Este jueves he tenido la satisfacción de participar en un acto que -sinceramente- creo que marcará la historia de España. O, al menos, contribuirá decisivamente a desgastar a un Gobierno cuya gestión de la crisis del COVID-19 sólo puede calificarse de “criminal”.  Este diario ya contó la noticia prácticamente a unos minutos de producirse. 

En síntesis, el abogado Javier María Pérez-Roldán presentó ayer, por encargo de HazteOir.org y gracias a las aportaciones económicas de muchísimos ciudadanos, una querella criminal de sesenta y siete páginas en la que, nada menos, se pide al Tribunal Supremo que investigue a todos los miembros del Consejo de Ministros del Gobierno de España. El banquillo para sentar a todos ellos va a ser talla XXL porque son veintidós ministros, incluyendo al presidente y a los vicepresidentes. 

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He de confesar que ni siquiera sabía que había un ministro llamado Juan Carlos Campo Moreno, nada menos que titular de la cartera de Justicia. Y que me dicen de Luis Planas Puchades, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación; Carolina Darias San Sebastián, ministra de Política Territorial y Función Pública; José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte. NO sé si ustedes los conocían. Yo, ni idea de su existencia ni actuaciones. Bueno, pues todos ellos (y los ministros ‘top’, tipo Pablo Iglesias, Grande-Marlaska, Irene Montero o Carmen Calvo) han sido ‘querellados’ por HazteOir,org. 

El líder podemita deberá remitir -en el plazo de 10 días hábiles- toda la documentación emitidas por su departamento en relación a las Residencias de la Tercera edad

Y ojito que la macroquerella de la entidad cívica que preside Arsuaga pide al Supremo que investigue, juzgue y-en su caso- dicte sentencia contra la multitud de miembros del ejecutivo de Sánchez-Iglesias (tanto monta, monta tanto) por siete presuntos delitos. En concreto:

-Un número por ahora indeterminado de homicidios imprudentes.

-Presuntos delitos de daños.

-Delito de prevaricación continuada (por acción u omisión).

-Delito continuado de omisión del deber de socorro.

Número indeterminado de delitos de Lesiones imprudentes.

-Un delito continuado contra la seguridad de los trabajadores.

-Un número aún indeterminado de delitos contra los sentimientos religiosos

Atención: las novedades de la ‘causa general’ de HazteOir.org contra el Gobierno de Sánchez e Iglesias no han acabado. Porque el abogado de la entidad cívica solicita, en el texto de la querella que se requiera determinada documentación a una serie de miembros del ejecutivo de Sánchez. Por ejemplo a la ministra de la Presidencia, María del Carmen Calvo Poyatos, en su calidad de secretaria del Consejo de Ministros, “para que en el plazo de 10 días hábiles, remita copia de todos los informes, directivas, órdenes, recomendaciones e información e informes de todo tipo que haya recibido el actual gobierno o el anterior, desde el 8 de diciembre de 2019 hasta la actualidad, en relación al virus Sars-Cov-2 y la enfermedad COVID-19 de cualquier organismo internacional, supranacional, o de otros países (China, Italia), ya por cauces políticos, administrativos, informales o diplomáticos.”

También se pide a Carmen Calvo que, “en el plazo de 10 días hábiles, remita copia de las deliberaciones y acuerdos del Consejo de Ministros, celebrados por éste o el anterior Gobierno entre el 8 de diciembre de 2019 y la fecha de remisión, que tengan relación con el virus Sars-Cov-2 y la enfermedad COVID-19”.

Ojalá se haga justicia. Las víctimas y sus familias se lo merecen. Y, por supuesto, los políticos deben pagar en función de su responsabilidad, por acción u omisión

No se pierdan lo solicitado -vía judicial- por HazteOir.org a Pablo Iglesias en calidad de titular de la vicepresidencia segunda y ministerio de derechos sociales y agenda. El líder podemita deberá remitir -en el plazo de 10 días hábiles- toda la documentación (instrucciones, órdenes- verbales o escritas-, acuerdos, protocolos de actuación de todo tipo, informes, etc. ya hubieran sido emitidas a las Comunidades Autónomas o cualquier otro organismo) emitidas por su departamento en relación a las Residencias de la Tercera edad desde el 8 de diciembre de 2019 hasta la actualidad; así como los información recibida en este mismo tiempo procedente de las Comunidades Autónomas o de Residencias públicas o privadas (protocolos, solicitudes de ayuda, correos electrónicos, etc.).

Hay requerimientos en la querella dirigidas a los titulares de Interior, Sanidad, y otros organismos. En definitiva, una verdadera causa general contra el Gobierno de Sánchez-Iglesias.

Con motivo del registro de la macroquerella, un docena de voluntarios de HazteOir.org hemos recordado este jueves en la plaza de Colón a las víctimas del COVID-19 pidiendo justicia para ellas. Y expresando una verdad fundamental: que da igual la cifra de ‘bailes’ del Gobierno y sus cómplices. La suma de fallecidos y contagiados por coronavirus siempre arroja un resultado (independientemente del resto de los factores) : 0 responsables.

Ojalá se haga justicia. Las víctimas y sus familias se lo merecen. Y, por supuesto, los políticos deben pagar en función de su responsabilidad, por acción u omisión. Si les apetece saber más de la macroquerella de HazteOir.org contra el Gobierno de Sánchez e Iglesias no duden en acceder a este coloquio.

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