El juez de Instrucción número 18 de Madrid, Ángel José Lera, ha aplazado finalmente la declaración fijada inicialmente para este jueves del secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, investigado por una presunta apropiación indebida de fondos aportados por afectados de Afinsa.

Según informa la agencia Europa Press, en esta causa también está citada en calidad de investigada otra abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, que había pedido que se retasara la comparecencia al coincidir con el juicio en Palma de Mallorca del ‘caso Nóos’ en el que está personada como acusación popular.

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Fuentes de Manos Limpias habían señalado a Europa Press que la letrada asistiría este jueves al juicio en Palma «aunque la detengan» y que no entendían la «contumacia» del juez de Madrid, Ángel José Lera, de mantener la citacion.

La Audiencia de Palma de Mallorca argumentó este miércoles en una providencia que no suspendería el juicio oral por el que están siendo juzgados la Infanta Cristina de Borbón y su marido Iñaki Urdangarín y recordaba que esta causa estaba «ya iniciada» en Palma de Mallorca y que era un «procedimiento más antiguo» del que se tiene que iniciar en el Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid, de ahí el rechazo de la suspensión del mismo y que liberaría a la abogada de Manos Limpias Virginia López Negrete.

La decisión de López Negrete obedece a la importancia que Manos Limpias concede a los interrogatorios que se están desarrollando esta semana en la isla, que comenzaron este martes con Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarín, y que pueden continuar en los próximos días con el que fuera Duque de Palma y también con su esposa, Cristina de Borbón.

De hecho, las mismas fuentes aseguran que López Negrete, aprovechando que los lunes no hay sesión del juicio, acudió esta semana al juzgado en Madrid para pedirle al juez Lera que le tomara declaración, evitando así su incomparecencia en Palma, a lo que el magistrado se negó.

El juez Lera citó a López Negrete y al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, tras admitir a trámite una querella presentada por la Fiscalía por un presunto delito de apropiación indebida relacionado con el posible reparto de 103.500 euros que habían sido depositados por afectados de Afinsa para iniciar acciones legales, una investigación que tiene su origen en un informe del SEPBLAC sobre unos ingresos del sindicato de 2010.

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