Son más de 400 familias las que están esperando la decisión de Manuela Carmena. Se trata de familias que decidieron embarcarse en el proyecto urbanístico de la cooperativa «Metropolitan», uno de los más ambiciosos de las últimas décadas en la capital, concretamente en la zona de Chamberí.
Tras el cambio de gobierno en las elecciones municipales, las negociaciones se han estancado y la consecuencia es que el gobierno de Podemos en Madrid dejará fuera del proyecto, y por tanto sin casa, al 10% de las familias que ya tenían asignada una vivienda.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraComo publica La Razón, el proyecto comenzó en 2014 cuando Metro de Madrid decidió subastar una parcela de antiguas cocheras en Cuatro Caminos y el Grupo Ibosa ganó la puja con una oferta de 88 millones de euros. La legislación establece que los nuevos proyectos urbanísticos deben ceder un 10% del aprovechamiento lucrativo al Ayuntamiento.
La cooperativa ya acordó dar una compensación económica
En este caso, la cooperativa y la gestora pactaron con el anterior Gobierno, presidido por Ana Botella, que ese 10% se monetizaría, es decir, se concretaría en una compensación económica, y de esta forma, se habilitarían más viviendas. Este acuerdo, que ya estaba en una fase muy avanzada de negociación, habría supuesto un ingreso para las arcas de la ciudad de más de 10 millones de euros.
El equipo de Ahora Madrid rechazó la opción de la monetización y desde el área de Desarrollo Urbano Sostenible trasladaron a la gestora y al consejo rector de la cooperativa la decisión tomada, y es que el Ayuntamiento sólo contempla la cesión del 10% de las viviendas a construir.
La inflexibilidad de Ahora Madrid supone que unas 45 familias se queden sin vivienda
Las exigencias de Carmena dejan a la cooperativa en una situación comprometida, ya que al haber comercializado con la totalidad de los pisos, la inflexibilidad de Ahora Madrid supone que unas 45 familias se queden sin la vivienda que tenían asignada y por la que ya habían empezado a pagar.
Los cooperativistas han decidido plantear tres opciones al Ayuntamiento: la compensación económica al consistorio, la cesión de ese 10% en equipamientos para el distrito dentro de la parcela o la cesión de ese mismo número de viviendas en otro punto de la ciudad. La respuesta de Carmena ha sido un ‘no rotundo’, a pesar de ser alternativas legales y habituales.
La cooperativa presentó a Carmena los beneficios del residencial
Se trata de un largo proceso cuyo último capítulo se dio el 15 de diciembre en el despacho de la alcaldesa. Carmena, acompañada por el director general de Planeamiento del consistorio, se reunió con los impulsores del residencial que trataron de persuadirla para que adoptase una de las alternativas propuestas.
A pesar de trasladarle los beneficios que supondría una regeneración urbana, entre los que destacan la existencia de decenas de viviendas protegidas de precio básico, o las mejoras para los vecinos, como serían el camuflaje de las actuales cocheras y de la subestación eléctrica, la alcaldesa sigue negándose a dar una solución a estas familias.
La urbanización también supondrá el nacimiento de tres nuevos viales y calles que comunicarían la calle de Bravo Murillo con las de Pablo Iglesias y Reina Victoria. El Ayuntamiento recibirá una parcela para usos terciarios de casi 7.000 metros cuadrados edificables, en la que el Gobierno de Carmena podrá abrir equipamientos públicos como un centro cultural, una biblioteca o un centro de mayores.
Son ventajas que no ha tenido en cuenta la alcaldesa Carmena y que por tanto condenan a más de 40 familias a quedarse sin su vivienda prometida.
