Quim Torra y Carles Puigdemont en Berlín
Quim Torra, presidente de la Generalidad de Cataluña, y Carles Puigdemont, expresidente y prófugo de la Justicia española en Alemania, en Berlín, en la primera comparecencia del señor Torra tras ser investido por el Parlamento catalán.– Fotografía: Omer Messinger / EFE

Se cuenta que a finales de junio de 1815, tras la batalla de Waterloo, se halló en el carruaje de Napoleón un ejemplar abandonado de “El príncipe” de Maquiavelo con anotaciones manuscritas del propio emperador.

Una de esas notas, concretamente la número 92, se refiere a la célebre frase del florentino “si toleramos el desorden para evitar la guerra, tendremos desorden y después guerra”, y dice así:

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Al primer descontento, declarad la guerra. Cuando esta rapidez de resolución sea conocida, nuestros enemigos se volverán más circunspectos”.

Eran tiempos en que la guerra aún causaba pavor, de ahí el consejo de Maquiavelo a Lorenzo de Médicis, a quien dedica su libro, y la confianza de Napoleón en las virtudes terapéuticas de insinuar una intervención militar con los díscolos.

La guerra, en la España de principios del siglo XXI, es algo tan irreal y lejano (80 años, una eternidad) que tal vez por ello nos atrevemos a tentarla con excesiva ligereza. No obstante, tanto la frase de Maquiavelo como la glosa del corso encierran una valiosa enseñanza que los españoles de hoy deberíamos grabarnos a fuego, especialmente los que tienen bajo su responsabilidad el Gobierno de la nación: que la debilidad se paga muy cara.

Irresponsabilidad es el vergonzoso miedo escénico que el Gobierno ha mostrado en la ejecución del 155, que debería haber servido para restaurar la ley en Cataluña

Hoy que un cóctel de separatismo y neomarxismo (en sus múltiples encarnaciones) pretende hacer saltar por los aires el edificio constitucional, y con él, nuestros derechos y libertades, conviene recordar los innumerables conflictos civiles habidos a lo largo de la historia que no sobrevinieron por accidente, sino como resultado de una cadena de irresponsabilidades que, permitiendo el quebranto de la ley, dieron paso a la anarquía.

Irresponsabilidad es, a mi juicio, el vergonzoso miedo escénico que el Gobierno ha mostrado en la ejecución del 155, que debería haber servido para restaurar la ley en Cataluña y corregir los excesos, ilegalidades y abusos cometidos por los separatistas durante años para fraguar y acabar perpetrando el golpe a la democracia.

Lejos de liquidar la estructura golpista y asfixiar su entramado, comenzando por los mandos de los Mossos, TV3 y la dictadura lingüística en las escuelas, el ejecutivo de Mariano Rajoy ha preferido adoptar el perfil más bajo y pasar de puntillas sobre el polvorín, cuando no zancadillear la labor de los jueces. Sin discurso, sin pedagogía, sin pegada. Sin explicar a los españoles por qué es necesario aplicar un bisturí allí donde se pretende dinamitar la libertad. Sin explicar a Europa y al mundo por qué Puigdemont y los cobardes que se esconden de la Justicia son los villanos de esta historieta.

Las prisas de Rajoy por soltar la patata caliente han propiciado lo que hoy tenemos al frente de Cataluña: la versión premium de Puigdemont, un xenófobo encantado de conocerse y de eructar contra España sin sonrojarse. Quim Torra es el paradigma de la anarquía que se abre paso, del desorden que nos amenaza.

Un tipo que insulta y desprecia a los españoles de Cataluña -a los mismos que va a gobernar- calificándolos de bestias solo porque no hablan en catalán o no comparten sus visiones lisérgicas de un Reich milenario desfilando al son de una sardana. Un tipo dispuesto a sustituir el Parlamento de Cataluña por una asamblea de golpistas al margen de la ley, a rendir pleitesía a un prófugo y a formar un Gobierno con consejeros inmersos en un proceso por rebelión.

Estamos en la antesala del caos y hasta este lugar, conviene tenerlo claro, nos ha conducido la irresponsabilidad del Gobierno del 155

Estamos en la antesala del caos y hasta este lugar, conviene tenerlo claro, nos ha conducido la irresponsabilidad del Gobierno del 155. No solo ha dejado la estructura golpista intacta, sino crecida y dispuesta a redoblar el desafío, mientras el efecto imitación se gesta allí donde el odio a España capta nuevas almas para el aquelarre: en el País Vasco, con etarras y filoetarras infiltrados hasta los tuétanos en las instituciones, intoxicando también a Navarra; en Galicia, con el separatismo gallego afirmando que son una colonia española y rompiendo fotos del rey según el libro de estilo de la CUP; en Asturias, cuna de España, donde el asunto de la oficialidad del bable alentado por podemitas y nacionalistas amenaza con importar un conflicto lingüístico a la catalana; y en Valencia y Baleares, con el virus del pancatalanismo alzando diques identitarios y adoctrinando en las escuelas a mansalva.

El deber de cualquier gobernante es proteger las instituciones, pues de su buen funcionamiento depende el que los ciudadanos puedan gozar plenamente de sus libertades y los derechos. Y protegerlas de manera inflexible, inequívoca, taxativa, declarando la guerra a los enemigos del orden con las armas que los Estados modernos tienen a su disposición.

Todo lo que se desvíe de este propósito es una gravísima imprudencia que puede acarrear consecuencias devastadoras. Si no blindamos las instituciones, si permitimos que se las ataque, se las desacredite, se las desobedezca, tarde o temprano aparecerá en el umbral de la nación un felpudo astroso con la leyenda “bienvenidos a la selva” bordada en fluorescente. Que suele ser el preámbulo de una gran catástrofe colectiva.

Hace casi 82 años que nuestros abuelos y bisabuelos comenzaron a matarse como fieras porque los gobiernos de la república no atajaron la anarquía reinante en las calles

Que España no se haya convertido aún en una selva es mérito del rey Felipe VI, cuyo discurso en octubre, en medio de la insurrección de los golpistas catalanes, significó un chute de moral y unidad en torno a las instituciones, y también del poder judicial, que sigue velando por hacer respetar el marco legal en medio del hostigamiento cada vez más elocuente de quienes creen acariciar ya la demolición del sistema nacido en la Transición.

Rajoy y sus ministros no son precisamente unos iletrados, como puedan serlo muchos de los que hoy hozan en los escaños del Congreso por una carambola del destino y el acusado infantilismo generacional de buena parte del electorado. A poco que hayan leído la Historia, sabrán lo que ocurre cuando un Gobierno es incapaz de hacer cumplir la ley.

Hace casi 82 años que nuestros abuelos y bisabuelos comenzaron a matarse como fieras porque los sucesivos gobiernos de la entonces república no lograron atajar la anarquía reinante en las calles. Muchos entonces pensaron que la guerra no llegaría. Pero llegó. Y con ella, todo lo trágico que arrastramos desde entonces. Cientos de ejemplos en la historia revelan el proceso de descomposición y colapso de las sociedades cuando no existe un poder fuerte que neutralice a tiempo el caos.

Quim Torra, y todo lo que representa, es el caos. Intacto. Dispuesto a actuar. A desobedecer la ley. A imponer la suya propia. Sus efectos más inmediatos los van a padecer aquellos españoles que se han mostrado leales a la Constitución, que vieron con esperanza la aplicación del artículo 155 y que, nuevamente, van a ser abandonados a su suerte, si nada lo remedia. Al señalamiento, a las represalias, al ostracismo. Ya le está ocurriendo a docentes valientes, a policías autonómicos, a funcionarios.

Hasta el momento, Rajoy ha preferido aceptar el desorden para evitar la guerra. Si hubiera leído a Maquiavelo con el lápiz en la mano, como Napoleón, debería estar bastante nervioso.

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