Facilitar el acceso a la vivienda es no poner trabas a quien las puede construir.
Facilitar el acceso a la vivienda es no poner trabas a quien las puede construir.

Uno de los mayores problemas que padece España y que se extiende como mancha de aceite es el de la vivienda.

Gravísimo problema que viene desde hace décadas y que en últimas fechas se ha visto agravado por esos delincuentes llamados OKUPAS (Sí con K, aunque sea falta de ortografía) que por la fuerza se dedican a invadir pisos y casas.

Algunas personas creen que La Sexta da información.

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La acción de los okupas resulta cada vez más agresiva puesto que –de modo altanero e incluso con violencia- despojan a los legítimos propietarios consumando un atentado al patrimonio familiar.

Acciones cínicas y prepotentes que van en aumento porque el gobierno ha emitido una serie de disposiciones que alientan a los invasores para que sean cada vez más atrevidos.

Una de esas disposiciones consiste en que el propietario que ha sido víctima de un despojo por parte de los okupas está obligado a pagarles el consumo de agua.

¡Y pobre del propietario si llega a cortarles el fluido del vital líquido!

En ese caso caerá sobe él todo el peso de la ley.

Un atentado a la propiedad privada digno de un gobierno populista del Tercer Mundo y de clara filiación comunista como es el que actualmente padece España.

Claro está que los defensores de los okupas pueden decir que se apoyan en el artículo 47 de la Constitución Española, el cual textualmente nos dice que:

Artículo 47

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”

Ahora bien, para que todos los españoles tengan derecho a una vivienda digna será necesario que se den una serie de condiciones que hagan posible este derecho.

Es aquí donde entra en juego la Economía y de modo muy especial la acción que deben desempeñar los empresarios que se dediquen al ramo de la construcción.

Es norma básica, no sólo de la Economía sino del sentido común, que cuando un empresario invierte lo hace para obtener un beneficio y en el caso concreto de quienes se dedican a construir viviendas lo hacen porque desean ganar ya sea vendiendo o ya sea rentando.

Si se dan las condiciones jurídicas para que los empresarios no solamente recuperen su inversión sino incluso obtengan una ganancia, ocurrirá que otros empresarios se animarán también a invertir.

Y al ser muchos quienes construyan viviendas ocurrirá que habrá mayor oferta y, según los principios económicos, cuando aumenta la oferta bajan los precios. Ejemplo: No es igual ofrecerles 20 camisas a 50 compradores que ofrecerles 100 a los mismos 50.

Es decir que, si se respetan estos principios económicos, los posibles compradores o inquilinos podrán escoger las mejores viviendas y a precios más accesibles.

En cambio sí se actúa al revés (o sea como hace al actual gobierno) y se le ponen trabas a los constructores, ocurrirá que éstos preferirán guardar su dinero en el banco o dedicarse a cualquier otra actividad.

Resultado: Casi no se construirán viviendas o sea que bajará la oferta y las pocas viviendas que se vendan o alquilen tendrán unos precios exorbitantes.

Consecuencias: Demasiada demanda lo cual hará que hasta tres familias vivan hacinadas en un mismo piso.

Ni duda cabe que la escasez de viviendas, provocada por las torpes políticas económicas, es una de las causas de los desastres causados por esos delincuentes llamados okupas.

Casi al principio citamos la primera parte del artículo 47 de la Constitución Española que dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda.

Completaremos citando lo que el mismo artículo 47 dice a continuación:

“….Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”

O sea que le corresponde al Estado promover las condiciones favorables para que los empresarios se animen a invertir en el ramo de la construcción.

Y, por lo que estamos viendo, el gobierno actúa exactamente al revés al crear condiciones desfavorables que ahuyentan a los empresarios.

Esto significa que el gobierno está violando el artículo 47 lo cual es lo mismo que decir que está violando la Constitución.

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Abogado, historiador y periodista. Editorialista de el Heraldo de México (1973-2003). Colaborador de varias revistas mexicanas y españolas. Corresponsal en México de la revista Iglesia-Mundo (1981-1994). Autor de 'La cruzada que forjó una patria' (1976); 'Forjadores de México' (1983); 'Los mitos del Bicentenario' (2010) e 'Isabel la Católica. Su legado para México (2013).