Nicolás Maduro durante una comparecencia ante la Prensa. / EFE - Miguel Gutiérrez
Nicolás Maduro durante una comparecencia ante la Prensa. / EFE - Miguel Gutiérrez

El Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen de Maduro, decretó este lunes que la ley de amnistía aprobada por la mayoría opositora del parlamento es inconstitucional, por lo que la norma no se podrá aplicar.

La Asamblea Nacional aprobó la ley para liberar y terminar las causas judiciales abiertas 115 personas que la oposición considera como presos políticos y que el presidente Nicolás Maduro describe como criminales comunes.

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El mandatario, que había prometido obstaculizar la ley, solicitó el jueves al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que considerara si la norma contraviene los mandatos de la carta magna.

Entre las consideraciones de su decisión, la sala constitucional del TSJ dijo que «habiéndose incluido en la ley en cuestión delitos comunes ajenos a esta figura constitucional, esta Sala no puede impartir su conformidad constitucional”.

La ley buscaba ayudar a opositores de alto perfil que están en prisión, algunos con condenas y otros con procedimientos abiertos, como Leopoldo López o el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, acusados de avivar las protestas que dejaron más de 40 muertos a principios del 2014, entre otros delitos. «Esa ley de impunidad no va. Si queremos paz, esa ley no va», dijo Maduro en un acto para recordar un breve golpe de Estado que desbancó en 2002 a su antecesor Hugo Chávez, minutos antes de que el Tribunal publicara su decisión. Pero mientras el régimen criticaba la norma, la oposición denunciaba ante el Alto Comisionado para los derecho Humanos de las Naciones Unidas (ONU) la persecución que se le ha dado a la oposición al igual que las difíciles condiciones a las que se enfrentan los presos políticos.

Según la delegación que viajó a Europa, todo está dado para que la ONU respalde la normativa. A su vez, la Asamblea Nacional dijo a través de su cuenta de Twitter que ”la autonomía del Poder Legislativo no se discute”. La decisión del TSJ profundiza el conflicto entre los poderes públicos en Venezuela, donde el regimen busca dejar sun efecto las medidas del parlamento.

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