¿En el arte vale todo? ¿Puede el Estado apoyar sacrilegios?, por Rafael Palomino

    El episodio de Abel Azcona y la exposición sacrílega de Pamplona pone sobre el tapete el debate de los límites de la libertad de expresión. El autor, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Complutense, explica algunos conceptos básicos.

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    El autor forma la palabra pederastia en el suelo con formas consagradas / Twitter
    El autor forma la palabra pederastia en el suelo con formas consagradas / Twitter

    Rafael Palomino.

    El arte contemporáneo descansa sobre dos puntos aparentemente contradictorios: por un lado, un cierto aristocratismo gnóstico, que reserva el placer de la contemplación para unos iniciados (normalmente los críticos y los propios artistas).

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    Por otro lado, se apoya sobre la vulgaridad entendida como categoría que, como señala Javier Gomá, «concede valor cultural a la libre manifestación de la espontaneidad estético-instintiva del yo».

    Sentado lo anterior, cada vez parece más patente que, ante el Derecho, el arte juega al mismo tiempo dos papeles que le sitúan en un ámbito de impunidad o de a-legalidad.

    En el primero de esos papeles, el arte tiene un código interpretativo propio —un juego del lenguaje específico, por seguir la terminología wittgensteiniana— y sólo puede ser juzgado «desde dentro» de ese código que lo auto-define.

    La descontextualización permite que lo que en origen es sólo un urinario, en un museo sea una obra de arte… la “fuente” de Marcel Duchamp

    Por ejemplo: la descontextualización como clave del código lingüístico propio del arte permite que lo que en origen es sólo un urinario, en un museo sea una obra de arte (la «fuente» de Marcel Duchamp).

    La fuente de Marcel Duchamp.
    La fuente de Marcel Duchamp.

    En su segundo papel, el arte necesita (parece que cada vez con más frecuencia) de la transgresión como reclamo, lo cual provoca el salto desde su código hermenéutico propio al del resto de la sociedad, donde la transgresión y la provocación tienen un sentido distinto.

    Si esa transgresión como reclamo comercial es tachada «desde fuera» como violación de sentimientos religiosos, incitacion contra una raza, desprecio de valores sociales, etc., la alegación (poco justificable, desde luego) sería: «estamos haciendo arte, no pretendemos insultar ni dañar a nadie».

    El Código penal requiere una prueba imposible: se tiene que demostrar que había intención de insultar, dañar

    A esa conquistada impunidad, en el caso español se añade que para la protección real de esos determinados bienes sociales a los que hacía antes referencia (como los sentimientos religiosos) frente a claras y graves lesiones, el Código penal requiere una prueba imposible: se tiene que demostrar que había intención de insultar, dañar («… los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias…», señala el artículo 525 del Código Penal español, la cursiva es mía).

    En lo que se me alcanza, no existen apenas casos en los que se haya podido demostrar dicha finalidad de ofender. Y si alguien, ante el juez, afirmara abiertamente «sí, lo hice con intención de ofender y lo vuelvo a hacer ahora», no cabe duda que sería tomado por un sujeto que no está en su sano juicio, no por un infractor de la ley.

    Al margen de tecnicismos jurídicos, a nadie se le escapa que el uso de la libertad de expresión (también artística) no es un derecho ilimitado.

    La provocación y la transgresión gratuitas saltan de los legítimos márgenes de la discusión de asuntos de interés común o público en una sociedad democrática —por parafrasear al Tribunal Europeo de Derechos Humanos— para situarse en un ámbito que enrarece la libre discusión y la convivencia democrática.

    Mucho me temo que exposiciones como la de Abel Azcona no ayudan a generar una sociedad más tolerante, inclusiva y abierta.

    Si un ayuntamiento apoya o financia la lesión de los sentimientos religiosos, el Estado está transgrediendo su deber de neutralidad ideológica y religiosa

    Y un importante apunte final para este breve comentario. En virtud del artículo 16.3 de la Constitución, el Estado español es aconfesional. Esto le obliga a observar un deber de neutralidad ideológica y religiosa.

    El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron/Fuente:EFE

    Y si un ayuntamiento apoya o financia, de forma directa o indirecta, la lesión de los sentimientos religiosos, esto significa claramente que el Estado está transgrediendo su deber de neutralidad ideológica y religiosa.

    Un Estado así está a un paso de elevar a nueva religión oficial el desprecio a la religión. Y eso, creyentes o no creyentes, por el bien de todos, no deben permitirlo.

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