
«Gorda», «grasosa», «floja», «maltratador», «gilipollas». Con estas palabras, se dirigía la exjefa de violencia de género de Sevilla, María Luisa F.G., a sus subordinados que tras vivir una serie de hechos decidieron denunciarla por acoso.
Ahora, y según asegura El Confidencial, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado al Juzgado de Instrucción número uno de la capital hispalense que concluya la instrucción contra la que fuera responsable del Grupo Diana, equipo de la Policía Local dedicado a violencia de género. Además ha pedido que proponga juzgarla por un delito contra la integridad moral de sus empleados.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
Suscríbete a Actuall y así no caerás nunca en la tentación.
Suscríbete ahoraEl alto tribunal de Sevilla explica que de lo instruido hasta el momento se deduce que «indiciariamente» la apelada «denegaba permisos sin razón objetiva alguna» a sus subordinados y les ocultaba «la celebración de cursos necesarios para realizar su trabajo relativo a la violencia contra la mujer».
De hecho, y según relata la Audiencia Provincial, la exjefa de violencia de género de Sevilla se refirió a una de sus subordinadas como «floja», le «tiró los papeles despectivamente a la mesa recriminándole su forma de trabajar» porque «llevaba una falda corta».
Mientras que a otro funcionario, le mandó mensajes a través del móvil en el que le decía «lengua de doble filo, garganta que corta» o»puntilla que sobresale, zapatero que recibe». A un tercero, sin embargo, le criticó «de manera áspera» por su forma de trabajar. Le dijo que «no se enteraba de nada» y, cuando le preguntaba alguna duda, le respondía que «no se leía las fotocopias». También le contó a sus compañeros que este policía «era un maltratador» y una «rata».
A una cuarta funcionaria le tildó de «gorda” y «grasosa» después de decirla que lo único que hacía era «rascarse el cono» y le puso un servicio la misma tarde en la que se casaba su hermano.
«Estos hechos no solo se han acreditado indiciariamente por las manifestaciones de los perjudicados, sino también por el testimonio de otros policías», asegura el tribunal sevillano, y agrega que por este motivo «pueden ser constitutivos de un delito contra la integridad moral de los policías citados».