
La tensión es palpable. El juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, ha imputado a Puigdemont y a Marta Rovira un presunto delito de terrorismo. El marco ahora se intensifica. Sánchez ya no sólo negocia con un prófugo de la Justicia por un delito de rebelión/sedición. Ahora también negocia con un posible responsable de terrorismo.
La imputación se produce justo cuando Puigdemont está tensando la cuerda de la negociación con Sánchez. Huele la debilidad del presidente en funciones y está dispuesto a sacarle hasta los higadillos…
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraLa izquierda política y mediática dirán que la Audiencia Nacional O dicho de otra manera: el poder judicial se siente tan ninguneado y tan humillado que ha decidido no sólo defenderse sino garantizar el Estado de derecho frente a quien pretende pisotearlo.
Ahora salen ‘prestigiosos juristas’ a ‘vendernos’ las bondades de la amnistía y su posible encaje constitucional. Son -como Baltasar Garzón- los que antes de ayer decían que era inviable, inaceptable e inconstitucional. Y sobre todo inmoral. Porque es evidente de toda evidencia que no se trata de impulsar la convivencia sino de mera conveniencia del ‘cambiacolchones’. La hemeroteca es tan abundante que sorprende la absoluta falta de pudor al defender lo que ayer se denostaba con ahínco.
Y ante el golpe a la democracia que se pretende desde el palacio de Moncloa, sin pudor alguno, los jueces han decidido defender la dignidad de la nación y el estado de derecho. Lo hacen porque hay pueblo dispuesto a salir a las calles como ha ocurrido en Madrid, Córdoba y Valencia y ocurrirá en los próximos días en toda España.
El 2 de mayo se adelanta a noviembre y esta vez parece que los jueces estarán con la nación frente a un indigno presidente dispuesto a pactar con sediciosos, rompe patrias y presuntos terroristas. España no se negocia. España se defiende.