Imagen referencial / Pixabay
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Las limitaciones de derechos y libertades fundamentales necesitan ajustarse a la legislación, una proporcionalidad y perseguir un fin legítimo. En caso contrario las leyes se convierten en liberticidas. Ni siquiera la promoción de fines pretendidos legítimos justifica acabar limitando y restringiendo varias libertades como la de expresión, la de asociación o la de manifestación.

Sin ser lo mismo, la libertad de expresión está muy relacionada con la libertad de opinión, manifestación y asociación siendo la garantía de libertades fundamentales, reconocidas tanto en la legislación española como en la europea y en la internacional.

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Los distintos tribunales, órganos de tratados y mecanismos de control internacionales han ido interpretando estos derechos y sus limitaciones. No es el objetivo de este artículo realizar una exégesis jurídica ni analizar la jurisprudencia sino más bien suscitar un debate sobre la necesidad de establecer nuevos límites a la legislación ya existente, sobre todo como están haciendo algunos países en relación con la orientación sexual y la ideología de género. Los límites pueden llegar a ser bastante severos y no siempre están justificados por la legislación, sino que parten de la iniciativa de órganos jurídicos, políticos o directamente de ciudadanos o grupos de éstos.

Se limita, cercena y mutila el necesario debate político y en la sociedad haciendo creer que sólo ciertas ideas son válidas. No se busca sólo el insulto sino la descalificación y eliminar unas ideas perfectamente legítimas
Carteles sobre la libertad de expresión en Suiza.

El pasado 9 de febrero hubo en Suiza una votación popular para incluir la orientación sexual como categoría protegida en la legislación. Hubo una clara división entre los que pedían limitar y evitar el llamado “discurso de odio” con penas de hasta tres años de cárcel con el discurso de “ninguna tolerancia para los intolerantes” y aquellos que consideraban que las personas ya están suficientemente protegidas y que incluir nuevas categorías especiales de protección no hace nada más que limitar y censurar la ya existente libertad de expresión.

Los últimos indicaban que otros elementos característicos de la persona que también pueden ser causa de discriminación como la edad, la apariencia física, la clase social, el origen, la lengua o la nacionalidad no están incluidos. Con una participación del 41,7%, el resultado final fue que un 63,1% de los que votaron pidieron la inclusión de la orientación sexual como categoría protegida lo que da que, de quienes tenían derecho de voto, sólo el 26,3% votó a favor.

Muchos de los lectores recordarán una Proposición de Ley de Igualdad promovida en 2017 por Unidos Podemos-En Comú Podemos y En Marea. Era una iniciativa legislativa para “luchar contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”.

En ocasiones, lo que no puede la legislación lo llevan a cabo los medios de comunicación, ciertos grupos políticos o las redes sociales

La legislación interfería, atropellaba y limitaba derechos constitucionalmente protegidos. La Proposición de Ley tenía términos muy vagos, indefinidos jurídicamente y hacía depender los delitos de la percepción del ofendido abriendo la puerta a la litigación oportunista de aquellos que vieran la posibilidad de obtener un beneficio económico. De una gravedad extrema era que se producía una inversión de la carga de la prueba, de forma que aquellos que fuesen acusados del delito de odio, o de ir en contra de los derechos de los LGTBI serían los que tendrían que demostrar que no eran culpables. No menos importante era la violación de la libertad de expresión, la censura, la limitación de los medios de comunicación, así como la violación del derecho de los padres a ser los primeros educadores de los hijos.

La citada iniciativa fue admitida a trámite parlamentario pero el proceso legislativo no terminó. El hecho de que Unidas Podemos esté ahora en el gobierno puede hacernos pensar si una Proposición de Ley similar llegará pronto a la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

Una vez que se han tratado dos ejemplos concretos podemos remarcar el tratamiento de la libertad de expresión, opinión y asociación tanto en la Constitución Española como en la legislación internacional.

La Constitución Española garantiza en su artículo 16.1 “la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”. El artículo 20.2 de la Constitución Española prohíbe la censura previa.

La legislación española está inspirada y basada en los textos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Convenio Europeo de Derechos Humanos que también protegen la libertad de opinión y de expresión. El ejercicio de estos derechos y libertades fundamentales también conlleva unos límites relacionados con la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. Especialmente interesante y relevante es la prohibición del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a favor de la guerra, o la apología del odio nacional, racial o religioso que incite a la discriminación, la hostilidad o la violencia. La Convención Europea de Derechos Humanos establece unas limitaciones basadas en la seguridad nacional, la integridad territorial, la seguridad pública o la protección de la salud o de la moral, entre otras.

¿Existe la obligación de seguir los dictados de la “agenda LGBTI” y la “ideología de género” y limitar las libertades de expresión, asociación y opinión?

Además de los límites legales ya expuestos, existen unos límites reales que pueden ser bastante severos. En ocasiones, lo que no puede la legislación lo llevan a cabo los medios de comunicación, ciertos grupos políticos o las redes sociales. Hoy en día términos como fascista, ultrareligioso, ultraderecha, homófobo, o anti-derechos humanos se utilizan muy fácilmente para descalificar a aquellos que piensan de forma diferente. Se limita, cercena y mutila el necesario debate político y en la sociedad haciendo creer que sólo ciertas ideas son válidas. No se busca sólo el insulto sino la descalificación y eliminar unas ideas perfectamente legítimas. Esos términos descalificativos los merece, por ejemplo, alguien que cree que el matrimonio debe ser la unión natural de un hombre y una mujer, junto con su descendencia natural o adoptada. Se podría incluso discrepar de ellos sobre la mejor estructura familiar o sobre cuáles son los métodos más apropiados para educar a los hijos pero no se les debería atacar teniendo el objetivo de hacerles callar. ¿Acaso es esa la táctica de los falsos tolerantes?

Muchos de los “tolerantes” que quieren ampliar el significado del matrimonio incluyendo cualquier tipo de unión entre dos personas no aceptan de buen grado opiniones contrarias. En multitud de ocasiones, atacan a quienes no piensan como ellos. No son infrecuentes los actos violentos de quienes piden tolerancia o reconocimiento para sus deseos o pulsiones sexuales.

En varios países occidentales, como Estados Unidos, en la búsqueda de una pretendida igualdad de derechos y con el supuesto objetivo de evitar la discriminación por razón de orientación sexual se están produciendo censuras, multas, detenciones o incluso penas de cárcel a aquellos que están queriendo expresar su opinión o mantener sus valores morales, religiosos o culturales. ¿Existe la obligación de seguir los dictados de la “agenda LGBTI” y la “ideología de género” y limitar las libertades de expresión, asociación y opinión? ¿Y se debe hacer sin respetar la Constitución Española y la legislación internacional?

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Rubén Navarro es abogado y licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Le encanta viajar y comunicarse con amigos de otras culturas e idiomas, además de un buen café por la mañana. Habla inglés, francés e italiano. En Ginebra desde 2011, ha trabajado con diplomáticos, legisladores y ONG en la defensa de la familia, la vida y la libertad religiosa en el Consejo de Derechos Humanos dela ONU. Es autor de un capítulo en el libro ‘La Batalla por la Familia en Europa’, coordinado por Francisco José Contreras.