El presidente de Chile, Sebastián Piñera /EFE.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera /EFE

En los barrios vulnerables, o sectores de escasos recursos, las cuarentenas, el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de mascarilla fue muy difícil de implementar, y no bastó con castigar su incumplimiento, o aumentar las penas, el problema quedó al descubierto, y es mucho más profundo que el simple irrespeto.

Indudablemente, el análisis debe hacerse una vez superada la pandemia y con evidencia en mano. Sin embargo, vale la pena ahondar en dos factores que saltan a la vista considerando que en varias comunas los casos positivos no han disminuido, que diversos expertos han señalado la posibilidad de una “segunda ola” y que tendremos un año 2021 sobrecargado de elecciones –el 2021, según lo presupuestado por el Servicio Electoral, Chile tendrá cinco convocatorias a las urnas–.

Algunas personas creen que La Sexta da información.

Suscríbete a Actuall y así no caerás nunca en la tentación.

Suscríbete ahora

Así, por un lado, tenemos un elemento general, que cruza todos los estratos sociales: la crisis de autoridad. Síntoma que se agudizó a partir del 18 de octubre 2019, que llevó a empresarios a evadir las restricciones sanitarias en sus helicópteros, o a que un grupo de “flaites” (jóvenes de ingresos bajos que visten ropas anchas, de marcas muy vistosas, pero usualmente falsificadas) –como los denominó la alcaldesa de Providencia– agredieran a un voluntario de bomberos en la comuna de La Reina, luego que este les solicitara el uso de mascarillas.

De hecho, recordemos que Chile vivió más de 5 meses –desde el estallido social– de desobediencia civil; de ataques verbales, virtuales y físicos a las Fuerzas Armadas y de Orden; de disputas entre los Poderes del Estado; de destrucción de bienes públicos y privados, templos e iglesias; de políticos justificando la violencia de la “primera línea”; de congresistas promoviendo indicaciones y proyectos de ley flagrantemente inconstitucionales.

En seguida, la crisis de autoridad resquebrajó la legitimidad de nuestras instituciones en todas las esferas –que ya venía bastante agrietada–, desde la Constitución hasta nuestra Iglesia, provocando que la ciudadanía desconfíe de sus autoridades y mucho más de sus mandatos e instrucciones –incluso, las sanitarias–. Así, entonces, la pandemia nos batió en nuestro peor momento, pues, si ni las autoridades se ciñen a la ley y las normas, ¿cómo esperábamos que la ciudadanía respetase las órdenes de cuarentena y de distancia social?

El COVID-19 nos demanda un mayor compromiso con el desarrollo humano integral

Precariedad en los sectores vulnerables

Por otro lado, respecto a los sectores vulnerables, en particular tenemos la precariedad. Pues, resulta palmario que no es lo mismo pasar el confinamiento en una casa de 300 metros cuadrados, a pasar el encierro en una mediagua con piso de tierra; o a mantener las distancias en el vehículo propio, a conservar el espacio en el metro o en el bus; incluso, pasa por la elección entre comprar una mascarilla o un kilo de arroz.

De hecho, la situación la podemos ejemplificar nítidamente en la desigualdad en que se vivieron las cuarentenas en las distintas comunas de la Región Metropolitana. Ya que, “desafortunadamente los trabajadores más vulnerables son aquellos cuyos trabajos son fundamentalmente presenciales […]. Las comunas de altos ingresos (como Las Condes, Providencia, Vitacura) tienen una alta fracción de empleos virtualizables y una muy baja exposición de los trabajadores ya sea porque el empleo no requiere ser presencial o porque no pertenece a un sector esencial”, como señalan Marcela Perticará y Mauricio Tejada en Sobre vulnerabilidad y teletrabajo durante la pandemia.

O, por otro lado, pensemos en aquellas comunas como Lo Espejo, Cerro Navia y La Granja que quedaron sin supermercados ni bancos producto del estallido social. Escenario que contrasta con comunas como Las Condes, que tras el 18 de octubre mantuvo sus 29 supermercados y 172 de sus 178 bancos.

De esta forma, la pandemia nos ha presentado una oportunidad y un gran desafío.

Una oportunidad para repensar la ciudad, el territorio y el tejido social. Pues, ¿nos hemos tomado en serio el debate sobre la segregación territorial, la baja inversión pública en lugares vulnerables y la falta de oportunidades, entre otros, como elementos de riesgo? Así, el COVID-19 nos demanda un mayor compromiso con el desarrollo humano integral o, dicho de otro modo, con una sociedad de oportunidades con planes de inversión pública equitativos, planificación territorial, promoción comunitaria y aseguramiento de derechos básicos para sustentar una vida justa.

Y, un gran desafío: el gran desafío para nuestra autoridad que implicará conciliar un mensaje paradójico: el Poder Ejecutivo, sobre todo de cara a un año con varios e importantes procesos electorales, deberá, por un lado, encarnar un discurso de responsabilidad y autocuidado que haga sentido en un pueblo desencantado de sus instituciones y, por otra parte, deberá impulsar medidas sanitarias restrictivas con sentido de realidad, que puedan cumplirse en todas las capas de la sociedad, con sus singularidades, precariedades y desigualdades inherentes.

Comentarios

Comentarios