Imagen de un bebé que sólo estuvo 24 semanas en el vientre materno (6 meses) .
Imagen de un bebé que sólo estuvo 24 semanas en el vientre materno (6 meses) .

Se llama Esperanza. Es argentina, tiene apenas unos días de vida y pesa menos de un kilo. En cuanto escribo, se encuentra en una incubadora, con los ojos vendados y entubada, para poder respirar. Se debate entre la vida y la muerte.

La forzaron a nacer con apenas seis meses de gestación el pasado viernes 18 de enero a través de un parto anticipado por cesárea porque una horda de mujeres con pañuelos verdes la quería muerta. Los médicos se oponían, pero el poder político dio la orden de “sacarla” prematuramente de su madre.

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Pero aún hay más. El caso es una verdadera tragedia. Su madre es una adolescente de 12 años que fue violada por un vecino de 65 años. Es una familia de escasos recursos de la ciudad de San Pedro, en la provincia de Jujuy, al norte de Argentina. Su nombre no se ha revelado, por motivos obvios, y no quería tener a Esperanza.

La menor ingresó en el Hospital Guillermo Paterson, de su ciudad, el viernes 11 de enero, derivada del puesto de salud del barrio al que fue llevada para atender un dolor abdominal. Allí descubrieron que estaba embarazada y se pensó que estaría en los primeros meses de gestación.

Cualquier método de aborto contemplado ponía en riesgo también la vida de la madre y además estaba fuera del plazo legal

Al llegar al hospital se siguió el protocolo de atención a menores que solicitan el aborto, elaborado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy al pie de la letra. La mamá de la adolescente pidió el aborto y éste se realizaría el sábado 12, pero hubo un giro inesperado.

Los estudios médicos preparatorios revelaron que el bebé no tenía dos meses de gestación sino casi seis: 23 semanas y media; y pesaba más de medio kilo. El director del nosocomio, Marcelo Villa, decidió atender personalmente el caso y ordenó parar el procedimiento. Si se practicaba el aborto, habría un riesgo muy alto de vida para la madre.

Hasta antes de ese momento no había ningún diagnóstico que determinara que la adolescente estaba en peligro de muerte. Evidentemente, dado la edad de la gestante, se trataba de un embarazo de riesgo, pero no había amenaza inminente a su vida. Además, los exámenes revelaban que la bebé se desarrollaba normalmente.

Por tanto no habría aborto. Cualquier método sugerido en el protocolo de “interrupción legal del embarazo” (ILE), establecido por el gobierno nacional, pondría en riesgo a la menor. Además, de texto de ese protocolo se infiere que no se contemplan los embarazos de 24 semanas de gestación en delante. Y la nena estaba ya cumpliendo ese plazo.

Las organizaciones provida promovieron amparos legales para que se respetara también la vida de la bebé, ofrecieron directamente ayuda a la familia

La presión de la horda verde 

Sin embrago, el lobby verde del feminismo supremacista, que ‘casualmente’ se enteró del caso desde el inicio, cercó a la madre y montó una campaña pública contra el director del hospital. Villa se vió obligado a derivar el caso a la Justicia. El fiscal de turno, José Alfredo Blanco, se lavó las manos: dijo que no era un asunto de su competencia y que la decisión debería tomarla la familia y los médicos.

Se abrió así un impasse. Los médicos decían ‘no’ y la familia – por lo menos la madre de la menor – decía ‘si’ al aborto. Las ‘verdes’ se lanzaron entonces a presionar al gobierno local para que diera la orden de que se ejecutara el aborto. A como diera lugar.

En tanto, las organizaciones provida promovieron amparos legales para que se respetara también la vida de la bebé, ofrecieron directamente ayuda a la familia, y solicitaron a los médicos que salvaran las dos vidas. Se apostaron – igual que la ‘verdes’ – en torno del hospital.

La menor fue transladada el 16 de enero al Hospital Materno Infantil ‘Héctor Quintana’ de San Salvador, la capital de Jujuy. Allí, el equipo de médicos que evaluó el caso llegó a la misma conclusión: un aborto provocado colocaría en riesgo de vida a la adolescente.

“Se trata de un caso muy delicado y peligroso para la menor; lo más aconsejable para la salud de la niña y del bebé es un parto inducido, pero, por lo menos dentro de dos semanas más. Inducir el parto en este momento puede generarle al bebé parálisis cerebral, ceguera u otros daños, puede morir”, explicó ese día Gustavo Briones, jefe de la Maternidad del hospital.

Ignorando la segunda evaluación médica, que coincidía con la primera, las verdes, endurecieron las presiones sobre el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien el jueves 17 anunció que “garantizaría el cumplimiento del Protocolo de la ILE” y “respetaría la voluntad de la niña y la madre” que ahora ya habían solicitado el aborto por escrito.

https://twitter.com/futurockOk/status/1086244574861946885

Los médicos se negaron a matar a la bebé en el vientre de la gestante y optaron por adelantar el parto con una cesárea. Si sobrevivía la bebé sería dada en adopción. Y un nuevo recurso judicial interpuesto por los provida imposibilitó que se obligara al Hospital a dejar a la bebé morir como el reciente caso de Entre Rios.

En esa poblada provincia argentina, el 1 de diciembre de 2018, mediante una orden judicial se ejecutó un aborto en una adolescente de 13 años con cinco meses de embarazo; el bebé nació vivo y se le dejó agonizar por 10 horas sin ningún auxilio.

Según el parte médico, la adolescente salió bien de la operación, pero la bebe no. Aunque el personal médico le dió atención inmediata, su vida corre grave riesgo y las posibilidades de cargar graves secuelas si sobrevive son muy altas.

Las “verdes” estallaron en cólera. No perdonan que Esperanza no fuera asesinada en el vientre materno o dejada en una tarja metálica, agonizando, como un animal

Sed de sangre

En condiciones “normales”, las autoridades y la familia hubieran seguido las recomendaciones de los médicos. Esperar un poco más, monitorando de cerca a la gestante, listos para intervenir ante cualquier posible riesgo para la menor.  Una cuestión de racionalidad y sentido común.

Sin embargo, la saña de la “horda verde” mudó esas “condiciones normales”. Morales aceptó la presión y prefirió oír a las feministas que a los médicos.

Y aún así, las “verdes” estallaron en cólera. No perdonan que Esperanza no fuera asesinada en el vientre materno o dejada en una tarja metálica, agonizando, como un animal.

Este domingo, 20 de enero, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y una veintena de organizaciones feministas divulgaron un comunicado en el que dicen que el gobierno de Jujuy mintió, pues no “garantizó la interrupción del embarazo” solicitada por la víctima de violación.

Afirman que se usó a la adolescente como “incubadora” y que se le victimizó de nuevo al someterla a un “parto quirúrgico”, según ellas, los médicos que estuvieron involucrados, el gobernador Morales y su secretario de Salud, Gustavo Bohuid, cometieron actos que se pueden tipificar como “tortura”.

El texto es surreal. En la misma línea va la declaración la Fundación Huesped, una entidad que recibe fondos de la International Planned Parenthood Federation (IPPF) para promover el aborto en Argentina: “La cesárea practicada a la nena de 12 años […] es maternidad forzada” (sic).

Nótese que lo que piden es que se realizaran en la menor las prácticas abortivas que dos equipos médicos, diferentes, coincidieron en considerar peligrosas para la vida de la gestante. ¿Qué querían exactamente? ¿Arriesgar la vida de la adolescente para garantizar el asesinato de la bebé? ¿Querían un aborto a cualquier costo?

En diálogo con Clarín, el gobernador se defendió: “Se cumplió en todo el protocolo y la voluntad de la menor con la realización de la cesárea”. Y reveló que algunas “verdes” le llegaron a pedir “matar a la criatura”.

«De un lado, los ‘celestes’ pedían esperan al séptimo mes de gestación, y del otro, los ‘verdes’ […] llegaron hasta a plantear que ese bebé no tendría que existir, que más o menos tenemos que matar a la criatura, y eso es algo que no lo vamos a hacer”, dijo.

Parecería que las feministas argentinas buscan hacer valer cada dólar recibido de la IPPF. No se trata de poco dinero. Esta organización transfirió una cantidad equivalente a más de 5 millones de dólares en los últimos 10 años a entidades argentinas para hacer avanzar la agenda abortista.

El dinero ha ido para FUSA, una organización que dice promocionar la salud entre los adolescentes, pero que dedica buena parte de sus esfuerzos en incentivar el aborto; las autodenominadas ‘Católicas por el Derecho a Decidir’, la Fundación Huésped, el Fondo de Mujeres del Sur, entre otras.

Algunos de esos dólares, manchados de sangre, han contribuido -directa o indirectamente- para que Esperanza haya sido “sacada” anticipadamente del seno de su madre, a pesar de que en su país, el artículo 4 de la Constitución le garantiza el derecho a la vida.

Gracias a esas organizaciones, irrigadas por el “oro verde”, se han hecho realidad las presiones que querían someter a la madre de Esperanza a una serie de procedimientos más peligrosos para su vida que el propio embarazo. Esta bien de salud, por que los médicos se negaron a escucharlas.

La supervivencia de Esperanza les irrita, les incomoda, les frustra. La querían muerta y no lo consiguieron. Varias familias que se han presentado para adoptarla, pero ella se debate entre la vida y la muerte. Su caso ya rebasó las fronteras de Jujuy y evidenció al mundo la saña que puede haber por trás de un pañuelo verde.

Rezemos. Rezemos por la pequeña Esperanza y también por las heridas del alma de su jovencísima madre. Las dos son víctimas y merecían más que lo que se les dió.

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