El expresidente de la Asamblea de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont/Actuall.

El histórico dirigente socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Asamblea de Extremadura durante 24 años (1983-2007), ha salido en defensa de la Unidad de España frente al separatismo catalán.

Ibarra ha denunciado la traición a los electores por parte del Parlamento catalán que votaron de acuerdo con el Estatuto y no con una “nueva legislación” el pasado 6 de septiembre.

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Asimismo, el socialista considera que no solo es una deslealtad a los catalanes, sino también a la Constitución y a todo el pueblo español.

Por su interés reproducimos este artículo del expresidente de la Asamblea de Extremadura en el blog del General Dávila.

Les debería dar vergüenza. Las declaraciones del Sr. Puigdemont, el pasado día 10 de septiembre, asegurando que “el Tribunal Constitucional (TC) no puede suspender la Ley del Referéndum porque hay una nueva legalidad catalana amparada en las elecciones del 2015”, y el comportamiento de la presidenta de la Mesa del Parlamento catalán y de los diputados independentistas, podrían hacer pensar a los poco avisados que los cargos que ahora ostentan estos sediciosos no se deben a la Constitución española que votamos afirmativamente la inmensa mayoría de los españoles.

Y, por cierto, fue en Cataluña donde esa Constitución, reconocedora de los hechos diferenciales, de la singularidad de los territorios españoles y de la descentralización, fue votada con más fe y votos en el referéndum constitucional de diciembre de 1978.

No hace falta que se recuerde que si la presidenta del Parlamento catalán, el presidente de la Generalidad y los diputados independentistas ocupan los cargos y responsabilidades que ocupan, no es como consecuencia de la supuesta y ficticia nueva legalidad, sino de los poderes que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en vigor y no derogado por ninguna ley estatal, y surgido de la Constitución Española, que les permitió celebrar elecciones libres y democráticas para que, antes Artur Mas, y después el Sr. Puigdemont, hayan podido convertirse en los representantes del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y su sucesor en el cargo, Carles Puigdemont, durante la toma de posesión. (Efe)

Y por eso, y solo por eso, lo del pleno del Parlamento catalán del pasado 6 de septiembre no tiene otra forma de calificarse que como traición. Traición a los electores que votaron de acuerdo con el Estatuto y no con una “nueva legislación”. Traición a la Constitución y traición al resto de los españoles. La vergüenza y la ética no son precisamente virtudes que adornen la moral de esas personas que, si están donde están, lo es por su vileza.

Claro que la traición no es algo que no conozcan algunos independentistas ya que el gobierno de la II República tuvo que luchar contra la insurrección militar franquista, contra el fascismo italiano y alemán, y contra la indiferencia francesa y la hostilidad británica, promotora del vergonzante Comité de No Intervención.

Pero en la retaguardia tuvo que luchar contra los independentistas catalanes conservadores y de izquierda, que aprovecharon la guerra civil, como siempre han aprovechado los momentos de crisis y debilidad de los gobiernos de España, para proclamar la independencia de Cataluña.

Ya lo dijo el catedrático catalán Vicenç Navarro en el diario Público del 24 de junio de 2010: “Las clases dominantes de las diferentes naciones de España se aliaron para derrotar a la República, siendo los nacionalistas conservadores y liberales catalanes de los años treinta los mayores promotores en Catalunya del golpe militar que persiguió con mayor brutalidad la identidad catalana”.

Azaña denunció que en el alzamiento militar los catalanistas conservadores se pusieron decididamente al servicio de la “Junta de Burgos”, como antes al servicio de la dictadura de Primo de Rivera.

Si el Sr. Puigdemont y su corte tuvieran vergüenza, tendrían que haber dimitido de sus escaños y de sus responsabilidades institucionales que obtuvieron con las leyes que ahora están traicionando

Si el Sr. Puigdemont y su corte tuvieran vergüenza, tendrían que haber dimitido de sus escaños y de sus responsabilidades institucionales que obtuvieron con las leyes que ahora están traicionando. Hacer esa traición, desde las instituciones constitucionales y estatutarias, es seguir el ejemplo de Hitler, de Mussolini y, más recientemente, de Maduro, quienes desde dentro del sistema trataron y consiguieron destruir la democracia y la libertad.

El final del pleno del día 6, con sus cantos y los abandonos de quienes no piensan como ellos, era el final que buscaban los traidores. Por eso, aquellos que ilusamente se han mostrado equidistante durante todos estos años, en los que la traición apareció con toda su crudeza, deberían pensar si no contribuyeron con su tibieza y con su reparto de culpas a envalentonar a los que llevan años tratando de aprovecharse del Estado cuando toca la cobardía y el silencio, y de retarlo cuando aparece la libertad.

Muchos de los que nos sentimos ciudadanos de izquierdas tenemos problemas a la hora de comprender cualquier deslegitimación, no de la España en abstracto y patriotera, sino de la España actual, democrática, constitucional, plural, diversa y descentralizada donde, por primera vez, la izquierda y los progresistas hemos podido y podremos plantear y llevar adelante proyectos políticos de igualdad, libertad y solidaridad para todos y entre todos, igual que se hizo tras la aprobación de la Constitución.

Quienes han seguido los pasos de la traición que el separatismo cometió con la II República, recibieron el castigo que la Justicia les impuso. La República fue implacable con los sediciosos. ¿Qué hará la democracia con los herederos de la traición?

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