La plataforma CitizenGO, que ha superado la pasada semana los 15 millones de ciudadanos activos, ha sufrido el veto ideológico de la empresa Wise, antes TransferWise, una compañía británica especializada en la gestión de dinero electrónico a través de su web. De hecho, «es la empresa tecnológica más importante especializada en gestionar el envío y recepción de pagos en distintas monedas agilizando las transacciones internacionales y simplificando y abaratando los cambios de divisas».
Sin aviso previo, ha decidido eliminar el contrato de servicio que mantenía con CitizenGO y su filial española HazteOir.org dando por toda explicación que «la naturaleza de sus actividades es algo que no podemos apoyar».
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEn una reciente carta remitida a sus socios, el presidente de CitizenGO Ignacio Arsuaga denuncia la arbitrariedad de la medida: «Nos cierran la cuenta no por que hayamos infringido alguna ley, código de conducta o normas de uso, no, sino porquie no están de acuerdo con la naturaleza de nuestra actividad».
Arsuaga califica la decisión de la tecnológica como un ataque «muy serio y muy grave» que «nos hace daño», pero augura que no se trata de un hecho aislado, sino que cada vez habrá más acciones de este tipo por parte de las grandes tecnológicas alineadas con el pensamiento políticamente correcto que combate CitizenGO a través de la movilización ciudadana en todo el mundo en defensa de la vida, la familia y la libertad
«Habrá más ataques porque HO y CitizenGO, lo sabes, no van a dejar de discrepar del discurso progre y hegemónico de la izquierda y porque vamos a seguir alzando la voz, haciendo oír la tuya y la de otros cientos de miles de ciudadanos libres y comprometidos que no se resignan a ser callados», explica Arsuaga en la misiva.
En este sentido, CitizenGO ha puesto en marcha una campaña dirigida a Vera Jourova, vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria europea de Valores y Transparencia para que garantice la libertad de expresión en Internet.
En ella se expresa la preocupación por la que compañías tecnológicas «someten a una ilegal y arbitraria discriminación ideológica a sus usuarios cuando estos no coinciden con su sesgo político o ideológico». Una actitud «censora y excluyente» que «choca frontalmente con los valores de la Unión Europea y los derechos de sus ciudadanos».
Así, se reclama a Jourova que impulse en la Unión Europea «las medidas oportunas para garantizar la libertad de expresión en el ámbito de Internet y, específicamente, para evitar la discriminación y censura ideológicas a los usuarios por parte de las grandes compañías tecnológicas».
Estas peticiones serán enviadas en soporte físico, sin embargo, hay otra campaña online en la misma línea que puede ser suscrita también por cualquier ciudadano y que ya ha concitado el apoyo de cerca de 200.000 personas y está dirigida a los directores ejecutivos de Twitter, Facebook, Amazon, YouTube, Google y Pinterest.
La campaña reprocha a estos mandatarios que hayan contribuido al aumento de la censura de cualquier discurso que no se alinee «con la agenda radical de la izquierda sobre la vida, la familia y los valores cristianos».
«La censura no es solo moralmente cuestionable, sino que va contra todo lo que su plataforma dice ofrecer. La Libertad de expresión es un derecho fundamental; una libertad que debe ser universal para todos. Todo usuario de su plataforma tiene el derecho de ser patriótico, tener ideas cristianas o discrepar de las políticas realizadas por sus gobiernos o la cultura popular sin ser censurado», subrayan.