El secretario de Seguridad Pública de México, Alfonso Durazo, anunció el miércoles 6 de febrero de 2019 el despliegue permanente de 10.200 policías y militares para combatir la inseguridad en 17 regiones violentas del país. /EFE
El secretario de Seguridad Pública de México, Alfonso Durazo, anunció el miércoles 6 de febrero de 2019 el despliegue permanente de 10.200 policías y militares para combatir la inseguridad en 17 regiones violentas del país. /EFE

Uno de los mitos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador acaba de recibir acta de defunción. Bajo la falacia de que el pueblo es bueno y roba por necesidad, el nuevo gobierno de México repartirá miles de millones de pesos para solucionar el problema de la violencia y del crimen organizado.

Un estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal presentado este miércoles demuestra que el gasto en “prevención social del delito” no ha dado ningún resultado y que el país es más violento e inseguro.

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De los 20 municipios de México con los más altos índices de violencia, la mitad de ellos presentan un nivel de marginación muy bajo; nueve están en el nivel bajo y solamente uno presenta un nivel medio, con base en las estadísticas del mismo gobierno. Es decir, los índices de violencia en el país se han dado en lugares donde la pobreza y pobreza extrema no predominan.

Es decir, el pueblo no “roba por necesidad”; los pobres no son buenos por ser pobres ni los ricos son malos o “rapaces” por ser ricos, como maniqueamente justifica López Obrador constantemente.

José Antonio Ortega, presidente de la organización explica que el estudio “La violencia en los municipios de México” se realiza desde hace cinco años y en él se miden la incidencia de los delitos de mayor impacto en cualquier comunidad: homicidios, secuestros, violaciones, lesiones dolosas, robos con violencia y extorsiones.

Y ofrece detalles del estudio de 2018, dado a conocer este miércoles:

De los 234 municipios del estudio, 104 presentan un índice violencia superior al nacional y que es de 25,77 puntos. Y es de destacar que, de esos 104 municipios, en 69 de ellos el nivel de marginación social es “muy bajo”; en 28 es bajo; en 6 es medio y sólo en uno, Chilapa de Álvarez, Guerrero el nivel es “muy alto”.

Asimismo, si se consideran los 234 municipios del estudio, en 150 de ellos el nivel de marginación es muy bajo; en 49 es bajo; en 21 es medio; en 10 es alto y sólo en 4 es muy alto, pero esos cuatro municipios ocupan los últimos lugares en el Índice de Violencia Municipal.

“Lo que esto indica es que no existe la pretendida relación entre condiciones socioeconómicas, la supuesta causa, y la incidencia criminal, el pretendido efecto. Y por ende, cabe reiterar, la ‘prevención social del delito’, el reparto masivo de subsidios, carece de toda eficacia para reducir la violencia”, asegura Ortega Sánchez.

Las conclusiones del estudio han coincidido con declaraciones del presidente López Obrador al decir que el pueblo roba “por necesidad” y que las causas sociales de delito son las condiciones de pobreza, y que por ello intensificará la entrega de subsidios a las familias en las zonas en donde se comete el huachicoleo (robo de combustible de los ductos de Pemex).

Este aumento de la violencia en Guanajuato es el resultado de la pugna entre grupos criminales y el disparo del robo de combustible en el centro de país

El estudio es contundente en sus hallazgos sobre este punto:

Mientras que en el año 2017 la violencia en el país se ubicó en Pacífico, en 2018 la actividad delincuencial se reconfiguró y lo más destacado es que por primera vez en el top de los 20 municipios más violentos figuraron seis del estado de Guanajuato.

Ello convierte a la entidad en la más violenta del país.

En los últimos 10 años Guanajuato ha sido de los estados con mayor crecimiento económico y reducción tanto de la pobreza como del rezago educativo. Para 2020 Guanajuato podría reducir a cero el porcentaje de personas en pobreza extrema (a la fecha es de 4.2%).

Este aumento de la violencia en Guanajuato es el resultado de la pugna entre grupos criminales y el disparo del robo de combustible en el centro de país. Esto confirma que no son las condiciones socioeconómicas las que determinan la incidencia criminal.

El fundamento de la “prevención social del delito” es una falacia: que las personas “roban por necesidad”, que determinadas condiciones socioeconómicas (pobreza, marginación, desempleo, desigualdad en los ingresos) determinan la conducta criminal.

No hay ninguna base científica, empírica, de esta suposición. Se trata de puro dogmatismo ideológico de la “criminología” socialista.

 

Si quiere consultar el estudio completo sobre La violencia en los municipios de México 2018:

 

 

 

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Es periodista, egresado de la escuela Carlos Septién García. Tiene diplomados en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica de Chile; en Comunicación y Desarrollo Humano, por la Universidad Panamericana; en Periodismo Político por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y en Inteligencia Estratégica por la Universidad Juárez del Estado de Durango, así como en Seguridad Nacional por el Colegio de la Defensa Nacional. Ha trabajado en Grupo Reforma y la agencia de noticias Notimex. Es autor de varios libros, entre ellos, 'Sangre de Mayo. El homicidio del Cardenal Posadas', en coautoría de Alberto Villasana. Es consultor, colaborador del diario Mural en Guadalajara y editor del servicio de análisis Mochila Política.