Cruda realidad / Iglesias califica de ‘derecho a la protesta’ a dar una paliza

    El hecho de que el líder del tercer partido más votado defienda como legítima una paliza nos dice todo lo que necesitamos saber sobre nuestro panorama político.

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    Andrés Bódalo, concejal de Podemos en Jaén, en el momento de ser detenido para ingresar en prisión /Efe
    Andrés Bódalo, concejal de Podemos en Jaén, en el momento de ser detenido para ingresar en prisión /Efe

    «No estamos dispuestos a perder las libertades. Por eso, el derecho a la protesta no debe suponer cárcel. #IndultoAndresBodalo». El comentario de Pablo Iglesias, líder del tercer partido más votado en las últimas elecciones generales, en Twitter ha sido solo el pistoletazo de salida para infinidad de actos, marchas y discursos de su partido para que indulten al concejal de Jaén en Común y dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Andrés Bódalo.

    Probablemente no les sorprenda, a estas alturas, saber que Bódalo ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Jaén a tres años y medio de prisión por un delito de atentado con la agravante de reincidencia al exteniente de alcalde y concejal del PSOE en la localidad de Jódar Juan Ibarra. Bódalo la emprendió a puñetazos con el edil en lo que, como vemos, Pablo Iglesias considera una legítima protesta.

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    A nadie se le ocurrió que encausar a los responsables del asalto a la librería Blanquerna fuera “perder las libertades”

    Pero ya no nos sorprende. El empleo de dos varas de medir y el avance hacia una ‘justicia revolucionaria’ en la que lo que importe no sea tanto lo que se haga como quién lo haga a quién empieza a ser parte del paísaje político español. ¿Recuerdan el ‘asalto a Blanquerna? En septiembre de 2013 un grupo de radicales entró en la librería-centro cultural Blanquerna de Madrid y empujó al diputado de CiU Josep Sánchez Llibre. Al día siguiente fueron detenidas 12 personas. Todo el espectro político condenó el acto, sin paliativos ni excusas ni matices. A nadie se le ocurrió la novedosa idea de que pudiera tratarse de una «protesta» o que encausar a los responsables fuera «perder las libertades».

    En el baratilllo en que se ha convertido, desde las pasadas elecciones generales, las negociaciones para formar gobierno, el PSOE, segundo partido más votado, se ha ofrecido a la formación morada para cerrar un pacto de gobierno, poniendo como ‘línea roja’ el referéndum catalán, como si el resto de programa revolucionario de Podemos fuera cosa de poco momento.

    Al final, Iglesias rompió puentes -por un rato, naturalmente, que en política todo se dramatiza de cara a la galería- al echarle en cara al ex presidente de Gobierno socialista, Felipe González, su vinculación con el grupo antiterrorista GAL.

    La indignación socialista fue inmediata, a tal punto que ni ellos ni, por lo demás, el Partido Popular o Ciudadanos tuvieron nada que decir del hecho de que el líder podemita empezara su discurso, el primero en las Cortes, con un sentido homenaje a un asesino, Puig Antich, que mató a cuchilladas a un agente de la Guardia Civil de 20 años, calificándole de «luchador por la libertad».

    La prueba de la degeneración a que ha llegado nuestra vida pública, con la inestimable colaboración de los medios de comunicación y la pasividad de los partido democráticos, es la aceptación tácita y cada vez más extendida de un partido que defiende abiertamente la ‘justicia revolucionaria’ y la impunidad para la violencia radical.

    Alfon hace con Bódalo una extraña pareja de mártires

    Hasta la sentencia contra Bódalo, el ‘luchador por las libertades’ cuya libertad exige el partido desde su detención es Alfon, Alfonso Fernández Ortega, por lesiones a dos policías y tenencia de explosivos. Alfon, que no está detenido precisamente por disentir del régimen y que acumula antecedentes por abusos a menores de edad, hace con Bódalo una extraña pareja de mártires.

    Alfonso Fernández, conocido como Alfon / Archivo
    Alfonso Fernández, conocido como Alfon / Archivo

    El terreno viene abonado por una campaña ya larga de escraches y acosos, como el sufrido por la actual presidente de la Comunidad de Madrid y entonces delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, todos ellos protagonizados por miembros de la formación morada o simpatizantes de estos movimientos.

    Todos recordamos los tuits del concejal Zapata bromeando a costa de Irene Villa y las víctimas del Holocausto, o los de su compañero Soto afeando a sus seguidores que no hubieran matado a Mariano Rajoy mientras él estaba de viaje. Ninguno de estos actos ha tenido consecuencia penal o siquiera política, aunque es obvio que hubiera supuesto la inmediata expulsión de cualquier partido ‘normal’.

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