«Esta petición es tuya y mía, no tiene color político, la firmamos gente de izquierdas y de derechas, de centro y de cualquier otra opción que nos sentimos unidos en los profundos valores de la esencia milenaria de las profesiones sanitarias y de la Constitución, y vamos juntos a defender la dignidad de cada uno y el bien de todos».

Así concluye una petición dirigida al Tribunal Constitucional que subraya un buen número de críticas a la Ley de Eutanasia y que han impulsado Salvador González Barón, catedrático Emérito de Fisiología Humana en Universidad de Málaga; Manuel González Barón, director honorario de la cátedra de Oncologia y Médicina Paliativa y jefe (jubilado) del servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario La Paz de Madrid; Manuel García del Río, profesor titular de Pediatría de la Universidad de Málaga y Álvaro Gándara del Castillo, jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

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Entre estas críticas, estos reputados profesionales destacan en primer lugar que la norma ha sido aprobada «recurriendo a una procedimiento parlamentario no adecuado«, mediante una proposición de ley del grupo parlamentario del PSOE y no como un proyecto de ley del Gobierno «para prescindir del Informe del Consejo de Estado». Asímismo, se señala que el Gobierno ha desdeñado los informes elaborados por el Comité de Bioética de España, el Consejo General del Poder Judicial, organizaciones profesionales del ámbito sanitario y sociedades científicas involucradas en el cuidado de los pacientes al final de la vida.

El profesor Daniel Callaghan, cofundador de la disciplina Bioética, define la eutanasia y el suicidio médicamente asistido como «la legitimación del asesinato mutuamente acordado»

El manifiesto denuncia de igual modo que se ha promovido «deliberadamente un falso debate social», presentando casos límite muy mediáticos «olvidando el elevado número de pacientes, unos 80.000, que mueren por falta de Unidades de Cuidados Paliativos».

El texto incide en el hecho de que «desde el principio de los tiempos aliviar el sufrimiento es una especial exigencia ética y humanitaria de toda la sociedad, particularmente de los profesionales de la salud», por lo que la demanda social está más bien orientada hacia «leyes que protejan la vida humana, especialmente de las personas más vulnerables».

Inseguridad jurídica

El escrito dirigido al Tribunal Constitucional, que puede ser firmado en línea, subraya que la Ley de Eutanasia «crea una situación de inseguridad jurídica sin precedentes para las personas más frágiles» lo que la convierte en «profundamente injusta» por dejarlas sin alternativas «puesto que los cuidados sociales o las ayudas a la dependencia no llegan a todos ni en tiempo ni en forma».

Con esta ley, añaden, las personas vulnerables se considerarán «una carga», se entenderá que «hay vidas sin valor» y el médico desempeñará «el papel de ejecutor en la eliminación de una persona», de tal forma que «queda rota la relación de confianza tan necesaria entre el médico y el enfermo, y también con sus familiares».

El texto recuerda que el profesor Daniel Callaghan, cofundador de la disciplina Bioética, define la eutanasia y el suicidio médicamente asistido como «la legitimación del asesinato mutuamente acordado».

Matar, un nuevo derecho subjetivo

Los firmantes del manifiesto dirigido al máximo órgano español de interpretación constitucional señalan además que el texto legal aprobado por las Cortes «ha creado un nuevo derecho subjetivo individual, matar, que se le niega a muchas personas, ya que no se puede ejercer más que en un contexto eutanásico» con una persona nacida.

Maś allá de esta contradicción, se insiste que ese «derecho a poner fin a la vida propia» no existe, rompe con todos los principios jurídicos universales y es incompatible con la Constitución Española (artículo 15) y los dispuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tampoco -añade el texto- se respeta el principio de proporcionalidad «ya que debería haber legislado previamente sobre la Ley de Cuidados Paliativos».

No podemos esperar de los profesionales de la salud que provoquen directamente la muerte de ninguna persona, aunque lo pida. Nada hay más contrario a la Medicina y la Enfermería»

Registro de objetores, ni legal ni legítimo

En el manifiesto se analiza también que la Ley de Eutanasia obligue a los profesionales sanitarios contrarios a esta práctica por motivos de ciencia y de conciencia, a que se inscriban de manera preventiva en una suerte de lista negra.

Este registro «no es legal, ni legítimo» y plantea seria dudas «por posibles repercusiones que podrían darse en la promoción profesional de los que se oponen a aplicarla». A su entender, «más objetivo y justo sería que esa relación para las autoridades sanitarias se realizara de aquellos profesionales que están a favor de la eutanasia».

«La profesión médica siempre ha estado orientada a tener el máximo respeto por el paciente, y por tanto, llegado el momento necesario, a curar, y cuando no es posible, siempre a aliviar, a cuidar. No podemos esperar de los profesionales de la salud que provoquen directamente la muerte de ninguna persona, aunque lo pida. Nada hay más contrario a la Medicina y la Enfermería», insisten.

La eutanasia no es un acto médico

El manifiesto recuerda por otro lado que El Código de Deontología Médica establece en su artículo 36.3 que «el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste» y que ste planteamiento está en línea con lo expresado por la Asociación Médica Mundial en el año 2019 en contra de la eutanasia.

En este sentido, la petición ciudadana dirigida al Tribunal Constitucional subraya que «la eutanasia no es un acto médico en sentido estricto» a pesar de que la ley la incluya como una prestación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.

La alternativa a la eutanasia es cuidar

El último segmento del texto que pretende hacer reflexionar al Tribunal Constitucional se centra en la defensa de los cuidados paliativos y la lex artis médica como alternativa a la ley de eutanasia.

La situación en España respecto a otros países de Europa en la prestación de Ciudados Paliativos pone de manifiesto que «no se ha querido apostar» por ellos. Así, mientras que la media europea es de 2 unidades de Cuidados Paliativos por cada 100.000 habitantes, España sólo tiene 0,6.

Además, las prestaciones por dependencia llegan tarde, como atestiguan datos oficiales del año 2019: «la media de tramitación es de 14 meses y ese año fallecieron 31.000 pacientes sin recibir ningún tipo de ayuda».

La situación docente de los Cuidados Paliativos no es mejor, según se denuncia: «solamente en 22 Facultades de Medicina de 42 se enseña algo de Cuidados Paliativos y de ellas exclusivamente en 4 existe una Cátedra dotada con esa denominación», denuncian. Algo similar ocurre con las Facultades de Enfermería donde sólo en 69 de 112 se imparte enseñanza de Cuidados Paliativos.

Tanto esta disciplina, como la Sedación Paliativa en su caso «previenen y alivian el sufrimiento, mientras la Eutanasia y el Suicidio Médicamente Asistido provocan la muerte». Al tiempo, los cuidados paliativos están basados en la combinación «etica de la autonomía y la ética de la vulnerabilidad y de la solidaridad colectiva», mientras que la eutanasia radica en la ética de una autonomía sin límites.

El manifiesto recuerda por último que sólo cinco países con democracias consolidadas en el mundo han aprobado leyes de eutanasia y en éstos «la falta de control -a pesar de pretender garantizarlo- ha llevado a verdaderas eutanasias no solicitadas» y se han relajado «todas las cautelas legales contempladas, hasta el extremo de poder solicitar en determinados casos, una eutanasia casi a la carta».

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