Caricatura de la ministra de Educación Isabel Celaá, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. /AMB
Caricatura de la ministra de Educación Isabel Celaá, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. /AMB

La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA) y la Confederación Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica (CEAAAEC) han pedido amparo al Defensor del Pueblo y a la Comisaria Europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud ante «la exclusión» de sus demandas en la conocida como ‘Ley Celaá’, la reforma educativa del Gobierno que se encuentra ya en trámite parlamentario.

Con sendas cartas dirigidas a Francisco Fernández Marugán y a la comisaria Mariya Gabriel (esta última firmada también por la Organización Mundial de Antiguos Alumnos de la Educación Católica OMAEC), estos colectivos acusan al Ministerio de Educación y Formación Profesional dirigido por Isabel Celaá de haberlos excluido «intencionalmente» en la elaboración del proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE).

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El Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de la LOMLOE por segunda ocasión el pasado 3 de marzo en Consejo de Ministros. El texto ya había sido aprobado en febrero del año pasado, el mismo día que Pedro Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales, lo que truncó entonces la tramitación parlamentaria de la reforma educativa.

CONCAPA y CEAAAEC afirman en las cartas que su propósito es «conseguir un verdadero pacto social y político» para la educación, y acusan al Ministerio de Celaá de mantener «una evidente intención de imponer sin diálogo y consenso la nueva ley orgánica de educación LOMLOE cuya aprobación quiere acelerar a toda costa, aun sufriendo todavía el estado de alarma decretado por la pandemia del Covid-19».

Estas organizaciones católicas sostienen que la nueva reforma, que pretende derogar la vigente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) aprobada en 2013 por el Partido Popular, «propone un sistema de enseñanza contrario a la libertad de educación, de elección y libertad religiosa y moral de las familias» vulnerando, en su opinión, «libertades y derechos fundamentales de la Constitución Española y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos».

La ‘Ley Celaá’, entre otras medidas, elimina los dos artículos de la LOMCE que convertían la asignatura de Religión en una «materia específica» de los dos cursos de Bachillerato, y suprime el artículo que permitía que Religión computara para la nota media del alumno.

CONCAPA y CEAAAEC considera que esta reforma educativa provoca una «discriminación real y efectiva» entre las familias católicas  porque afectan «directamente a la gratuidad de la enseñanza obligatoria» y a su «libre elección» de centro educativo.

Asimismo, aseguran que la nueva ley educativa «nace -una vez más- sin consenso» y pronostican que «será de corta duración, y con consecuencias negativas para el sistema educativo a medio y largo plazo». «Además, no cuenta con referencias a la nueva situación educativa que se generará en la nueva etapa post-covid19, donde las nuevas tecnologías tendrán un papel primordial y esencial en la impartición de la educación», añaden estas organizaciones.

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