La relación entre la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el doctor Luis Montes va más allá de la última declaración que ha realizado su grupo Ahora Madrid sobre el facultativo al que ha calificado como «un luchador por la muerte digna de todos» tras la Proposición No de Ley sobre el Testamento vital en la última Asamblea de Madrid.
Y es que Carmena formó parte del tribunal de la Audiencia Provincial que absolvió a Montes de las diligencias abiertas por una presunta sedación en dosis elevadas a enfermos terminales en el Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa, en Leganés, según recoge ABC.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
Suscríbete a Actuall y así no caerás nunca en la tentación.
Suscríbete ahoraAdemás, la alcaldesa firmó en 1991 un escrito a favor del derecho a morir, concretamente el ‘Manifiesto a favor de la disponibilidad de la propia vida’, que también apoyó otro de los magistrados que presidió este Tribunal que absolvió a Montes. Este manifiesto fue secundado por setenta jueces.
Proposición No de Ley sobre el Testamento vital
La Asamblea de Madrid aprobó ayer por unanimidad una Proposición No de Ley en la que pide al Gobierno regional que el Testamento vital se pueda registrar en centros de salud y hospitales y que se incorpore a la historia clínica, aunque todavía no han llegado a pedir despenalizar la eutanasia.
Se trata de una reforma impulsada por Podemos. En la propuesta inicial también pedía despenalizar la muerte digna, aunque es una petición a la que ha tenido que renunciar para conseguir el apoyo de toda la Cámara.
«Es urgente el cambio de nuestra Propuesta No de Ley y podemos afirmar que en Madrid se muere mal», ha afirmado la parlamentaria de Podemos, Carmen San José, quien ha defendido la propuesta en nombre de su grupo en presencia del doctor Luis Montes.
Podemos sostiene que «el derecho a una vida digna incluye también el derecho a una buena muerte». A su juicio, «cuando la enfermedad no tiene solución médica y la muerte es inevitable o el sufrimiento es muy grave, los servicios sanitarios públicos deben garantizar y una muerte digna y sin sufrimientos, utilizando todos los recursos de la ciencia, incluida la sedación terminal y el acompañamiento».
