados churretes, no deja de ser un mercado.

La ley, que entró en vigor el pasado 1 de febrero, no permite la actividad de los defensores de la vida a menos de 50 metros de los centros abortistas. Las condenas van de los 5.000 dólares de multa a los seis meses de cárcel.

Se acaba de aprobar en el Congreso la proposición de Ley de Igualdad Retributiva entre Mujeres y Hombres que busca acabar con la brecha salarial en España cifrada en un 22,86% en la actualidad con el voto a favor de todos los partidos menos la abstención del PP.

Todos los grupos parlamentarios, excepto Carlos Salvador del Grupo Mixto, ha aprovechado el debate sobre la enmienda a la totalidad de la ley LGTBI -presentada el pasado mes de septiembre por Unidos Podemos- para arremeter contra el PP.

El movimiento LGTBI, que nació aparentemente como abanderado de la libertad, se ha convertido en una máquina inapelable de censura subvencionada, una suerte de faraón ante el que no se puede ni chistar y frente al que leer el primer capítulo de un manual de Biología puede ser un delito de lesa humanidad.

A partir de ahora, las mujeres que deseen abortar en el estado de Arizona tendrán que explicar al médico los motivos para dicha acción, una pregunta que ha puesto muy incómodas a las abortistas.

El presidente de los Estados Unidos continúa con los nombramientos para cargos públicos de personas defensoras de la familia. Los grupos LGTB afirman que un tercio de los nombramientos para estamentos judiciales de Trump son "anti-LGTBI".