María San Gil / EFE

La Fundacion Villacisneros ha logrado algo que parecía casi imposible: reabrir un caso de un crimen etarra cometido hace 38 años. Es el del Guardia Civil Antonio Ramírez Gallardo y su novia Hortensia González Ruiz, asesinados el 6 de enero de 1979 ametrallados por la banda terrorista ETA en Beasáin (Guipúzcoa).

Si la reapertura del caso ha sido posible ha sido fundamentalmente gracias a la iniciativa «Proyecto Dignidad», que investiga crímenes etarras que siguen sin resolverse después de décadas. Esta situación también la ha denunciado el cineasta Iñaki Arteta en su última película «Contra la impunidad».

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La fundación, que tiene el apoyo de María San Gil, remitió un escrito al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, en nombre de la hermana de Hortensia González, solicitando la reapertura del caso «los novios de Cádiz» el pasado 12 de octubre. Gracias a la conformidad de la Fiscalía se ha retomado la instrucción.

De momento, el magistrado ha ordenado tanto a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y como al Servicio de Información de la Guardia Civil «un informe respecto a la autoría del ataque terrorista objeto de la investigación».

Y es que la investigación iniciada en 1979 no dio los frutos esperados, ya que la Audiencia Nacional dio carpetazo a los hechos por «falta de autor conocido», aunque testigos afirmaban que dos o tres miembros de ETA se encargaron de disparar al agente y su novia, de 24 y 20 años, respectivamente.

Casi 40 años después el fiscal Pedro Rubira asegura que, aunque el atentado puede estar prescrito, el delito de integración en organización terrorista «es de tracto sucesivo, es decir, se realiza mientras que la persona o personas se encuentren integradas en dicha organización«.

Como los asesinos aún no han sido identificados por nadie, «en este estado procesal no se puede concluir que los hechos se encuentren prescritos», señala el fiscal de la Audiencia Nacional.

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