Varios representantes de las asociaciones Caritas, CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz han entregado en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social las más de 30.000 firmas que han recogido gracias a la campaña «Tenemos 72 horas para actuar».
Estas entidades se han mostrado satisfechas porque la movilización ciudadana ha impulsado el acuerdo que se ha alcanzado en el pleno del Congreso sobre la posición de España frente a Turquía.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraLa campaña se puso en marcha el pasado lunes por la tarde para pedir al Gobierno español protección y acogida en Europa a migrantes y refugiados, y mostrar su rechazo al principio de acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que se debate en la reunión del Consejo Europeo.
El éxito de esta campaña, que se suma a iniciativas similares lideradas esta misma semana por otras entidades, demuestra la solidaridad de la sociedad española ante el drama de las personas migrantes y refugiadas, y la indignación ciudadana con la respuesta europea.
Las asociaciones vigilarán las medidas adoptadas en el Consejo Europeo
Caritas, CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz piden al Gobierno que lidere en el Consejo Europeo ante el resto de los países la postura española y que ofrezca los recursos necesarios para implementarla.
Entre las medidas que han solicitado se encuentran no cerrar las fronteras externas de la Unión Europea, tramitar individualmente cada solicitud de asilo, sin discriminación por razón de nacionalidad, ofrecer mayor solidaridad con los países europeos a donde están llegando la mayoría de los refugiados o habilitar las vías de acceso legal y seguro.
Estas cuatro entidades han avisado que se mantendrán especialmente vigilantes para asegurar que las medidas que se adopten en el Consejo Europeo no traicionen el acuerdo alcanzado en el Congreso.
La Defensora del Pueblo rechaza la devolución de refugiados
Por su parte, la Defensora del Pueblo ha defendido que la Unión Europea debe presentar una respuesta común que garantice la acogida humanitaria, ya que en su opinión «el control de los flujos migratorios que deseen entrar lo hagan de manera legal y ordenada y sea compatible con el respeto a los derechos humanos y las obligaciones internacionales».
Añade que «la devolución de refugiados sin escuchar sus razones para solicitar asilo debe ser rechazada, porque las devoluciones masivas están en contra de la legislación internacional sobre Derecho de Asilo y sobre los Derechos Humanos».