La última mentira de Santos se desmorona a golpe de ametralladoras

    Los atentados perpetrados en dos municipios por 'disidentes' de las FARC llevan a preguntarse ¿hasta dónde las FARC están comprometidas con desmontar su red terrorista? ¿El acuerdo fue de paz o un bluff puesto que la violencia y el narcotráfico continúan?

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    El presidente de Colombia Juan Manuel Santos y el terrorista Timochenko
    El presidente de Colombia Juan Manuel Santos y el terrorista Timochenko

    Juan Manuel Santos prometió a los colombianos que con la firma del polémico e impopular acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) una nueva era de paz y orden. Les mintió. Los acontecimientos violentos de la últimas dos semanas revelan que tal promesa se desmorona.

    Tres policías fueron acribillados el 30 de septiembre en el municipio de Miranda, al oeste del país; el vehículo de los agentes fue impactado por una explosión y luego se les disparó a quemarropa. Y el 5 de octubre, seis campesinos murieron y 19 resultaron gravemente heridos tras un ataque explosivo perpetrado en Puerto Rico, en la frontera con Ecuador.

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    Las bombas fueron lanzadas contra las fuerzas nacionales de seguridad cuando escoltaban al personal que debía erradicar cultivos ilícitos de coca, sin embargo, los afectaron a campesinos que se había congregado en el lugar para protestar contra la actuación de las autoridades.

    En un comunicado, el Ejército y la Policía aseguraron que, tras lanzar al menos cinco explosivos, «atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades”.

    A pesar de que hay una distancia de 659 kilómetros entre los ataques terroristas, hay un denominador común para ambos: fueron perpetrados con el mismo método por presuntos disidentes de las FARC.

    Digo ‘presuntos disidentes’ porque las FARC parecen estar jugando a dos cartas. Se presentan como una nueva fuerza política pacífica y a la vez continúan articulan atentados contra el gobierno.

    De acuerdo con los servicios de inteligencia, el autor del atentado en Tumaco es Walter Patricio Arisala Vernaza, alias ‘William Quiñónez’ o ‘Guacho’.

    El número dos de las nuevas FARC miente al decir que Guacho no tiene vinculación con ellos: el nombre del terrorista aparece en el listado que la guerrilla entregó al Gobierno

    Iván Márquez, el número dos de las ‘nuevas’ FARC se apresuró a afirmar en su cuenta de twitter que se trata de un jefe paramilitar sin ningún vínculo con ellos. Es mentira.

    En el listado oficial, elaborado por las FARC para reportar la identidad de sus miembros al gobierno, este hombre aparece como integrante del ‘Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano’ y se detalla que estuvo asignado a la región en la que se encuentra el municipio de Tumaco.

    Noticias RCN tuvo acceso directo a parte del listado oficial

    El general Luis Rojas, comandante de la III división del Ejército, asegura que ‘Guacho’ llevaba más de diez años en la guerrilla y no se acogió al proceso de paz, junto muchos otros que le siguieron, y forman parte de una «organización criminal al servicio del narcotráfico».

    En atentado al municipio de Miranda el responsable es Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido también como ‘Ivan Mordisco’, líder de un amplio grupo de la guerrilla que tampoco aceptó deponer las armas.

    Y no se trata de una facción menor. Vera Fernández está al frente del Frente Primero de las FARC, identificado por la inteligencia militar como uno de los llamados «frentes madre» de la guerrilla, tiene por lo menos 400 hombres bajo su comando.

    Además, opera en los tres departamentos colombianos que tienen frontera con Brasil y Venezuela, desde donde maneja rutas del narcotráfico. Una zona estratégica para el crimen organizado.

    El Frente Primero se consolidó desde 2007 como uno de los financiadores del Secretariado General de la guerrilla, a través del dinero obtenido con el tráfico de la coca, y recibió entrenamiento militar por parte de Milton de Jesús Toncel Redondo, conocido como ‘Joaquín Gómez’, uno de los principales negociadores de la guerrilla en La Habana.

    Es significativo que fueran los narcoterroristas de esa región los primeros a anunciar que no se sumarían a los Acuerdos de La Habana, que las FARC no hicieran ningún esfuerzo real para someterlos, a pesar de la influencia de Toncel Redondo sobre ellos, y que el Gobierno de Santos no impusiera como condición irrevocable la rendición de ese sector.

    ¿Hasta dónde están realmente comprometidas las FARC para desmontar su red terrorista que cuenta con aproximadamente 20 mil personas, entre guerrilleros y colaboradores? ¿Ha decidido desvincularse del negocio del cultivo y tráfico de drogas?

    ¿Son realmente disidentes aquellos que no se adhirieron a los acuerdos con Santos o han creado enclaves estratégicos que no pueden ser entregados? ¿Valió realmente la pena la firma de los acuerdos cuando las violencia y el tráfico continúan?

    Según el Ejército Nacional los disidentes de las FARC representan el 6 % de esa organización criminal.

    Timochenko disfruta de los beneficios del acuerdo negociado con la intermediación de Raúl Castro y se lava la manos ante los atentados de los disidentes

    En tanto se ve a Ivan Márquez y a Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, disfrutar de los beneficios de un acuerdo negociado con la intermediación del dictador Raúl Castro, que les permite constituir una plataforma política financiada con el dinero de todos los colombianos, los ‘disidentes’ han vuelto al ataque con atentados y ellos se lavan las manos.

    El exministro de Justicia de Colombia, Miguel Ceballos, señala que «mientras las FARC exigen al Gobierno, al Congreso y a todos los colombianos que  aceptemos la reforma de nuestras instituciones para cumplir con los acuerdos de paz, deberían también asumir su responsabilidad».

    Y presenta un hecho concreto, relacionado con el atentado en Tumaco: «En la zona existe una gran tensión entre las comunidades  de campesinos que llegaron en calidad de colonos o  de desplazados,  a tierras que habitan comunidades afrodescendientes quienes las reivindican como pertenecientes a  sus territorios colectivos».

    Explica que parte de esta tensión es fruto de que unas comunidades quieren acogerse al programa de sustitución de cultivos propuesto por el Gobierno, mientras que otras aseguran que no firmarán ningún compromiso de sustitución hasta que el Estado no cumpla con unas condiciones mínimas como dotar de energía, vías, luz  y educación a la región.

    «El problema sigue siendo, como siempre se ha advertido, la falta de presencia del Estado. Tanto las Farc como del Gobierno Santos aseguraron que una de las consecuencias de los acuerdos sería la superación del problema del narcotráfico», apunta.

    «Las Farc deberían también asumir su responsabilidad frente a las comunidades que hoy sufren las consecuencias del aumento de los cultivos de coca, pues resulta muy cómodo hacerse los observadores ‘sorprendidos’, cuando en realidad aún siguen siendo actores influyentes en las zonas cocaleras», advierte.

    Si no es así, inquiere Ceballos, «¿por qué insisten en que el Congreso apruebe en su beneficio circunscripciones políticas especiales precisamente donde se siembra más coca, incluido el departamento de Nariño, donde se encuentra el municipio atacado de Tumaco?»

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