¿Quo vadis seguridad jurídica?

    ¿Es independiente el poder judicial? ¿Le importa al gobierno actual el estado de derecho o le importa más debilitar a la justicia, aunque ello acabe quebrando la confianza y credibilidad en España cuando no su unidad territorial?

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    La justicia es representada por una mujer.
    La justicia es representada por una mujer.

    En los últimos años he tenido la fortuna de sumar a mi profesión de abogado y exlegislador la de profesor universitario de derecho -teoría y filosofía del derecho- en varias universidades de Madrid (UCM, IEB y RCUMC) sin embargo lamento decir que, especialmente en los últimos tiempos, tengo un problema docente y, también, otro mayor como ciudadano.

    Se supone que debo enseñar a nuestros jóvenes qué es el derecho, que vivimos en un estado de derecho garantizado por una Constitución democrática, que tenemos un espacio de autonomía y libertad en el ejercicio de tales derechos dentro del marco de nuestro ordenamiento jurídico. Este marco descansa y se sustenta en una piedra clave sin la cual el marco entero se derrumbaría; el nombre de la piedra es “seguridad jurídica” y lamento exponerles esto como teoría ya que el mundo real que viven cada día se empeña en enseñarles que esto no es del todo así.

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    ¿Quo vadis seguridad jurídica…? No voy a retroceder nada más que unas pocas semanas a la hora analizar la situación. El último acto de los que voy a citar ha sido el escandaloso episodio de la futura elección por las Cortes Generales de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, no sólo por la elección política pactada por PP y PSOE de quienes deben considerarse como un poder independiente -elección que antes reprobaban- sino al hecho antiestético y antiético de anunciar quien presidirá el CGPJ sin tan siquiera haberse constituido el mismo ni haberlo elegido a quien les corresponde, sus futuros vocales (¿libres e independientes?). Desde luego en esta triste situación las declaraciones del portavoz popular en el Senado han resultado claramente desacertadas.

    La abogacía del estado se ha visto obligada por su ministra a actuar al servicio de quienes quieren contentar a sus aliados en el gobierno, aunque ello pueda darles alas a quienes incumpliendo la ley proclaman la fractura de España

    Se habla mucho y bien de la valía jurídica del magistrado Marchena, de lo que no dudo, pero parece razonable que se hubiera planteado si no hubiera sido un mayor servicio a la causa de la justicia y del estado de derecho su renuncia a tal presidencia en la que, desde luego, ni tan siquiera se han respetado las formas más elementales, las meras apariencias. Por lo menos la asociación de jueces Francisco de Vitoria ha denunciado esta situación tan escasamente democrática, ojalá se atiendan sus demandas en respeto de su propia e importante profesión.

    En este contexto hay que resaltar el informe de la abogacía del estado en el caso del 1-0 en que se desdice de anteriores criterios, tan próximos en el tiempo como lo fue el pasado mes de agosto, desapareciendo su anterior apreciación de concurrencia de violencia en los actos sucedidos en el mismo; en román paladino, rebajando la imputación delictiva del delito de rebelión a la sedición, es decir formulando una petición de penas rebajadas a la mitad de las inicialmente previsibles. Obviamente la prestigiosa abogacía del estado se encuentra -como órgano gubernamental que es- obligada a seguir las instrucciones de su superior jerárquico, la ministra de justicia.

    Tampoco ayuda mucho al prestigio de nuestras instituciones, especialmente a nuestro estado de derecho, el que la orden provenga de quien todavía está en el cargo, pese a las reuniones mantenidas con el comisario Villarejo, realizando manifestaciones machistas y homófobas, que pronunciadas por cualquier otro ciudadano hubieran podido ser consideradas como un auténtico delito de odio, con las consecuencias penales que de ello se pueden derivar. La abogacía del estado se ha visto obligada por su ministra a actuar al servicio de quienes quieren contentar a sus aliados en el gobierno, aunque ello pueda darles alas a quienes incumpliendo la ley proclaman la fractura de España.

    Pero la cosa no queda ahí ya que, por si hubiera duda, diversos portavoces gubernamentales han manifestado la posibilidad de indulto incluso antes de que se juzgue y pronuncie sentencia condenatoria de tipo alguno. No parece que los magistrados del Tribunal Supremo estén muy entusiasmados con esta situación aunque, lamentablemente, con este gobierno deberán empezar a acostumbrarse: el caso del inicial abandono a su suerte al juez Llarena ya hacía presagiar que nada bueno podía suceder, salvo que se considere bueno el debilitamiento y pérdida de prestigio del poder judicial.

    Honesta y desgraciadamente no podemos ocultar una crítica a la sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TS por la que se estableció el criterio de que el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados, en contra de la praxis de más de veinte años, debe serlo el banco. La incertidumbre jurídica generada hasta la solución final del TS semanas después (el contribuyente es quien pide el crédito) fue máxima y afectó a los derechos y obligaciones de clientes bancarios, compradores y vendedores de viviendas, notarios, apis, bancos y otros muchos ciudadanos vinculados a esta situación. La confianza externa en nuestro sistema sufrió un bajonazo. Y en este bajonazo concurre el gobierno a agravarlo con el Real Decreto-Ley 17/2018 en que -deshaciendo lo finalmente acordado por el Tribunal Supremo- establece que debe pagar el banco. Desde luego no se ha reforzado a nuestro Tribunal por más que este se metiera en un lío magno.

    Por cierto, en toda esta cuestión ¿porqué nadie planteó seriamente que es plenamente injusto y del todo improcedente tener que pagar un impuesto por necesitar que a uno le presten dinero para acceder a su derecho constitucional de tener una vivienda digna?, quien tiene medios económicos -en contra de los análisis populistas al uso- no tiene que pagar ese impuesto. Por supuesto el costo fiscal que ahora se le endosa al banco acabará siendo repercutido, de un modo u otro, en quien precise estos créditos o en el conjunto de los clientes.

    Comprenderá quien haya tenido la paciencia de llegar en su lectura hasta aquí que esto me plantea un problema de credibilidad ante mis alumnos. ¿Es independiente el poder judicial? ¿Le importa al gobierno actual el estado de derecho o le importa más debilitar a la justicia, aunque ello acabe quebrando la confianza y credibilidad en España cuando no su unidad territorial? ¿Dónde está la clave de bóveda que constituye la seguridad jurídica?
    Si se cae la piedra de la seguridad jurídica yo no sólo tendré un problema docente, asunto sin duda menor, tendré un gran problema como ciudadano: ¿Quo vadis España?

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    José Eugenio Azpiroz ha sido diputado nacional del PP por Guipúzcoa (1993-2015); portavoz y presidente de la comisión de Trabajo y Seguridad Social; portavoz en Juntas Generales de Guipúzcoa (1987-1996). Presidente del PP del País Vasco y de Guipúzcoa. En la actualidad sigue ejerciendo de abogado (desde 1979), es doctor en Derecho y profesor de Filosofía del Derecho en el Instituto de Estudios Bursátiles adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.