Manifestantes violentos de ultraizquierda en Chile /EFE
Manifestantes violentos de ultraizquierda en Chile /EFE

Para aquellos foráneos, geográficamente, a la realidad chilena, pero que compartimos una madre común, la hispanidad, me gustaría ofrecer, en las próximas líneas, una visión relativamente prudente, completamente subjetiva y altamente política de lo que vivió nuestra República el 18 de octubre de 2019.

Inicialmente deseo refutar dos tesis que han circulado sobre la ruptura social (un término acuñado por la historiadora Sol Serrano mucho más certero que el de ‘estallido social’ usado por la prensa hegemónica): en primer lugar; el 18 de octubre no fue una revolución y, en segundo; no fue el “derrumbe del modelo” económico chileno, ni el fracaso del capitalismo como han defendido Alberto Mayol y Fernando Atria, del Frente Amplio, grupo neomarxista similar al Podemos español.

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Carlos Peña, intelectual chileno y rector de la Universidad Diego Portales (Chile), denominó al acontecimiento como “la revolución inhallable«, parafraseando a Raymond Aron, y señaló que “el fenómeno de octubre en Chile no es raro ni sorprendente en una sociedad que ha experimentado un rápido proceso de modernización. La desigualdad, se sugiere más adelante, hiere más en una sociedad cuyo bienestar se incrementa y ello sumado a la individuación, al impulso por editar la vida al compás de la propia subjetividad, le confieren a la protesta de octubre esos rasgos de teatralidad, resistencia a la autoridad y protagonismo juvenil que no suelen presentarse en los tradicionales movimientos reivindicativos. (…) La sociedad chilena estaría, pues, en parte, atrapada en una de las varias versiones de la paradoja del bienestar”.

Por su parte, el doctor en filosofía y profesor de la Universidad de los Andes (Chile), Joaquín García-Huidobro ha expresado que el modelo chileno, al contrario de vivir un ‘derrumbe’, entró en crisis porque tuvo éxito. Pues, cosechó frutos en lo relativo a la democracia liberal y a la economía de mercado como ha reconocido el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Sin embargo, ambos factores, señala, descansan sobre ‘el tercer pilar‘, la comunidad, y fue esta quien sufrió un grave debilitamiento de sus vínculos, la familia, la autoridad y la educación. Y es aquí donde comienza a germinar la ruptura.

Un liderazgo liquido y millenial

Así, luego de disentir con dos de las tesis mayoritarias que ciertos sectores pretenden imponer sobre qué pasó el 18 de octubre, me permitiré decir lo que fue, en primer lugar, explicando lo que no fue. Así, enunciaremos lo que no existió: un movimiento social definido, articulado y estructurado. Estuvimos frente a un colectivo líquido, que aparentemente nació de forma espontánea y que fue in crescendo, el cual no tenía un orgánica determinada, ni exhibía liderazgos definidos o interlocutores claros.

Además, presentó un menjunje de demandas indeterminadas. Algunas aisladas, otras directamente contradictorias. En esta mixtura cabían desde Asamblea Constituyente, No más AFP (Fondos de Pensiones), hasta las demandas regionalistas que chocan con las necesidades del leviatán metropolitano (Santiago de Chile). En otras palabras, nunca hubo un pliego de peticiones definidas.

Las movilizaciones no impugnaban algo en concreto. Por lo tanto, aquellas medidas –concretas– que se promovieron en su momento, no aplacaron el sentido de buscar justicia. No detuvieron la violencia

En segundo lugar, dentro de las características de esta manifestación se encontró su composición inminentemente millennials. Los que el 2006, a los 15 años, participaron en la Revolución Pingüina -llamada así por el uso de uniformes escolares-, luego, el 2011, a los 20 años, fueron parte del Movimiento Estudiantil, ahora, a los 28 años, fueron los que pujaron con más fuerza las marchas y las cacerolas. Es decir, una generación que creció en medio de protestas.

En tercer lugar –tratando de ir al fondo­– sería miope insistir en que Chile era “un verdadero oasis” como defendía el presidente Piñera, y sería mezquino decir que esto explotó únicamente por el alza en el pasaje del Metro. No.

La ruptura social fue producto de los problemas de legitimidad de nuestra autoridad e instituciones, de la falta de cohesión e integración social y de la inexistencia de un affectio societatis en nuestro proyecto país. Así, los episodios de abusos, tanto en las instituciones estatales como privadas; de corrupción en el Ejercito, en la Policía, los sobresueldos y los operadores políticos, o la colusión de las farmacias, las papeleras y la industria avícola, solo por nombrar algunos, han alimentado una percepción de profundas injusticias y desigualdades en nuestro modelo de desarrollo.

Pues, si bien el crecimiento económico tuvo resultados en la erradicación de la pobreza, resultaba, también, necesario contar con una cierta base de igualdad que permita integrar a la comunidad política. Dicho de otro modo, sin una autoridad legítima y legitimada, y un sueño de país en común, nada nos aseguraba la paz social.

Como mencionamos, las movilizaciones no impugnaban algo en concreto. Por lo tanto, aquellas medidas –concretas– que se promovieron en su momento, no aplacaron el sentido de buscar justicia. No detuvieron la violencia. Pues, lo que necesitábamos era un proyecto país y sacrificios. Lamentablemente el proyecto país no llego y el sacrificio se llamó “Constitución Política de la República de Chile”. Y, ahora, ad portas del plebiscito constitucional (25 de octubre de 2020), según algunos, la elección más importante para nuestro país en los últimos 30 años, sabremos si la ofrenda de expiación fue suficiente o no.

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Javier A. Labrin Jofré es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional Andrés Bello (Chile) y estudiante del Máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid (España). Exdirigente estudiantil, es también director ejecutivo de la Fundación Libertad en Valparaíso (Chile).