La abogada Pilar Osorio Téllez ha promovido una declaración en la que se exige la detención y entrega a la Justicia del sanguinario terrorista Josu Urruticoechea, ‘Josu Ternera’, así como la publicación de las actas de negociación de la banda terrorista con el Gobierno de España durante los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
A esta declaración se han unido la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas de ETA, la Asociación Víctimas contra el Terrorismo de la Región de Murcia, Dignidad y Justicia, Reacciona por España, S.O.S. Víctimas España y Voces Contra el Terrorismo.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEn la declaración se considera que tras el acto propagandístico de ‘disolución’ de la banda terrorista ETA, quedan pendientes tareas de importancia como «la construcción del relato, la desñegitimación del proyecto totalitario de ETA, la resolución de los más de 350 casos por esclarecer y la lucha contra la impunidad».
Que las víctimas participen en la construcción del relato sobre el terrorismo de ETA «sin hurtar los documentos esenciales de nuestra historia: las actas de negociación»
Para lograr estos objetivos, los firmantes del manifiesto consideran «imprescindible» que en primer lugar Josu Ternera («el terrorista que más crímenes puede esclarecer, por haber sido durante más tiempo dirigente de la organización terrorista ETA») sea detenido e interrogado.
Asimismo, se subraya que constituye «un acto de cruel y póstuma humillación» que la «pantomima» representada en Cambó (Francia) se haya producido con el concurso de este terrorista «con más de 15 años de orden de búsqueda internacional en vigor», que es «buscado por el asesinato de seis niños y tantos otros, todos ellos víctimas inocentes».
En segundo lugar, que las víctimas participen en la construcción del relato sobre el terrorismo de ETA «sin hurtar los documentos esenciales de nuestra historia: las actas de negociación» ya que supone un «imperativo democrático no privar a las víctimas de su contribución al relato».
Y en tercer lugar, que se pongan en marcha las medidas oportunas para que se tenga en consideración lo que las víctimas han reclamado a través de diferentes comunicados y campañas lanzadas tras el anuncio de disolución de la banda asesina.
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