La Corte Suprema de los Estados Unidos comienza a estudiar este martes 20 de marzo el caso del National Institute of Family and Life Advocates vs. Becerra, que consiste en una demanda de la red de centros de maternidad provida contra el estado de California.
California pretende que los centros de maternidad estén obligados a informar a las mujeres que acudan de que el estado ofrece la posibilidad de abortar gratis o a bajo coste, además de servicios de contracepción. Además, los centros que no dispongan de licencia médica, deberán anunciarlo en varios idiomas. En caso de que se incumpliera la norma, cada quebrantamiento supondría una multa de 1.000 dólares.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahora«Nadie debería obligar a tener que ofrecer publicidad gratis a la industria del aborto, y menos los centros de maternidad provida», ha afirmando Michael Farris, presidente y CEO de Alliance Defending Freedom (ADF) que representará a los centros provida en este caso. «El gobierno aprovecha su estatuto para señalar a los centros provida y para forzarles a usar sus paredes como vallas publicitarias para mostrar el camino al aborto», ha insistido.
«La información sobre el aborto se puede obtener fácilmente, y el Gobierno tiene muchas otras maneras de hacerlo sin pisotear las libertades protegidas por la Primera Enmienda»
«La información sobre el aborto se puede obtener fácilmente, y el Gobierno tiene muchas otras maneras de hacerlo sin pisotear las libertades protegidas por la Primera Enmienda de los defensores de la vida», ha concluido.
Veintidós estados norteamericanos, 144 miembros del Congreso y muchas más gente han escrito a la Corte Suprema para que detenga la aplicación de esta nueva ley de California.
Esta nueva ley, sin embargo, parece formar parte de una campaña a nivel mundial que empuja a una mayor restricción a la libertad de expresión, particularmente del discurso en favor de la vida: Francia intentó aprobar en 2016 una nueva ley que criminalizaba las páginas web con información provida, estando incluso penado con dos años de cárcel. En el Reino Unido, se está discutiendo la creación de zonas de seguridad alrededor de centros abortistas donde esté prohibido el discurso provida. Eso mismo ya se ha aprobado en Canadá y ya han detenido a varias personas por incumplir esas burbujas de protección.
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