
Cinco años lleva en un cajón del Tribunal Constitucional el recurso presentado en su día por el PP contra la Ley del Aborto de José Luis Rodríguez Zapatero, sarcásticamente bautizada “Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”, como si un aborto fuera saludable o un embarazo terminado prematuramente en aborto pudiese reanudarse de algún modo.
Cinco años que van para seis. Cinco años durante los cuales más de medio millón de seres humanos han visto truncadas sus vidas en el seno materno sin posibilidad de defenderse y sin que nadie moviese un dedo por impedir su muerte. Cinco años de oprobio para el órgano presuntamente garante del respeto a nuestra Carta Magna, cuyos miembros son los mejor pagados de todo el escalafón administrativo a cambio de sumisión a las “sugerencias” que emanan de sus mentores políticos.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
Suscríbete a Actuall y así no caerás nunca en la tentación.
Suscríbete ahoraEl actual presidente nombrado a propuesta del PP, Francisco Pérez de los Cobos, no ha tenido a bien en el tiempo de su mandato someter al examen de sus señorías esta espinosa cuestión ni una sola vez. Ni una. Tampoco su predecesor, Pascual Sala, ascendido a tan alta magistratura con el aval del PSOE, encontró la ocasión de hacerlo.
Lo seguro, no obstante, es que quienes desean mantener este asunto en el cajón son los mismos que lo utilizaron en su momento para plantear el recurso pendiente
Se podría pensar que nuestros máximos juristas patrios carecen de interés por abordar la vertiente legal de este dilema ético; a saber, si los derechos de la madre han de prevalecer absolutamente sobre los del hijo no nacido, como es el caso ahora con una ley de plazos, o si éste merece gozar de algún tipo de protección contemplada en la Ley, como sentenció en su día el mismo Constitucional que hoy prefiere mirar hacia otro lado. Es posible.
Lo seguro, no obstante, es que quienes desean mantener este asunto en el cajón son los mismos que lo utilizaron en su momento para plantear el recurso pendiente, como parte de su estrategia electoral en la campaña que llevó a Mariano Rajoy al gobierno con una holgada mayoría absoluta.
Los mismos que secundaron activamente la gran marcha por la vida celebrada en 2009, a la que acudió María Dolores de Cospedal sosteniendo la pancarta. Los mismos que más tarde, ya desde el poder, llegaron a la conclusión de que oponerse al aborto les situaba muy a la derecha y les restaba votos, motivo por el cual decidieron renunciar a dar esa batalla. Los dirigentes del Partido Popular. El Partido Socialista nunca se ha movido de su militancia activa en esta política de muerte.
El Tribunal Constitucional, que nadie se engañe, es un órgano político. De ahí que haya sentenciado sucesivamente la ilegalidad y la legalidad de Batasuna (con distinto nombre) en función de la mayoría parlamentaria y el inquilino de la Moncloa. Es un ejemplo entre muchos. Quienes alcanzan la condición de magistrado en una de sus salas no han de ser necesariamente jueces, pero sí precisan de un padrino. Llevan un dorsal de partido. Representan a unas siglas.
Lo cierto y verdad es que la vida de los no nacidos es la última de sus preocupaciones. Del Tribunal Constitucional y de quienes soplan en su oído
Durante años, sus decisiones han reflejado con exactitud la proporción de fuerzas existente en el Congreso, con el consiguiente desgaste para el prestigio de la institución. Por eso desde hace un tiempo buscan desesperadamente la unanimidad, aún a costa de diluir el contenido de los fallos. Se cubren. Consensuan. O directamente aplazan “sine die”, como en el caso que nos ocupa. La directriz no es jurídica, sino política. Y a ella se atienen.
Los dos grandes pretextos del PP para incumplir su programa electoral en lo referente al aborto fueron la falta de consenso (una circunstancia que no impidió al PSOE de Zapatero hacer tabla rasa de la legislación existente para convertir el aborto en un derecho indiscriminado de la mujer) y la necesidad de esperar a que el TC resolviese el recurso pendiente. ¿Consenso con 186 diputados de 350? ¿Resolver un recurso que ni siquiera es sometido a examen? ¡Mentiras! Lo cierto y verdad es que la vida de los no nacidos es la última de sus preocupaciones. Del Tribunal Constitucional y de quienes soplan en su oído.