La Consejería de Enseñanza de la Generalitat se ha negado a afrontar las medidas económicas que decidió el Ejecutivo Central a las 43 familias que han solicitado la escolarización en castellano.
La negativa a hacerse cargo del pago, de 6.000 euros, fue anunciada ayer en persona por la consejera, Meritxell Ruiz, al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. Ruiz ha asegurado que el Govern recurrirá «todos» los expedientes abiertos respecto a estas peticiones, ya que en su opinión «no tienen ningún sentido».
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEl Departamento de Enseñanza considera que esta medida supone un «ataque al modelo de inmersión lingüística y a las competencias propias en materia educativa», y por ello, tratará de evitar que el Gobierno no le reste este dinero, tal y como establece la normativa.
Según ha informado El Mundo, Ruiz también ha expresado al ministro su «profundo malestar» por estos expedientes autorizando la escolarización en castellano en Cataluña, ya que considera que se cuestiona las competencias en educación de la Administración autonómica.
Un batalla contra Cataluña para estudiar en castellano
La disposición adicional 38 de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) establece que los alumnos que tengan que estudiar en un centro privado, por no tener en su comunidad un colegio público o concertado donde recibir educación en castellano como lengua vehicular, serán compensados por la Administración autonómica.
El importe máximo que podrán recibir será el equivalente al coste de una plaza en un centro público, que es de unos 6.000 euros.
Según esta norma, el Ministerio de Educación deberá ingresar el importe correspondiente a las familias por mensualidades y, cada tres meses, remitir al Ministerio de Hacienda la información. Mediante este sistema, la factura final de la escolarización del castellano es sufragada por aquellas comunidades autónomas que no prestan el servicio.
Precisamente, lo que el Govern anunció ayer que va a recurrir es la retención de esas cantidades, y que se ve obligado a pagar de forma indirecta, por su negativa a escolarizar en castellano por motivos políticos.
A la Generalitat no le bastan las sentencias judiciales que se han producido a favor del bilingüismo ni las medidas impulsadas por el Gobierno. Es una firme defensora de la inmersión lingüística en catalán, hasta el punto que se ha convertido en uno de los pilares del nacionalismo.
Cataluña no hará las pruebas de evaluación de la Lomce
Por otro lado, la consejera ha comunicado a Méndez de Vigo que «Cataluña no hará las pruebas de evaluación de la Lomce» y que los alumnos catalanes de 6º de Primaria seguirán el sistema fijado en la Ley de Educación de Cataluña.
Ruiz ha asegurado que las pruebas que ellos realizan sirven igualmente para «evaluar el sistema y para orientar las políticas educativas del Departamento», pero «sin publicaciones de rankings que estigmatizan a los centros». Además, lamentó que la Lomce les obligue «a escoger la lengua», algo que «en este país no es posible».
La consejera de Enseñanza se ha mostrado «totalmente contraria» a que los alumnos de 4º de Secundaria tengan como requisito indispensable aprobar el examen que prevé la Lomce para obtener el título. «La evaluación siempre será diagnóstica y para dar un efecto orientador, tanto para las familias como para los centros. No creemos que utilizar la evaluación para condicionar un título sea el uso adecuado» ha asegurado Meritxell Ruiz.
