Esta ha sido la legislatura del engaño. Cuando en 2010, en pleno segundo mandato de Zapatero, se reprochaba a Rajoy y al Partido Popular que no diera la batalla ideológica, la excusa era (¿se acuerdan Vds.?) que había que alcanzar el poder y, para ganar las elecciones, no convenía radicalizarse.
En 2012, una vez obtenida una amplia mayoría, la excusa para no acometer reformas ideológicas (¿se acuerdan Vds.?) era que había que concentrarse en la economía, como si los gobernantes del PP solo tuvieran una neurona y estuvieran imposibilitados para acometer dos tareas simultáneamente.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraJamás hubo intención por parte del PP de derogar la leyes ideológicas de Zapatero
Ahora, finalizada la legislatura, vemos que, en realidad, jamás hubo intención alguna de derogar ni una sola de las leyes ideológicas de Zapatero, quizá porque a eso es a lo que se comprometió Rajoy para que le dejaran acceder a la Moncloa. Cuatro años de mayoría absoluta tirados a la basura.
Tal vez sea el tema del aborto uno de los que mejor retratan la manera en que el PP ha engañado a sus electores. Porque no es solo que el PP no haya derogado la ley de aborto libre que Zapatero aprobó, sino que ha trabajado activamente (como ahora veremos) para ayudar a que no fuera derogada.
El doble delito del PP
Comencemos por los pecados por omisión. Teniendo mayoría absoluta, el PP hubiera podido derogar la ley del aborto de Zapatero en cualquier momento de la legislatura. Pero no lo hizo. Lo cual constituye un doble delito: primero, por el engaño a unos electores que votaron en 2011 un programa en el que la defensa de la vida figuraba de modo expreso; pero, en segundo lugar, recordemos que fue el propio PP quien recurrió, por inconstitucional, esa ley zapaterina del aborto. Lo cual quiere decir que el gobierno de Rajoy ha mantenido sin derogar una ley del aborto que él mismo dijo que es inconstitucional.
Nos encontramos con un presidente que ha mantenido una ley del aborto que él mismo consideraba inconstitucional
Teniendo en cuenta que Rajoy juró, al acceder al cargo de presidente de gobierno, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, nos encontramos con un presidente de gobierno que ha mantenido una ley del aborto que él mismo consideraba inconstitucional. De modo que ha faltado conscientemente a su juramento.
En términos vulgares, se llama perjurio. En términos penales, probablemente no se pueda extender la figura de la prevaricación («dictar resoluciones injustas a sabiendas») a los pecados por omisión («no derogar resoluciones injustas a sabiendas»), pero eso no disminuye la inmoralidad del comportamiento de Rajoy. Era perfectamente consciente de la barbaridad que supone la ley de aborto libre de Zapatero y no ha movido un dedo para poner fin a semejante barbaridad.
Pero vayamos a los pecados por acción. Porque, como decía, el gobierno del PP no se ha limitado a no actuar, sino que ha actuado (y de forma decisiva) para que la ley del aborto de Zapatero se pueda mantener.
¿A qué me refiero? Pues a que, en realidad, el gobierno de Rajoy ni siquiera necesitaba hacer nada para derogar la ley del aborto: hubiera bastado con que exigiera al Tribunal Constitucional que se pronunciara acerca del recurso que el propio PP había presentado. Retrocedamos en el tiempo para ver las cosas en su contexto:
Cuando el gobierno socialista de Felipe González aprobó su ley del aborto, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la misma, estableciendo claramente que la vida del no nacido cuenta con protección constitucional y que solo en una serie de supuestos muy concretos (los que aquella ley marcaba) se podía aceptar el aborto como mal menor, debido a la existencia de un conflicto entre el derecho a la vida del nino y otros derechos de la madre.
En aquella sentencia de 1985 quedaba claro que, de acuerdo con nuestra Constitución, el aborto nunca puede ser un «derecho» de la mujer, sino en todo caso un mal menor para determinados supuestos teóricamente excepcionales.
La ley de barra libre del aborto de 2010 era claramente inconstitucional
Cuando Zapatero aprobó su ley de barra libre del aborto en 2010, estaba meridianamente claro que se trataba de una ley plenamente inconstitucional, porque chocaba frontalmente con la doctrina que el Alto Tribunal había fijado en 1985. El Partido Popular, entonces en la oposición, presentó por ello un recurso de inconstitucionalidad contra aquel despropósito jurídico y humano que Zapatero había parido.
El PP no necesitaba modificar la ley
Al llegar el PP al poder a finales de 2011, el Tribunal Constitucional aún no se había pronunciado sobre aquel recurso. De haberlo hecho, la ley de Zapatero tendría que haber sido derogada o modificada en profundidad, y habríamos vuelto a la situación anterior a 2010. Por eso digo que, en realidad, el PP ni siquiera necesitaba modificar la ley de aborto libre de Zapatero, sino que le bastaba con exigir al Tribunal Constitucional que se pronunciase.
Pero en lugar de eso, ¿qué fue lo que pasó? Pues que el PP ha estado amagando toda la legislatura con modificar en profundidad la ley de Zapatero (sin llegar a plasmarlo nunca en un texto legal) y los anuncios del gobierno de Rajoy de que iba a elaborar una nueva ley del aborto fueron usados por dos veces como excusa por el Tribunal Constitucional para no pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley del aborto de Zapatero (¿para qué pronunciarse, si la ley va a ser modificada?).
Es decir, cada vez que el PP anunciaba que iba a modificar la ley del aborto (para luego no hacerlo), se aplazaba el pronunciamiento del Tribunal Constitucional y se conseguía que la ley de aborto libre de Zapatero continuara vigente, pese a ser manifiestamente inconstitucional.
No hace falta ser muy mal pensado para sospechar que eso era exactamente lo que se pretendía: darle excusas al Tribunal Constitucional para no pronunciarse, amagando de modo continuo con presentar una nueva ley que nunca se llegaba a concretar.
En resumen: que no es solo que el PP haya incumplido su promesa de derogar la ley del aborto; no es solo, tampoco, que el PP haya estado jugando al gato y al ratón con sus electores toda la legislatura. Lo verdaderamente terrible es que el gobierno de Rajoy ha estado ayudando de manera (en mi opinión) activa y consciente a que el Tribunal Constitucional no derogara esa ley. Triple engaño, pues, a sus votantes.