Pablo Iglesias durante una sesión de control al Gobierno en el Senado. /EFE

La obligatoriedad del uso de las mascarillas no sólo ha provocado un cambio en el rostro humano -transformándonos a todos cual bandoleros de una película del oeste- y una obvia incomodidad en su uso, especialmente los días más calurosos, también nos ha traído y apercibido en nuestras vidas el pensamiento político de alguno de nuestros más relevantes gobernantes.

Hace escasos días, desde el corazón mismo de la Presidencia del Gobierno, en el palacio de la Moncloa, el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, rodeado de silentes ministros socialistas, daba una clase sobre lo que está bien o, al menos, resulta aceptable y lo que no en relación fundamentalmente a los profesionales de la información y a declaraciones de personajes públicos. En este afán de dar consignas, moralinas e instrucciones ideológicas el vicepresidente parece haber confundido la mascarilla -que probablemente usa escasamente- con el deseo de imponer la mordaza incluso, cual si fuéramos perros, con el bozal.

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Resulta extremadamente grave, pernicioso e inaceptable que todo un vicepresidente del gobierno de España afirme, desde la sede de la Presidencia, con solemne escenografía, lo siguiente: «Hay que naturalizar que en una democracia avanzada cualquiera que tenga una presencia pública… está sometido a la crítica como al insulto en las redes sociales«.

Sin duda la sana crítica no sólo es aceptable sino deseable en una sociedad democrática, otra cosa, bien distinta, es el insulto. Seguro que Pablo Iglesias conoce a la perfección el sentido y alcance de la palabra insulto; por si no fuera así recurrimos a la RAE sobre el verbo insultar: “ofender a alguien provocándolo e irritándolo con palabras o acciones” y ofender, por no extenderme demasiado (lo de palabras o acciones, por ejemplo escraches, requeriría más tiempo), significa “hacer que una persona se sienta despreciada o humillada mediante palabras o acciones”.

Lo que está detrás de su formal declaración del derecho a insultar es la pretensión inequívoca de establecer una mordaza a los profesionales de la información y a los disidentes gubernamentales

De tal suerte que el insulto pretende causar en quien lo recibe un daño de tal naturaleza -por las palabras o acciones empleadas- como lo es el desprecio y/o la humillación lo que a nuestro comunista vicepresidente le parece bien (sobre todo cuando el insultado no es él) y muy comprensible su uso en las redes sociales especialmente cuando se refiere a relevantes personajes públicos y, particularmente, a los profesionales de los medios de comunicación.

No nos engañemos. Lo que está detrás de su formal declaración del derecho a insultar es la pretensión inequívoca de establecer una mordaza a los profesionales de la información y a los disidentes gubernamentales, con ella el intento de manipular plenamente a la opinión pública -por cierto ya muy “controlada”- enterrando la pluralidad y la libertad de prensa. El señor Iglesias conoce perfectamente el alcance de sus palabras y confirma el dedo acusatorio de alguno de sus compañeros a determinados profesionales citados con nombres y apellidos a modo de una lista negra. Más aún, legitima el uso en redes sociales del llamado “insulto”, medio que hoy les resulta válido para descalificar a quien piensa diferente, dialéctica perversa que desconocemos en que pudiera derivar en el futuro (aunque podemos imaginárnoslo).

Brevemente citaré algunos puntos de vista sobre esta gravísima conducta, en concreto desde el jurídico-constitucional, el social y el político.

Desde la perspectiva constitucional recordemos que en el artículo 20 de la Constitución se reconocen y protegen una serie de derechos entre los que se encuentran el de “expresar o difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción” para más adelante señalar: “a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.

De manera que se establece el derecho de los ciudadanos a expresar y difundir sus ideas, pensamientos y opiniones por una parte y, por otra, el derecho a la comunicación de información veraz de un modo libre. Cuestión esta que por mandato constitucional se ha reconocida como orgánica mediante Ley Orgánica 2/1997 de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información, a los que lógicamente se les pretende preservar su independencia y libertad de criterio desde la veracidad informativa, justo lo contrario de lo que el señor Iglesias y sus correligionarios hacen.

Desde un punto de vista social resulta evidente el esfuerzo en señalar a determinados periodistas e informadores a fin de coartarlos citándolos negativamente o promoviendo que se les insulte, como acabamos de ver supone someterles a la ofensa y la humillación, incluso más, someterles al temor y hacerles desistir en sus razonables críticas, informaciones y opiniones. Naturalmente este ataque a los medios pretende hacer callar a los que disienten de lo políticamente correcto y de ortodoxia doctrinal comunista.

Si tal cosa sucediera -lo que estoy seguro no ocurrirá- la sociedad quedaría desarmada sin voces que les representen ni informaciones veraces y objetivas, callada pero no sólo callada sino sometida a la verdad oficial única -al estilo orwelliano-; es decir, plenamente manipulada, donde la verdad es secuestrada en nombre de la falsa libertad que preconizan algunos de quienes ya están en nuestro gobierno.

Desde una visión política me parece evidente el carácter totalitario, claramente antidemocrático, de quien quiere hacer callar a los profesionales y medios libres de información (por cierto, muy pocos) acusándolos y de modo, más o menos velado, amenazándoles. Se trata de hacer callar a la sociedad y que a cambio tenga una información sectaria y manipuladora. Por eso nuestro título ¿Mascarillas? ¡No! ¡Mordazas! ya que en nuestro diccionario la palabra mordaza significa objeto que se pone en la boca para impedir hablar. Esto es justamente lo que el vicepresidente pretende para ello legitima el insulto; es decir la ofensa o humillación del insultado de palabra o por acción: ¿por cierto alguien garantiza que cuando las primeras, las palabras, no sean suficientes no se entrará en el campo de las acciones?

Algunos creen, ¡ojalá tengan razón!, que el tsunami sufrido este último domingo por las mareas en Galicia y el gran quebranto padecido en las elecciones vascas (sorpresivamente sin beneficiar a las huestes de Pedro Sánchez), reflejo más que probable de las disensiones y peleas internas; de su mala gobernanza; del affaire del teléfono y posterior culebrón de Dina secretaria de Iglesias (quien paternal y patriarcalmente dice que le protegió); del marquesado de Galapagar… va a debilitarle y, con ello, abandonará su posición de  extrema presión a los medios de comunicación creo que se equivocan. Más bien pueda suceder lo contrario que, tal cual sucede con la mascarilla, pretenda la mordaza obligatoria para todos aquellos que no defiendan sus consignas, falsedades e intereses. ¡Ojalá me equivoque!

Concluyo, para distender la gravedad de lo comentado, con un breve pareado:

“De los círculos surgiste
como líder deseado
Libertador del Pueblo oprimido
representante del más desfavorecido.

De Vallecas a Galapagar marchaste
a tu equipo fundacional abandonaste.
Mientras por tu sólo poder luchaste
las Mareas se han ido al traste.

Desilusión y desesperanza
macho alfa que a Dina tutelas
para que en tu poder haya moratoria
harás la mordaza obligatoria”

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