Por Vicente Pellicer.

Uno de los aspectos más polémicos, y cuanto menos oscuros, del Derecho de Familia es la labor de los gabinetes psicosociales en los pleitos de separación o divorcio con hijos menores. El dictamen psicosocial debería ser la opinión objetiva e imparcial de un técnico especialista, con unos conocimientos científicos, que tendría como finalidad la determinación del mejor marco relacional para la unidad familiar tras la disolución de un matrimonio con hijos.

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Sin embargo, la misma práctica de la prueba supone una intromisión abusiva e intolerable del Estado en la intimidad más privada de la vida personal y familiar, no justificada por la credibilidad ni por el valor del informe. No existe ninguna regulación con rango de ley sobre los equipos psicosociales.

De hecho, en la ley procesal, no hay ninguna referencia a ellos, aunque sí en el Código Civil, en el artículo 92.6 cuando indica que “en todo caso, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el Juez deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, y oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial, o del propio menor, valorar las alegaciones de las partes vertidas en la comparecencia y la prueba practicada en ella, y la relación que los padres mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de guarda” así como en el artículo 92.9 donde indica que “el Juez, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar dictamen de especialistas debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia de los menores”.

Los gabinetes psicosociales se han convertido en la manta con la que jueces y fiscales se cubren las espaldas

Es pues, facultad discrecional del Juez acordar su intervención o no, sólo pudiendo acordarse en aquellos procesos en los que existan hijos menores y respecto a las medidas a adoptar sobre los mismos.

Aunque el Tribunal Supremo reitera que “las conclusiones del informe psicosocial deben ser analizadas y cuestionadas jurídicamente, en su caso, por el tribunal, cual ocurre con los demás informes periciales en los procedimientos judiciales”, lo cierto es que los informes de los gabinetes psicosociales se han convertido en la manta con la que jueces y fiscales se cubren las espaldas. En la práctica judicial difícilmente su señoría acordará algo distinto a lo recomendado por el gabinete psicosocial.

La existencia de los equipos psicosociales constituyen una irregularidad en el conjunto de los llamados peritos judiciales, situación que ha sido denunciada tanto por la Asociación Europea de Abogados de Familia como por el Defensor del Pueblo. Los peritos pueden no estar colegiados, ya que la colegiación permitiría mayor control sobre ellos, y por tanto, no pueden ser denunciados por posibles infracciones de la normativa deontológica.

Lo que se ha conseguido con la creación, implantación y generalización de los equipos psicosociales, es aumentar los tiempos judiciales, generar una inmensa bolsa de trabajo para dos carreras con escasa salida laboral fuera del sector público como son psicología y trabajo social, promover un lucrativo mercado de peritos y crear un sistema legal que permite cínicamente separar a un menor de uno de sus progenitores amparándose en su bienestar. Los informes periciales psicosociales intentan revestir de apariencia científica lo que son decisiones de puro voluntarismo arbitrario cuando no de trasfondo ideológico, carentes de suficiente apoyo legal incluso con la deplorable normativa actual, y sin duda, carentes de todo respaldo y legitimidad sociológicas.

No existe ni protocolo ni metodología alguna contemplada en la legislación de cómo deben desarrollarse la evaluación por los equipos psicosociales. La elección de la técnica depende del saber y entender del psicólogo que las efectúe, así como de su orientación teórico-practica en el manejo de las pruebas que considere mejores para sus objetivos. Toda la pericia se reduce a una simple entrevista de un par de horas en la que los entrevistados pueden mentir tanto como quieran y un cuestionario, frecuentemente el test CUIDA, que ni tan siquiera fue diseñado para decidir sobre la custodia de los hijos menores.

En palabras de la abogada, Begoña Cuenca Alcaine:

“La realidad evidenciada es que en muchas de estas pericias da la sensación de que el diagnostico esta prefijado con anterioridad, es decir, que hay una convicción anticipada de cuales van a ser las conclusiones. Hay una absoluta falta de garantías para el usuario de estos servicios ya que el sujeto evaluado no tiene forma de acreditar sus afirmaciones ya que no se extiende ningún tipo de acta del resultado de las entrevistas, ni tampoco copia de los test realizados, por lo que no hay forma de protegerse frente a cualquier error u opinión sesgada que pudiera existir en el proceso evaluador. Así mismo, no existe ningún procedimiento para poder reclamar contra los mismos, ni para conseguir una rectificación en caso de equivocación. Es evidente que unos dictámenes de los que pueden derivar grandes y relevantes consecuencias para el progenitor y sus hijos deberían estar fundamentados en algún esquema protocolizado para que el progenitor perjudicado pudiera impugnarlos. Las sesiones y entrevistas no están sujetas nunca a ningún tipo de registro, no existen grabaciones audiovisuales de las mismas, ni si quiera audios donde se pudiera constatar que es lo que se ha dicho  Finalmente tampoco se ofrece al usuario la posibilidad de someter a critica profesional la calidad del informe elaborado al igual que sucede con los diagnósticos médicos”.

Así pues, se puede afirmar con rotundidad que la realización de la entrevista  psicosocial representa un juicio paralelo sin garantías procesales.

La mayoría de estos equipos psicosociales están integrados por mujeres, y en una proporción significativa, adecuadamente instruidas en “perspectivas de género”: el padre va a ser el malo de la historia independientemente de las circunstancias concretas.

Así lo afirma categóricamente la abogada Yobana Carril: “Los equipos psicosociales no están defendiendo el interés superior del menor, están al servicio de la ideología de género”. Los estudios científicos disponibles así lo respaldan. En un estudio sobre las recomendaciones sobre custodia realizado en 120 trabajadores sociales, cuando existía mala relación entre los progenitores los trabajadores sociales recomendaban custodia materna, pero aún cuando la relación entre los progenitores era buena y aún siendo más proclives a la custodia compartida, seguían recomendando la custodia materna.

Más preocupante resultó el hecho que mientras que los trabajadores sociales respetaban el deseo del menor cuando expresaba su voluntad de estar con la madre, lo ignoraban cuando el menor expresaba su deseo de estar con el padre. El estudio concluía que “todo ello sugiere que las recomendaciones de los trabajadores sociales están fuertemente sujetas a prejuicios sociales sexuales, ignoran con frecuencia las necesidades particulares del menor y podrían estar perjudicando su interés superior”.

En nuestro país, los psicólogos judiciales, R. Arce y F. Fariña en un estudio en el que analizaron 782 sentencias relativas a custodias de menores concluyeron que “si bien todas las sentencias de este estudio determinan la guarda y custodia de menores, en más de la mitad de las sentencias la decisión de custodia materna no se motiva en criterio alguno”.

Y prosigue: “Nuestros datos muestran, en consonancia con la literatura que la madre es la receptora de la guarda y custodia de los menores con una probabilidad que va más allá del azar”, para concluir: “Podemos señalar que las decisiones sobre la guarda y custodia de los menores podrían no estar defendiendo el mejor interés del menor. Todo parece indicar que se aplican, soluciones estándar (la custodia para la madre a no ser que concurran en ella circunstancias incapacitantes) sin dar entrada a la realidad concreta de cada menor”.

Por todo ello, urge una reforma de la legislación específica que regule el funcionamiento de los equipos psicosociales, establezca los criterios de acceso y nombramiento de sus integrantes, y sobretodo, los mecanismos de control.  Es evidente que si hay un error en la pericia la consecuencia es que se podrá privar al menor de contar efectivamente con ambos padres, así como perjudicar el derecho de cualquier padre a ejercer como tal sobre sus hijos. Voces autorizadas señalan que los informes periciales de estos gabinetes están sirviendo para argumentar de manera pseudo-científica la limitación de los derechos del hijo y de los padres.

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