Un hombre muestra una consigna, entre banderas españolas, durante la manifestación esta mañana en la madrileña plaza de Cibeles en contra del referéndum independentista del 1-O/EFE.

La solución de Rajoy para la situación de conculcación de libertades y proceso de secesión que se desarrolla en Cataluña desde hace años ha resultado ser… la llamada a las urnas. Pero es un error pedirles a las urnas lo que no pueden dar. Hay desafueros que no se pueden resolver a base de votos.

Precisamente, la demagogia separatista del “¡queremos votar!” suscitó en pasadas semanas un saludable debate sobre la relación entre democracia y Estado de Derecho. Y no, no son sin más sinónimos. La democracia sin atributos puede convertirse en rodillo que triture los derechos: ocurrió, por ejemplo, cuando los alemanes votaron al partido nazi en porcentaje suficiente (32% en noviembre de 1932 y 44% en marzo de 1933) para permitir el acceso de Hitler al poder, o cuando mayorías blancas de los estados del Sur de EE.UU. votaban a un Partido Demócrata que defendió acérrimamente primero la esclavitud y después la segregación racial. A los judíos alemanes y los negros americanos no les sentaron nada bien las urnas.

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Las únicas constituciones que reconocieron el derecho de autodeterminación de subunidades territoriales fueron la soviética y la yugoslava

La democracia liberal difiere de la plebiscitaria precisamente por sustraer al voto una serie de cuestiones fundamentales. Una de ellas es el sujeto de la soberanía, el perímetro del Estado: la eterna controversia sobre la pertenencia o no al mismo de determinados territorios abre la puerta a chantajes secesionistas y mantiene a la comunidad política en constante incertidumbre acerca de su propia integridad y continuidad. Por eso las únicas constituciones que reconocieron el derecho de autodeterminación de subunidades territoriales fueron la soviética y la yugoslava: regímenes no precisamente liberales, ni verdaderamente democráticos. Por cierto, ambas federaciones terminaron desintegrándose (de manera muy sangrienta en el caso yugoslavo).

Así como no puede depender de las urnas el perímetro territorial del Estado, tampoco pueden estar sometidos a votación los derechos fundamentales: la vida, la libertad de expresión, reunión, asociación y religión… La Alemania de los años 30 asistió a una autodestrucción democrática de los derechos: Hitler fue bendecido por las urnas. El gran reto que se plantea el constitucionalismo a partir de 1945 es cómo impedir que el pueblo pueda decidir destruir la libertad en un rapto de fanatismo. La solución será la creación de un “coto vedado” (Garzón Valdés) de derechos sustraídos a la decisión democrática mediante su inclusión en partes de la Constitución de muy difícil reforma. El progreso civilizatorio conseguido después de 1945 consiste precisamente en que no se pueda votar sobre cualquier cosa.

Adolf Hitler visita Leipzig en 1932.

Al optar por un 155 light, breve y reducido a la convocatoria de comicios autonómicos, Rajoy aplica falsas soluciones electorales a un problema que en realidad es legal y constitucional. Pues en Cataluña son conculcados desde hace décadas derechos pertenecientes al “coto vedado”, derechos que no deben depender de las urnas. El adoctrinamiento nacionalista en las aulas vulnera el art. 27.3 de la Constitución, que garantiza el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación “coherente con sus propias convicciones”. La imposición del catalán vulnera el art. 3, que consagra el “deber de conocer y el derecho a usar” la lengua española. La conversión de TV3 y Catalunya Radio en groseros altavoces del agitprop separatista atropella el art. 20.3, que establece que los medios de comunicación públicos deben “respetar el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España”.

La intervención de la autonomía vía art. 155 ofrecía una oportunidad para al menos iniciar el desmantelamiento del entramado liberticida e inconstitucional del separatismo (medios de comunicación, red subvencionada de asociaciones nacionalistas, policía autonómica politizada y desobediente al Estado…). Al desechar la intervención de TV3, al consolidar en la jefatura de los Mossos al que era su número 2 en la sedición del 1 de Octubre, al negar el ministro Méndez de Vigo que haya adoctrinamiento en las aulas, se hace evidente que el PP no desea acometer ese desmantelamiento. Su única aspiración es ganar tiempo, evitar la secesión inmediata y quizás rascar algún diputado. Tratar el cáncer con aspirinas.

Al incurrir él también en el fetichismo electoral del “¡votaremos!”, Rajoy admite que todo depende de las urnas, avalando la interpretación del 21 de Diciembre como un 1 de Octubre bis. Los separatistas ya se han acogido a esa lectura: “Esperamos que el Gobierno aceptará esta vez el veredicto de los votantes”.

Una Cataluña envenenada por cuatro décadas de propaganda nacionalista no podrá salvarse a sí misma

¿Qué otra cosa se hubiera podido hacer? Prolongar la suspensión autonómica lo suficiente para que hubiera tiempo de iniciar el desmontaje del régimen nacionalista (interviniendo TV3, aplicando medidas contra el adoctrinamiento escolar, etc.). Después, concurrir a las autonómicas con un programa que prometiera la conclusión de esa tarea de desmontaje: por ejemplo, disolución de la policía autonómica y recuperación estatal de las competencias educativas (o, en su defecto, ley nacional que reduzca el porcentaje de currículum escolar decidido por las CC.AA. y acabe con la inmersión lingüística).

Y hacerlas coincidir con elecciones legislativas nacionales que refuercen a un nuevo gobierno de España para aplicar esas medidas enérgicas, que nunca decidirá un Parlamento catalán. Una Cataluña envenenada por cuatro décadas de propaganda nacionalista no podrá salvarse a sí misma; en las próximas autonómicas volverán a ganar los separatistas, con o sin ayuda de Podemos (o incluso del PSC “constitucionalista”, quizás asociado a Podemos y Esquerra en tripartito a lo Roures). El respeto de la Constitución y de las libertades tendrá que ser impuesto por el Estado a la Generalidad.

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Francisco J. Contreras Peláez (Sevilla, 1964) es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla. Autor de los libros: Derechos sociales: teoría e ideología (1994), Defensa del Estado social (1996), La filosofía de la historia de Johann G. Herder (2004), Savigny y el historicismo jurídico (2004), Tribunal de la razón: El pensamiento jurídico de Kant (2004), Kant y la guerra (2007), Nueva izquierda y cristianismo (2011, con Diego Poole), Liberalismo, catolicismo y ley natural (2013) y La filosofía del Derecho en la historia (2014). Editor de siete libros colectivos; entre ellos, The Threads of Natural Law (2013), Debate sobre el concepto de familia (2013) y ¿Democracia sin religión? (2014, con Martin Kugler). Ha recibido los premios Legaz Lacambra (1999), Diego de Covarrubias (2013) y Hazte Oír (2014).