En 1920, durante un viaje por la Unión Soviética, el escritor inglés Herbert G. Wells tuvo la oportunidad de entrevistar a Lenin en el Kremlin. En un momento de la charla, Wells incomodó al mandatario ruso observando que ya tenían la revolución social que querían y, sin embargo, el mundo nuevo y mejor seguía sin llegar. A lo que Lenin contestó: “Para que nuestra revolución dé sus plenos resultados, sería preciso que el mundo occidental hiciese también la revolución”.
El lobby LGTBI ya ha hecho su revolución, pero sigue necesitando, como el viejo camarada Vladímir Ilich, el sutil giro de tuerca que convierte las propias obsesiones en un manual de redención de la especie humana de obligada lectura y cumplimiento. El giro sutil que va de la libertad al totalitarismo.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraLa ley de Protección Integral contra la Discriminación por Diversidad Sexual y de Género, aprobada por la Asamblea de Madrid, así como todas las leyes aprobadas en el mismo sentido por los diferentes parlamentos regionales, parte (como cualquier totalitarismo) de una gran mentira, y es que exista tal discriminación.
La verdadera revolución del lobby LGTBI no tiene nada que ver con la lucha por la igualdad, ya consagrada en el artículo 14 de la Constitución española desde 1978. En realidad, se trata más bien de una lucha por obtener un estatus de privilegio fundamentado en la orientación sexual del individuo.
Con la excusa de combatir una supuesta discriminación débilmente demostrada, estas leyes institucionalizan la discriminación, rompiendo la igualdad constitucional de todos los españoles.
El lobby gay no se contenta con los pasos de cebra multicolor, ni con policías ideológicas, ni con empapelar una ciudad como Sevilla de parejas de gays entregadas a un tórrido morreo
El lobby gay no se contenta con haber asaltado las balconadas de los Ayuntamientos de media España para colocar en ellos su bandera, como los marines en el monte Suribachi de Iwo Jima.
No se contenta con la orgía de millones de las arcas públicas que ceban cada Día del Orgullo, ni con que éste se proclame bien de interés general en Madrid para sortear las multas por el exceso de ruido y las molestias que provocan a los vecinos.
No se contenta con los pasos de cebra multicolor, ni con policías ideológicas, ni con empapelar una ciudad como Sevilla de parejas de gays entregadas a un tórrido morreo.
Para satisfacer plenamente al lobby homosexual, el resto de la sociedad debe asumir la nueva ética multicolor como propia. Quiera o no quiera.
El camino para doblegar conciencias y asegurar el silencio es el uso de la ley contra el disidente. En este punto, los ideólogos LGTB han encontrado en los representantes públicos unos entusiastas aliados, dispuestos a cercenar derechos fundamentales con tal de evitar que el chunda-chunda rosa les catalogue de homófobos. O les vete en la marcha del Orgullo, que también duele lo suyo.
La ley recién aprobada en Madrid es totalitaria porque impone como verdad absoluta la controvertida premisa de que el género es producto de la voluntad individual y soberana
La ley recién aprobada en Madrid es totalitaria porque impone como verdad absoluta la controvertida premisa de que el género es producto de la voluntad individual y soberana.
Es totalitaria porque usurpa a los padres el derecho a educar a los hijos según sus principios éticos, morales y religiosos.
Es totalitaria porque irrumpe en las aulas de colegios públicos, concertados y privados y obliga a educar en la ideología de género y en los “diferentes modelos de familia” pisoteando el ideario de los centros.
Es totalitaria porque obliga a los docentes a reprogramar sus convicciones y a recibir “formación” por parte de las organizaciones LGTBI.
Es totalitaria porque censura las publicaciones que no reconozcan la diversidad sexual en las bibliotecas de la Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos, y obliga a adquirir fondos de temática homosexual.
Es totalitaria porque prohíbe toda intervención médica, psiquiátrica, psicológica, religiosa o de cualquier otra índole, que persiga la modificación de la orientación sexual o de la identidad de género de una persona, aunque ésta la demande, bajo pena de multas de hasta 45 mil euros.
Es totalitaria porque pone a los medios de comunicación de titularidad autonómica, y aquellos que perciban ayudas, subvenciones o fondos públicos de la Comunidad de Madrid, al servicio de la ideología LGTB.
Y es totalitaria, porque invierte la carga de la prueba en las denuncias por homofobia, teniendo el denunciado que demostrar su inocencia ante los tribunales y otorgando así a los colectivos de gays y lesbianas un privilegio legal del que carecen el resto de ciudadanos.
Esta ley totalitaria ha sido aprobada y aplaudida casi por unanimidad, también por el único partido de inspiración liberal en la cámara madrileña, el PP
Lo más inquietante de todo es que esta ley totalitaria ha sido aprobada y aplaudida casi por unanimidad, también por el único partido de inspiración liberal en la cámara madrileña, el PP.
Un gobierno autonómico, una institución al servicio de todos los ciudadanos, se ha convertido de esta manera en promotor de un modelo de pensamiento que sólo comparte un sector de la ciudadanía. Es el fin de la exigible neutralidad institucional, tan invocada en otros campos (por ejemplo en la defensa de la laicidad del Estado).
Está por ver el alcance real de esta ley y la utilización que de ella vayan a hacer los activistas del homosexualismo para socavar los últimos reductos de libertad de pensamiento que quedan en pie, y en especial, el papel de la Iglesia como transmisora de una Verdad antropológica radicalmente contraria a sus postulados.
Hace unos días, los tribunales italianos condenaban a las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús a pagar 25 mil euros a los grupos LGTB por haber expulsado a una profesora de uno de sus colegios, cuya condición de lesbiana iba contra la ética y los valores del centro. El jaque mate, en España, es cuestión de tiempo.