La investigación contra la candidata de Podemos, la juez Victoria Rosell, continúa tras descubrirse que dejó sin resolver durante 20 meses la instrucción contra el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.
El empresario acordó embolsar a la pareja de la juez, el periodista Carlos Sosa, 300.000 euros a cambio del uso de una emisora mientras Rosell le investigaba por delitos contra la Hacienda Pública y fraude por más de 13 millones de euros a la Seguridad Social.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEl juez que ha sustituido a Rosell en la investigación, tras haberse incorporado como candidata de Podemos, está resolviendo los asuntos que ella dejó pendientes. Entre éstos está una petición de fianza contra el propio Miguel Ángel Ramírez.
El magistrado encargado del caso ha decidido fijar una fianza para el presidente de Las Palmas de 35 millones de euros, pero lo curioso es que la solicitud a la petición de la fianza estaba pendiente desde el 29 de abril de 2014. La juez Rosell no se había pronunciado al respecto de estas peticiones durante los 20 meses en los que estuvo al frente de la instrucción del caso.
El motivo de su silencio: una operación de 300.000 euros
Los investigadores apuntan a El Mundo que el hecho de que Rosell no adoptara medidas cautelares contra Ramírez, puede interpretarse como un trato de favor y que además, el empresario y Carlos Sosa pactaron una operación de venta de una emisora de radio, por la que Ramírez debía desembolsar al periodista 300.000 euros.
El presidente Las Palmas necesitaba una frecuencia para que la emisora oficial del club siguiera en el aire, después de que el Gobierno de Canarias le advirtiese formalmente de que carecía de autorización para continuar ocupando con sus programas el punto 93.8 del dial.
Las mismas fuentes cuentan que las peticiones de fianza contra el empresario y presidente de Las Palmas no se atendieron en ninguna ocasión, y que existen siete peticiones pendientes de ser resueltas por el juzgado. El silencio ante el caso fue lo que motivó la denuncia de la Fiscalía contra la entonces juez.
La candidata de Podemos ha denunciado una persecución contra ella y acusa de esta conspiración al ministro de Industria y candidato del PP por Las Palmas, José Manuel Soria, y a la Fiscalía del Las Palmas. El ministro respondió a estas acusaciones presentado una querella por injurias y calumnias contra la juez en excedencia ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.
