El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez /EFE
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez /EFE

«Es evidente que el Ministerio Fiscal ha actuado siguiendo instrucciones políticas. Reconoce que algunos hechos podrían ser delictivos y pretende la no admisión de la querella para que no puedan investigarse”. Con esta contundencia se ha pronunciado el abogado de la asociación HazteOir.org, Javier María Pérez-Roldán, tras analizar detenidamente el escrito del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, en el que recomienda a los magistrados la no admisión a trámite de las diferentes querellas presentadas contra el Gobierno de España o algunos de sus miembros.

A juicio de Pérez-Roldán, el fiscal, en su escrito, “reconoce que hay hechos que pudieran ser delito, hechos que los querellantes justifican suficientemente como para admitirlos como notitia criminis. Es decir, como indicio suficiente para instruir una causa penal y acordar las pruebas que permitan esclarecer los hechos”. 

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Y añade: “Queremos llamar la atención sobre un aspecto importante, y es que, como la actividad presuntamente delictiva se ha cometido en el seno del Gobierno, gran parte de la acreditación de los hechos no está a disposición de los particulares querellantes. Por tanto, se necesita que el Tribunal Supremo solicite la mencionada investigación a diversas instituciones, ministerios y al propio Ejecutivo. Y, si no se acuerda la admisión a trámite de las querellas, no se permitiría a la ciudadanía probar los hechos que sostienen en sus denuncias”. 

«Está demostrado que, desde finales de febrero, diversos informes requerían la adopción de medidas contra la pandemia. El problema es que el Consejo de Ministros ignoró esos informes”

A la vista de lo alegado por Luis Navajas en su escrito, el abogado de la asociación informa de que, en los próximos días, ampliará la querella criminal con tres objetivos. 

El primero, incluir la identificación concreta de víctimas del COVID-19 “que lo fueron por la desidia del Gobierno”. El segundo, presentar un informe pericial sobre la relación entre la acción del Ejecutivo “y las consecuencias en lesiones y muertes así como sobre la tardanza en tomar medidas”. El tercero, “acreditar con mayor detalle, a partir de las informaciones publicadas recientemente en medios de comunicación, aspectos que no se habían podido incluir anteriormente por no haber tenido acceso a esos datos”.  

La macroquerella de HazteOir.org en el escrito del fiscal

En relación a la querella presentada por HazteOir.org, la Fiscalía sostiene lo mismo que en el caso de las otras dieciocho querellas presentadas. Concretamente, se alega que en las denuncias no se identifica a las personas fallecidas o lesionadas, que no cabe prevaricación por omisión porque no se concreta cuando el Gobierno debería haber empezado a tomar medidas. También se argumenta que el Ejecutivo no  puede incurrir en prevaricación porque no actúa como órgano administrativo, sino de gobierno. 

“Al respecto debemos indicar que, precisamente, pedimos como diligencias de prueba la identificación de los fallecidos y lesionados. Y que igualmente el propio Código Penal establece que los miembros del Gobierno y los del Parlamento son autoridad a los efectos del delito de prevaricación”, explica el letrado.

Y añade: “Finalmente, sí detallamos en qué momento el Gobierno debería haber tomado medidas: antes de las manifestaciones feministas del 8-M. Está demostrado que, desde finales de febrero, diversos informes requerían la adopción de medidas contra la pandemia. El problema es que el Consejo de Ministros ignoró esos informes”.

“Procederemos a la ampliación de la querella para deshacer todos los torticeros argumentos de la Fiscalía. Es evidente que cuando diecinueve letrados y servicios jurídicos coinciden en calificar unos hechos de delictivos, no puede zanjarse el asunto tan fácilmente. No es posible que tantos técnicos en derecho coincidan en apreciar indicios de delito y motivo suficiente para abrir unas diligencias penales y solamente Luis Navajas entienda que no existe necesidad de esta apertura”, reitera Pérez-Roldán.

“La última palabra sobre la admisión a trámite de las querellas la tiene ahora el ponente y el resto de la Sala del Tribunal Supremo, que tendrán que resolver dado que el informe del Ministerio Fiscal no es vinculante”, concluye el abogado de HazteOir.org.

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