La defensa de la nación histórica, España, frente a los traidores

    Comprobamos con una mezcla de tristeza, rabia y vergüenza cómo un Gobierno de cobardes y felones se atreve a intentar arrastrar un país por el fango. Se necesita continuar con la unidad de los constitucionalistas y con la realización de más manifestaciones masivas en las calles, pueblos y ciudades.

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    La Plaza de Colón de Madrid, repleta de banderas de España el 10 de febrero de 2019 / EFE
    La Plaza de Colón de Madrid, repleta de banderas de España el 10 de febrero de 2019 / EFE

    La soberanía del pueblo español y la inquebrantable unidad de España son los pilares que sustentan la Constitución Española de 1978, que constituye la base jurídica que garantiza nuestra convivencia pacífica y en libertad.

    El domingo 10 de febrero de 2019 se manifestó el pueblo español en contra de los traidores a España en la Plaza de Colón de Madrid, como consecuencia del llamamiento realizado por los partidos constitucionalistas: PP, Ciudadanos y VOX.

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    Defensa de la nación histórica: España

    Con la contundencia de los hechos, los patriotas hemos demostrado al nuevo Frente Popular (PSOE, Podemos, IU e independentistas) que existe una barrera infranqueable que nunca podrán derribar y que es la nación histórica: España.

    Con orgullo, honradez y honestidad, sin complejos, los ciudadanos de bien mostramos nuestros símbolos: la bandera y el himno de España, porque nos representan a todos y sirven para reivindicarnos como españoles y mostrar al mundo el hastío y la repulsa que sentimos ante el intento de negociación (nacional o internacionalmente) del “doctor” Pedro Sánchez y sus socios comunistas, cediendo ante los independentistas, intentando negociar lo que es absolutamente innegociable, dado que es imposible negociar la soberanía del pueblo español y la indisoluble unidad de España.

    No es casualidad que el escenario del “negociador” internacional surgiese a los pocos días del inicio del juicio por el Golpe de Estado del 1 de octubre de 2017, que se celebra a partir del martes 12 de febrero en el Tribunal Supremo.

    La tutela de un “relator” internacional, significaría el reconocimiento implícito de la posibilidad de negociar la independencia de la región de Cataluña, lo que constituye la máxima traición a España y a su Constitución

    Comprobamos con una mezcla de tristeza, rabia y vergüenza cómo un Gobierno de cobardes y felones se atreve a intentar arrastrar un país por el fango de una mediación internacional, como si se tratase de un conflicto internacional entre países.

    Sin duda, la tutela de un “relator” internacional, significaría el reconocimiento implícito de la posibilidad de negociar la independencia de la región de Cataluña, lo que constituye la máxima traición a España y a su Constitución.

    Análisis de la situación de alta traición

    Desde mi perspectiva de análisis, es altamente probable que sea perseguible éste desafío institucional mediante querellas criminales ante el Tribunal Supremo por el delito continuado de dejación de funciones (Art. 408), el delito de desobediencia (Art. 410.1), el delito de denegación de auxilio judicial (Art. 412.1 y 2) y el delito de omisión del deber de impedir y perseguir delitos (Art. 450 1 y 2 del vigente Código Penal).

    Permítanme analizar en detalle la situación de alta traición a la nación histórica, España, y a su marco institucional (Constitución, Código Penal…), que se está suscitando por el maligno intento de negociar, lo que es absolutamente innegociable.

    Se requiere una reforma electoral que instaure las elecciones generales a doble vuelta para la elección del presidente del Gobierno para evitar los chantajes y chanchullos por parte de los felones

    Primero, resulta que el Sr. Sánchez Castejón perdió unas elecciones generales y nunca fue elegido expresamente por los  ciudadanos para desempeñar el cargo de Presidente. Sin embargo, ha logrado llegar a Presidente por medio de una carambola parlamentaria («golpe parlamentario») con el apoyo de los partidos que quieren romper España. Sin duda, se requiere una reforma electoral que instaure las elecciones generales a doble vuelta para la elección del presidente del Gobierno para evitar los chantajes y chanchullos por parte de los felones.

    Segundo, desde allí, valiéndose de su nueva posición como presidente interino, no ha convocado al pueblo a votar en nuevas elecciones como prometió que haría para, a continuación, intentar negociar lo innegociable con los independentistas que le han apoyado parlamentariamente, es decir, sentarse a negociar bilateralmente con ellos y jugar con la soberanía del pueblo español y la unidad de España.

    Finalmente, sabiendo que pueden prorrogarse los Presupuestos Generales (PGE) del año 2018, emplean la excusa falsaria de aprobar un proyecto de PGE 2019 para intentar negociar inmoralmente con los independentistas, teniendo el conocimiento y, por tanto, aceptando implícitamente (mediante la actitud «negociadora») los 21 puntos de felonía que le exigieron en diciembre 2018 el xenófobo Quim Torra y su equipo que, dicho sea de paso, muy probablemente, son perseguibles penalmente por incidir nuevamente el Gobierno de la Generalidad de Cataluña en los delitos de sedición y desobediencia; al pretender perseguir con una negociación la misma perversa finalidad, que buscaron con los tumultos y la violencia durante el mes de Octubre 2017.

    Desde mi perspectiva de análisis, es posible plantear querellas criminales tanto por el conocimiento de las autoridades sobre el documento de la reunión Pedralbes como, también, por el planteamiento de una posible negociación y la inacción con base en los 21 puntos de chantaje, que redactaron y entregaron los traidores independentistas, sabiendo que son absolutamente contrarios a la Constitución Española de 1978.

    Es indignante que un Gobierno se siente a negociar con independentistas y no se levante de la mesa para aplicar el artículo 155 CE y procesar penalmente a los que chantajean a los españoles con un punto 2 para la autodeterminación de Cataluña, un punto 3 para la mediación internacional, un punto 4 para la no aplicación del artículo 155 de la Constitución Española de 1978 y un punto 6 para que quede en vía muerta el proceso judicial contra los acusados de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos por el Golpe de Estado del 1 de octubre de 2017 que, sin duda alguna, sigue vigente por la inacción y las concesiones de los sucesivos gobiernos de España.

    Análisis de los procesos de involución institucional

    La situación actual es de máximo peligro para la unidad de España y la defensa de los derechos y libertades individuales. La evolución hacia una sociedad más abierta y libre o bien, en su caso, la involución hacia una sociedad más cerrada y colectivista, dependerá del resultado de las próximas elecciones del 28 de abril y 26 de mayo de 2019.

    Debe recordarse que el primer país que visitó el “doctor” Sánchez fue la República comunista de Cuba que ha estado asesorando e influyendo en la involución institucional de Venezuela desde una democracia hacia el comunismo bolivariano.

    Los intentos de negociar lo innegociable con los enemigos de España, deben de ponernos en alerta para que vigilemos con lupa los pasos del Gobierno del “doctor” Sánchez

    Recordemos que hace veinte años nadie pensaba que Venezuela pudiese caer en el drama del comunismo de Cuba. Desde que llegó al poder, Hugo Chávez se hizo con el control de los medios de comunicación hasta que todos fueron mayoritariamente medios de propaganda de izquierdas. También adulteró las encuestas de intención de voto para aventajar a la oposición por el arte y la magia de los asesores castristas. Finalmente, en Venezuela, cambiaron el censo electoral y compraron máquinas y programas informáticos que permitieron la adulteración de los procesos electorales.

    De las tres condiciones descritas, España cumple dos de ellas: la mayoría de medios de comunicación son de izquierdas y las encuestas electorales del Centro de Investigaciones Sociológicas están siendo engordadas a favor del Gobierno con un descaro y con una falta de profesionalidad, que están sumiendo en el descrédito la institución. Obviamente, debemos de estar muy atentos para que no se produzca la tercera condición que requiere hacer cambios en los procesos de votación y recuento de votos, lo que debo reconocer que parece improbable a fecha de hoy.

    Protección del Marco Institucional de España

    Sin embargo, los intentos de negociar lo innegociable con los enemigos de España, deben de ponernos en alerta para que vigilemos con lupa los pasos del Gobierno del “doctor” Sánchez.

    Se necesita mantener una defensa fuerte de la Constitución Española de 1978 con acciones políticas en el Parlamento y, si proceden, también, acciones judiciales como la presentación de querellas criminales que terminen de una vez por todas con el golpe de Estado permanente que intentan llevar a efecto los traidores a España.

    En definitiva, se requiere la unidad de los constitucionalistas y la realización de manifestaciones masivas en las calles, pueblos y ciudades para que se apliquen con rigor la Constitución y el Código Penal y para que podamos votar con responsabilidad en las urnas porque, de ello, dependerá el futuro de España.

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