El Papa Francisco alerta una y otra vez sobre la cultura del descarte, esa acción de apartar a los más débiles necesitados de atención y cuidados, o simplemente los que estorban en un determinado momento las aspiraciones de alguien, en esta sociedad que nos toca vivir en la que los criterios que imperan son el éxito, el placer, el consumismo; en fin, el individualismo puro y duro.
Se trata de un proyecto de ingeniería social perfectamente estructurado de deterioro progresivo de los valores, que durante siglos han fundamentado la sociedad occidental imponiendo un nuevo sistema.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEste proceso acompañado de una eficiente manipulación del lenguaje, ha avanzado inexorablemente dando un vuelco a la sociedad española.
El pasado 3 de mayo de 2018, el grupo parlamentario socialista presentó a la Mesa del Congreso de los Diputados una Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia.
La cultura de la muerte abarca así el principio de la vida que comenzó con la despenalización del aborto o “interrupción voluntaria del embarazo” en 1985, y el final que con el término de “ayuda a morir”, descartará a los enfermos y personas con discapacidad graves sin curación posible.
Existen tristes paralelismos en la motivación de los dos supuestos: demanda social, avance en los derechos de las personas, autonomía y libertad, como poder para organizar nuestra vida según lo que cada uno considere adecuado y conveniente a sus intereses particulares, evitando el sufrimiento insoportable que, con el diagnostico cierto de una muerte próxima e inevitable, legitimarán la solicitud de la ayuda a morir que aplicarán los profesionales médicos en el hospital o en el domicilio particular.
Se abre una puerta más a la cultura de la muerte, innecesaria y con consecuencias directas en nuestra vida
Se ignoran los cuidados paliativos, que precisamente tienen como fin atenuar el sufrimiento y acompañar a la persona en esa etapa final de la vida. No cabe duda que, lo correcto sería trabajar en la implantación eficaz y generalizada de este servicio, garantizado el acceso a los mismos de todos los pacientes, independientemente del lugar de residencia en la geografía española. Esta es la opción respetuosa con la Dignidad de las personas, valor principio de principios proclamado en el artículo 10 de la Constitución de 1978, y el Derecho a la vida del artículo 14, el más esencial, porque si se vulnera no es posible el ejercicio de los demás.
La solicitud de la aplicación de la eutanasia se formalizara por escrito, reiterándose a los quince días, siempre que la persona enferma o con discapacidad goce de plena capacidad de obrar. Si necesita apoyos para la toma de decisiones, será su representante legal el que comunicará la situación al juez, que en el procedimiento pertinente resolverá aquello que estime oportuno.
Las personas que no tengan capacidad de decidir por sí mismos y carezcan de representante legal, familiares o allegados, quedarán a merced de que los profesionales o de los que conozcan su circunstancia que bien podrá ser definida como de desamparo del artículo 239 del Código Civil, poniendo en conocimiento del fiscal dichos extremos que será el legitimado para instar al juez la petición de aplicación de la eutanasia.
La proposición de Ley, considera la aplicación activa y pasiva de la eutanasia como un Derecho de la sanidad, exigiendo la reforma del Código Penal despenalizando el auxilio al suicidio del artículo 143.
Se abre una puerta más a la cultura de la muerte, innecesaria y con consecuencias directas en nuestra vida. Algo así siempre es una triste noticia, resta por ver cómo se desarrolla la tramitación parlamentaria y el resultado final del texto legal.
*Mª del Carmen Meléndez Arias es doctora en Derecho y Abogada