Desde hace años, algunos actores de las instituciones comunitarias han mostrado su preocupación porque, ya desde la sociedad civil, ya desde algunos gobiernos de países miembros de la Unión, hay quien se ha atrevido a cuestionar los dogmas de lo políticamente correcto y de la ideología de género.
Las posturas de los Gobiernos de Polonia y Hungría frente a la imposición del aborto, la equiparación del matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo, el derecho de los ninos a tener padre y madre, etc.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraFrente a esta ‘rebeldía’, la Comisión Europea, que utiliza fondos europeos para cuestiones como desfilar con carroza propia en la cabalgata gay de Ámsterdam, ya decidió el pasado mes de enero activar el excepcional mecanismo de evaluación del Estado de Derecho e imponer una ‘troika ideológica’ a Polonia, una nación que no se pliega a la instauración de leyes como la del aborto libre.
Suprimir el principio de subsidiariedad
Quienes quieren censurar políticas provida y profamilia en diferentes países de la Unión Europea, quieren subir un peldaño más la presión, atacando el principio de subsidiariedad recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Este principio es considerado como «fundamental» para el correcto engranaje de las instituciones comunitarias y los estados miembro y pretende «determinar el nivel de intervención más pertinente en los ámbitos de las competencias compartidas entre la UE y los países de la UE».
La subsidiariredad debe aplicarse de forma complementaria con los principios de atribución y proporcionalidad, por los que las instituciones europeas sólo disponen de las competencias señaladas en los tratados y los medios para alcanzar los objetivos de los tratados no pueden ir «más allá de lo necesario».
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Comisión Europea toma en consideración este 6 de septiembre de 2016 un informe elaborado por la eurodiputada de los Países Bajos Sophia in ‘t Veld que prevé la supresión del artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Dicho artículo está referido al ámbito de aplicación de la Carta y reconoce de forma explícita que sus disposiciones quedan bajo el respeto al principio de subsidiariedad.
Pese a pretender la supresión de este artículo, el informe a debatir cae en contradicción al asegurar que las recomendaciones que realizan «respetan los derechos fundamentales y el principio de subsidiariedad» (sic).
Contra este movimiento, la organización Europe for Family ha lanzado a través de la plataforma CitizenGO una petición en diferentes idiomas (español, inglés, francés, alemán y húngaro) que tratan de influir en los eurodiputados clave a la hora de aprobar este informe y que ya ha concitado el apoyo de más de 160.000 ciudadanos.
Un semáforo para controlarlos a todos
Evocando el Anillo Único forjado por el Señor Oscuro Sauron para controlar el resto de anillos de poder en la saga ideada por Tolkien, la eurodiputada autora de la propuesta ha diseñado una suerte de «semáforo para controlarlos a todos».
Dicho indicador tricolor, que responde al código universal rojo – naranja – verde, estará elaborado por un sinfín de expertos e instituciones liderados por el presidente del comité científico de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE.
Aquellos países que tengan más de una cuarta parte de los indicadores en situación roja, o que mantengan en dicha calificación algún apartado durante un periodo de dos años, podrían llegar a ser castigados con la suspensión de derechos derivados de la aplicación de lslos tratados comunitarios, incluido el derecho de voto en el Consejo, según se especifica en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (Tratado de Lisboa).
