Bandera arcoiris identificadora del lobby LGTBI
Bandera arcoiris identificadora del lobby LGTBI

Por su interés, reproducimos el artículo publicado por la ex senadora del Partido Popular (ahora involucrada en el Proyecto Avanza) Gari Durán, en el que analiza en profundidad las implicaciones de la ley mordaza LGTBI impulsada por Podemos en el Congreso de los Diputados.

Escribir con la sensación de lo que lo que una dice puede llegar a ser constitutivo de delito o, por ahora, reprobación social, no es cómodo, pero como decía Orwell “si la libertad significa algo, es el derecho a decir a los demás lo que no quieren oír”.

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Y si el autor de 1984 se expresaba así, intuyo que era porque demasiado bien sabía la poca estima, la escasa autoconciencia de la falta de libertad con la que los seres humanos somos capaces de vivir y la facilidad con la que nos adaptamos a las dictaduras, preferentemente a las de pensamiento.

“La libertad no consiste en tener un buen amo sino en no tenerlo”, decía Cicerón, sin embargo con qué naturalidad nosotros, que vivimos en un Estado de Derecho, nos conformamos con cambiar de amo y permitimos que se nos arrebaten esas libertades sin inmutarnos porque, una vez que hemos delegado parte de nuestros derechos y deberes en quienes nos gobiernan y representan, sólo si nuestra economía se resiente, nos rebelamos, y nunca lo suficiente.

Pero si además la corriente ideológica dominante va en un sentido, nuestra libertad individual se convierte en algo perfectamente sustituible.

Lo que ha pasado a denominarse el Orgullo, esa fiesta de la diversidad de la que se excluye al que disiente, nos muestra esa sumisión ideológica, escasamente razonada a la que me refiero. No hablaré de la fiesta, sino de la reacción política que suscita y que es, al fin y al cabo la que, como ciudadana, más me concierne.

El Orgullo ha sido el momento elegido para mostrar lo que apunto. En concreto, dos iniciativas legislativas, una del grupo confederal de Unidos Podemos y otra de Ciudadanos.

La segunda -la referida a los vientres de alquiler-, de no ser por las prisas en apuntarse el tanto del apoyo al colectivo gay en tan señalada fecha, hubiese podido mantenerse en la neutralidad con la que hasta ahora se mostraba, es decir: un recurso para parejas con imposibilidad para tener hijos, sin más.

Pero supongo que la tentación del electoralismo ha podido más que otra cosa, y la ley se ha anunciado como una medida para que las parejas de hombres homosexuales puedan ejercer su derecho a la paternidad (algo que, por otra parte, ya presumíamos).

Unidos Podemos y demás asociados, pretendieron realizar el gesto simbólico de, coincidiendo con el Orgullo, iniciar la tramitación de la «Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales» (no les ahorro ningún término porque, de aprobarse, como parece que ocurrirá, más les vales que se familiaricen con todos y cada uno de los términos). No ha podido ser pero, en cualquier caso, en breve, se deberá votar su toma en consideración. Ya les adelanto que nadie se opondrá a ese trámite.

“La proposición de Ley es impulsada por un grupo en el que su parte principal es financiada por un régimen que condena a muerte a los homosexuales, Irán”

No voy a excusarme por cuestionar la ley, no lo hice cuando se aprobó la ley balear y no lo haré ahora. La cuestión está en que, a diferencia de los que juzgan sin conocer, yo siempre me leo aquello de lo que hablo y, a partir de ahí, saco mis conclusiones.

La primera de ellas, la más obvia: la proposición de Ley es impulsada por un grupo en el que su parte principal es financiada por un régimen que condena a muerte a los homosexuales, Irán.

Aunque son muchos más los países en los que se discrimina o encarcela a las personas homosexuales, sólo en Irán y en cinco países más se les ejecuta. Es una paradoja con la que, en palabras de Pablo Iglesias, pueden convivir perfectamente.

La segunda, que “el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones” y con eso me refiero a que reconozco la lucha de personas y colectivos para que se acabase con una discriminación secular, que muchos pagaron duramente.

Y soy consciente también, que dichos colectivos, de muchos de los cuales depende el voto de Podemos, han aprovechado el momento -tan propicio- para redactar una ley única y exclusivamente a su medida.

Como he dicho en otras ocasiones, creo que una de las conquistas de la democracia es la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, y por eso, la discriminación positiva -aunque me beneficie- no sólo no me gusta, sino que la considero el coladero de la arbitrariedad, es decir, ese camino empedrado de buenas intenciones que nos lleva al infierno de la falta de libertad.

La cuestión es si, como dice la Constitución en su título I, «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social» ¿es necesaria una ley cuyo objeto sea sólo un colectivo? ¿No sería mejor desarrollar aquellas cuestiones en las que exista una discriminación real? ¿Es lícito aprobar una norma en la que esa igualdad de todos ante la ley desaparece?

Tan grave como lo anterior es el hecho de que, lo que subyace en toda la ley y que por tanto condiciona el régimen de derechos y deberes y, sobre todo, el sancionador, es una ideología, una concepción antropológica, que merecería, cuanto menos, el acuerdo de los ciudadanos. Lejos de eso, desde su título a su objeto, y el resto del articulado, esa ideología se nos impone, no sólo a los mayores de edad, sino también a los menores, sin que, como progenitores tengamos nada que decir.

Una ley en la que, la primera premisa es aceptar que existe una realidad y en la que se sanciona disentir de ella. Una norma en la que las infracciones lo son por acción, omisión e incluso por «discriminación por error» y en la que en su artículo 74 se consagra la desigualdad ante la ley con «la inversión de la carga de la prueba» ya sin ambigüedad alguna.

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