Inmigración, Estado asistencial y el ogro Trump

    Es imposible tener a un mismo tiempo fronteras abiertas y Estado del Bienestar: mejor dicho, es posible, pero también una receta para la ruina. Habrá que desactivar alguno de los factores. Y no parece que vaya a ser el Estado del Bienestar.

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    Ilustración de Donald Trump/ Actuall-AMB
    Ilustración de Donald Trump/ Actuall-AMB

    La administración Trump anunció hace unos días –en un documento titulado ‘Inadmissibility on Public Charge Grounds’– un importante cambio de rumbo en la política inmigratoria de EE.UU. El hecho de recibir asistencia social estatal –por ejemplo, “food stamps” (vales para comida), “housing vouchers” (ayudas para el pago de alquileres), etc.- será computado muy negativamente a la hora de conceder o no la “green card”, es decir, el permiso de residencia en el país.

    Se está desencadenando ya el previsible griterío emocional-humanitario: “Esto es un ataque en toda regla contra las familias inmigrantes y un intento de convertir nuestro sistema de inmigración en un sistema de pago [es decir, sólo quien pague impuestos tendría derecho a ver considerada su solicitud de residencia permanente] sólo accesible a los ricos”, ha declarado Jackie Vimo, analista del National Immigration Law Center.

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    Sin embargo, la medida de Trump apunta exactamente en la dirección adecuada para la racionalización del fenómeno migratorio. Es imposible tener a un mismo tiempo fronteras abiertas y Estado del Bienestar: mejor dicho, es posible, pero también una receta para la ruina. Un sistema generoso de prestaciones sociales atraerá inevitablemente a una masa inmensa de inmigrantes de países más pobres. Los defensores de la inmigración dicen a menudo que “los migrantes nos pagarán las pensiones”; sin embargo, las estadísticas muestran que reciben del sistema más de lo que aportan (pues, o bien trabajan en negro, o bien perciben salarios bajos y pagan pocos impuestos y cotizaciones sociales, recibiendo en cambio muchas prestaciones públicas).

    Otro barato tópico pro-inmigración es el de que “Estados Unidos siempre ha sido una nación de inmigrantes”. Es históricamente inexacto porque, como argumentara Huntington, los fundadores de Estados Unidos no fueron inmigrantes sino “settlers”, pioneros que llegaban a una tierra virgen (o considerada tal por ellos, pues los indios no contaban en sus planes) y construían una nueva sociedad desde cero. El inmigrante, en cambio, se incorpora a una sociedad preexistente, se sube a un país ya en marcha. El término “immigrant” no empezó a usarse en EE.UU. hasta finales del siglo XVIII, cuando los rasgos definitorios de la sociedad norteamericana ya estaban fijados. Quienes llegaron en el XVII y el XVIII no eran inmigrantes, sino colonos.

    El porcentaje de familias beneficiarias de asistencia social (entre la población inmigrante), lejos de reducirse, tiende a aumentar a medida que se amplía el tiempo de permanencia en EE.UU.

    Pero, además, el tópico pasa por alto una diferencia decisiva entre el tipo de inmigración que recibió EE.UU. hasta 1965 y el que ha acogido desde entonces. Y el documento trumpiano sabe formular esa diferencia: “la autosuficiencia fue un principio básico de la inmigración a EE.UU. desde las primeras leyes de inmigración de este país”. En efecto, en el siglo XIX y primera mitad del XX, América era la “tierra de las oportunidades”: el lugar en el que la gente emprendedora e inteligente, cualquiera que fuese su origen, podía tener esperanza de triunfar. Aquellos inmigrantes no acudían atraídos por los subsidios sociales y servicios públicos sanitarios o educativos, sino por un mercado libre sin barreras estamentales en el que los más capaces podían esperar prosperar, si trabajaban duro. Por eso, antes de 1965, el inmigrante medio tenía más nivel de estudios y menos probabilidad de recibir “welfare” (asistencia social) que el norteamericano medio. Se trataba, además, de una inmigración mayoritariamente europea.

    Desde 1965, paralelamente al desarrollo de un Estado del Bienestar cada vez más generoso, se han producido dos cambios: la inmigración dejó de ser europea para pasar a ser hispanoamericana, asiática y africana, y los inmigrantes llegaron a consumir prestaciones sociales en proporción muy superior al norteamericano medio. Concretamente, el estudio ‘Welfare Use by Immigrant and Native Households’, del Center for Immigration Studies, muestra que el porcentaje de hogares que reciben asistencia social es actualmente del 30% entre los norteamericanos nativos y del 51% entre los inmigrantes. En algunos programas concretos, como el sanitario Medicaid, la desproporción es aún mayor (23% de usuarios entre los americanos nativos, 42% entre los inmigrantes).

    Ratios de uso de beneficios sociales diferenciados entre inmigrantes y nativos en los Estados Unidos.
    Ratios de uso de beneficios sociales diferenciados entre inmigrantes y nativos en los Estados Unidos.

    Podría pensarse que ese grueso porcentaje de perceptores de ayudas sociales incluye a muchas familias recién llegadas que abandonarán la asistencia social cuando hayan echado raíces y encontrado trabajo. Pero el estudio muestra que el porcentaje de familias beneficiarias de asistencia social (entre la población inmigrante), lejos de reducirse, tiende a aumentar a medida que se amplía el tiempo de permanencia en EE.UU.: entre las familias que llevan entre 11 y 15 años, es del 54%; entre las que llevan entre 16 y 20 años, del 56%. Es decir, la dependencia asistencial no es para ellas una situación de emergencia transitoria, sino un modo de vida definitivo.

    Y sí, parece haber una correlación entre la procedencia geográfico-cultural y la propensión a utilizar la asistencia social. El porcentaje de gente que la recibe es, entre los inmigrantes europeos, de sólo un 26% (inferior a la media de los norteamericanos nativos, que es del 30%). Entre los inmigrantes de Asia oriental, del 32%. Entre los de Sudamérica, del 41%. Entre los de Africa, del 48%. Entre los de México y América central… del 73%.

    Ratios de uso de beneficios sociales por parte de los inmigrantes en los Estados Unidos según el país de origen.
    Ratios de uso de beneficios sociales por parte de los inmigrantes en los Estados Unidos según el país de origen.

    Así que los términos de la ecuación parecen claros: Estado del Bienestar más fronteras abiertas igual a mexicanización de EE.UU. Una mexicanización que no es sólo étnica o lingüística, lo cual importa menos (aunque habría que ver cómo reaccionaríamos nosotros frente al asentamiento, por ejemplo, de millones de marroquíes en ciertas regiones españolas, sobre todo si no supieran español y siguieran hablando árabe en casa: sólo en California son necesarios en la actualidad 4.000 intérpretes para atender a la población escolar que no entiende inglés), sino también política: esas decenas de millones de inmigrantes dependientes de los servicios asistenciales votarán –cuando obtengan la ciudadanía- al Partido Demócrata, y a favor de nuevos programas de ayuda social. Y así indefinidamente, hasta la bolivarianización. La izquierda se eternizaría en el poder al precio de la renuncia a la excepcionalidad (norte)americana.

    El binomio “Estado asistencial + fronteras abiertas” se retroalimenta y apunta a la ruina. Habrá que desactivar alguno de los factores. Y no parece que vaya a ser el Estado del Bienestar.

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    Francisco J. Contreras Peláez (Sevilla, 1964) es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla. Autor de los libros: Derechos sociales: teoría e ideología (1994), Defensa del Estado social (1996), La filosofía de la historia de Johann G. Herder (2004), Savigny y el historicismo jurídico (2004), Tribunal de la razón: El pensamiento jurídico de Kant (2004), Kant y la guerra (2007), Nueva izquierda y cristianismo (2011, con Diego Poole), Liberalismo, catolicismo y ley natural (2013) y La filosofía del Derecho en la historia (2014). Editor de siete libros colectivos; entre ellos, The Threads of Natural Law (2013), Debate sobre el concepto de familia (2013) y ¿Democracia sin religión? (2014, con Martin Kugler). Ha recibido los premios Legaz Lacambra (1999), Diego de Covarrubias (2013) y Hazte Oír (2014). Diputado de Vox por Sevilla en la XIV Legislatura.