De Severiano Hernández depende el Archivo de Salamanca. Afiliado al Partido Comunista (hoy ya de baja), José Luis Rodríguez Zapatero le nombró subdirector general de los archivos estatales en 2008 con la exclusiva misión de garantizar el desmantelamiento del Archivo en favor de la Generalitat de Cataluña.
Casi una década después, Hernández sigue ocupando el puesto más importante del ministerio de Cultura en relación a los archivos sólo por detrás del ministro, Íñigo Méndez de Vigo, y el secretario de Estado, José María Lasalle.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraSegún Policarpo Sánchez, presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, el responsable de los archivos estatales tiene los días contados en su cargo. El motivo: el auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el que ordena al Ministerio de Cultura la entrega a Policarpo de «todas las pruebas del expolio del Archivo», señala a Actuall.
«Severiano Hernández se ha dedicado a tapar las irregularidades que él mismo ha cometido», dice el presidente de Salvar el Archivo de Salamanca
Hace tiempo Policarpo ya pidió al Gobierno la destitución de Hernández por «su falta de transparencia y oscurantismo» al frente del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Por supuesto, el Ejecutivo hizo oídos sordos. Como en tantos otros asuntos, Mariano Rajoy no movió un dedo para destituir a la persona que tiene el máximo poder sobre los archivos estatales.
Severiano Hernández es el técnico que ha enviado durante los últimos años los documentos a la Generalitat de Cataluña. Y sin elaborar un registro en el que se detallara qué documentos estaban saliendo del Archivo. «Se ha dedicado a tapar las irregularidades que él mismo ha cometido», sostiene Policarpo Sánchez.
Pero no sólo Hernández sigue en su puesto. Hay dos personas de la máxima confianza del exmilitante del PCE. El director del archivo de la guerra civil español y el director del centro documental de la memoria histórica siguen al frente de sus responsabilidades gracias al PP.
Una situación «incómoda» para Rajoy
En una ocasión el presidente de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca propuso al director general de Cultura, Miguel Ángel Recio, una solución definitiva para el archivo: una nueva ley que derogase la de Zapatero. Y de una forma muy sencilla: bastaría con modificar la parte de la norma que alude a la entrega de los documentos a la Generalitat para en adelante enviarlos a los particulares que aluden esos documentos.
«La Generalitat ultraja a familias de toda España, no puede quedarse con el patrimonio de valencianos, murcianos, asturianos…», señala Policarpo Sánchez
«Como ya sabemos que nadie se va a presentar, ganas la batalla de la opinión pública en Cataluña y ya no habría más documentos que entregar». Pero ni de eso han sido capaces. Finalmente el Gobierno le dijo a Policarpo Sánchez que introducir tal cambio provocaría «una situación incómoda» a Rajoy. Al final la ley de Zapatero sigue intacta.
Aunque el Gobierno de Rajoy no ha hecho nada por devolver al archivo de Salamanca los 400.000 documentos en posesión de la Generalitat ajenos a Cataluña, Policarpo no se rinde. «Llevaré el tema a donde sea necesario, incluidos los tribunales internacionales. La Generalitat no se puede quedar con el patrimonio histórico de valencianos, murcianos, asturianos… Hay familias a las que les han robado los papeles. La Generalitat ultraja a familias de toda España», concluye.
En la mañana del martes, Policarpo Sánchez ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, entregándoles las 24.000 firmas que solicitan a ambas instituciones que cumplan la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a devolver al Archivo de Salamanca los documentos que ya no tienen dueño legítimo, bien porque la persona está fallecida o bien porque la institución ya no existe.